Las 26 víctimas se manifestaron a las afueras de las oficinas de los juristas en Nueva York exigiendo justicia. Según la demanda judicial, no solo les hicieron perder dinero y la oportunidad de residir legalmente en EEUU, sino que los han puesto al borde de la deportación. Los demandantes han gastado 60,000 dólares en pagos de honorarios legales y parte de la demanda exige el triple de esta cantidad.