Ante las convocatorias hechas por redes sociales y la llegada de decenas de personas a la Plaza Daley, la policía local, con el apoyo de 125 miembros de la Guardia Nacional, se prepara para garantizar la tranquilidad en las movilizaciones que surgirán luego de que fuera hallado culpable el exoficial involucrado en la muerte de George Floyd. La alcaldesa Lory Lighfoot aseveró que no se tolerará ningún saqueo o acto vandálico.

Finalizado el primer día de deliberaciones, en el que no hubo un fallo final sobre los cargos que recaen sobre el expolicía Derek Chauvin, las autoridades en Minneapolis y miembros de la Guardia Nacional reforzaron con barricadas y rejas las inmediaciones del circuito de cortes en el que se desarrolla el juicio. Oficinas y comercios de esta ciudad han tomado diversas medidas para evitar que sus estructuras se vean afectadas en caso de que se desaten manifestaciones este martes, día en el que se retomará el caso. Más información aquí.

Si bien en estos momentos se encuentran en un hotel en Sylmar, pronto se les acabará este beneficio y quedarán a su suerte para buscar un techo donde vivir. Por eso mismo, están pidiendo ayuda a las autoridades para que les brinden una opción de refugio mientras se estabilizan y pueden encontrar un lugar adecuado para su presupuesto.

Organizaciones, líderes comunitarios y algunos concejales se dieron cita este miércoles para pedir que los recursos del paquete de alivio beneficien, entre otros, a las familias más golpeadas por la pandemia. “Lo único justo que puede hacer la ciudad es invertir la mayoría de fondos que vienen del gobierno federal a nuestras comunidades”, asegura María Brenes, directora ejecutiva de ‘La Lucha del Pueblo’.

Este lunes, decenas de personas se reunieron para pedir que se le asignen menos recursos a la policía de la ciudad y, en su lugar, estos fondos se inviertan en clínicas comunitarias de salud mental y programas de ayuda. "Sabemos que no es por falta de dinero, sino por las prioridades que estamos estableciendo. Tenemos una policía con $1.7 billones de presupuesto", dijo la concejal Rossana Rodríguez.

Este domingo decenas de personas, incluidos líderes comunitarios y el concejal Byron Sigcho-López, se reunieron para exigir que la compañía a cargo del nuevo desarrollo en la antigua planta Crawford se vaya de la comunidad. Los manifestantes aseguran que ocasionan un impacto ambiental negativo para el área de La Villita.