A esto se arriesga Trump si despide al fiscal especial que investiga el 'Rusiagate'

Durante el pasado fin de semana, Donald Trump parece haberse zafado de todos los controles que sus asesores puedan haber creado para prevenir que el presidente se metiera en más problemas de los que ya parece estar con la investigación a su campaña por la llamada trama del ‘ Rusiagate’.

Trump cruzó una ‘línea roja’ al arremeter directamente por primera vez contra el fiscal especial que investiga el caso, Robert Mueller, con dos mensajes en su cuenta de Twitter en los que cuestiona la composición de su equipo (supuestamente mayoritariamente demócrata, según el mandatario) y pone en duda la necesidad de la investigación misma (porque, como le gusta repetir, “no hay colusión”).

Todo fue producto del despido del número dos del FBI, Andrew McCabe, ocurrido la noche del viernes a pocas horas de que pudiera pasar a retiro y que Trump celebró como “un gran día para la democracia”. La salida de McCabe termina de desplazar de la cúpula del buró al equipo de James Comey, a quien Trump despidió de manera sorpresiva en mayo mientras se desarrollaba la investigación por la intromisión rusa en la campaña y que fue justamente lo que motivó la creación de la fiscalía especial.

Para algunos, el que Trump se atreviera a nombrar a Mueller en sus tuits, contrario a lo que sus abogados, asesores y algunos amigos le han aconsejado para no dar la impresión de que trata de influir sobre una investigación federal, significa que el presidente está considerando más seriamente que nunca despedir al fiscal especial y acabar de una vez por todas con el ‘Rusiagate’.

Aunque eso pueda estar en las aspiraciones inconfesadas del presidente, deshacerse de Mueller no es tan fácil como mandarle una carta de despido desde la Casa Blanca, eso sin contar que abriría las puertas a un vendaval político que, como advirtió el senador republicano Lindsey Graham, bien podría costarle la presidencia.

¿Sería fácil despedir a Mueller?

En principio, no. De acuerdo con los lineamientos del Departamento de Justicia, los fiscales especiales solo pueden ser removidos de sus cargos por el fiscal general o, cuando este se ha inhibido, por el vicefiscal general que lo supervisa. En el caso del ‘Rusiagate’, el fiscal Jeff Sessions tuvo que recusarse de conocer cualquier aspecto del caso luego que se supiera que no informó al Congreso reuniones que había tenido con el embajador ruso en la campaña.

Por eso, a pocos días del despido de Comey, el vicefiscal Rod Rosenstein creó la fiscalía especial que asumía la investigación que adelantaba el FBI sobre posibles contactos entre la campaña republicana y operarios rusos para perjudicar la campaña de Hillary Clinton. Y como el mismo Rosenstein ha dicho en interpelaciones en el Congreso, solo él tiene el poder de terminar con el trabajo de Mueller.

Claro que el presidente puede presionar o directamente ordenar a Rosenstein a que lo haga. En ese caso, el vicefiscal ha dicho que no lo haría si considera que no hay bases para el despido. Pero entonces Trump puede despedir a Rosenstein y ordenar al siguiente en la línea de comando a que cumpla su orden. Y si ese alguien se niega seguri bajando en el organigrama del departamento hasta dar con alguien que haga lo que pide.

Sería una situación como la que vivió Richard Nixon el 20 de octubre de 1973, la llamada "masacre de la noche del sábado", cuando para lograr el despido del fiscal especial que lo investigaba por el caso Watergate, Archibald Cox, el presidente tuvo que despedir a su fiscal general Elliot Richardson y a su segundo William Ruckelshaus, luego de que se negaron a cumplir sus órdenes. Finalmente, logró que lo hiciera el tercer del Departamento de Justicia, Robert Bork, algo que años después le costaría a este la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Una nueva ‘masacre’ sería un error políticamente costoso, sumado al hecho de que sería muy difícil conseguir a alguien en un departamento caracterizado por su celosa independencia frente a la Casa Blanca que quiera correr la suerte de Bork e hipotecar su prestigio y el futuro de su carrera.

Mientras tanto, la investigación del 'Rusiagate' sigue avanzando y ha puesto en su órbita tanto a personas cercanas al presidente (su hijo Donad Jr. y su yerno Jared Kushner) y hasta sus negocios (la semana pasada se supo que Mueller había ordenado a la Organización Trump entregar documentos relacionados con sus tratos con Rusia). Trump había advertido a Mueller no inmiscuirse en los asuntos de su compañía, algo que dijo que vería eso como una razón para eliminar la fiscalía especial.

¿Y si sucediera?

Las razones para despedir a un fiscal especial están bien establecidas en las normas del Departamento de Justicia: " mala conducta, abandono del cargo, incapacidad, conflicto de interés, o por otras buenas causas, incluyendo violación de políticas del departamento".

El presidente, que se siente maltratado por la investigación, podría encontrar allí al menos una causa porque asegura que el equipo de Mueller está plagado de demócratas, que no hay ningún republicano (pese a que Mueller es republicano registrado de toda la vida).

También ha dicho repetidas veces que es una “caza de brujas”, pese a que los trabajos del Mueller han arrojado ya 13 acusaciones contra ciudadanos rusos, tres exasesores suyos se han declarado culpables de mentir al FBI en las pesquisas del ‘Rusiagate’ y que su exjefe de campaña, Paul Manafort, tiene varios cargos por lavado de dinero y fraude, en un caso descubierto en el transcurso de la investigación.

Si Trump cediera a sus impulsos para reafirmar su autoridad y lograra despedir a Mueller, con seguridad meterá a Washington en un torbellino político que puede poner en riesgo el futuro de su gobierno.

Muchos republicanos han advertido al mandatario que no siga por ese camino. El senador Graham subrayó el fin de semana que una decisión de ese tipo implicaría “el principio del fin de su presidencia” y pidió que se le permita a Mueller continuar con su “buen trabajo”.

Muchos en el Congreso verán esa medida como la última evidencia del esfuerzo de la Casa Blanca para interferir en una investigación federal que, para mayor agravante, involucra a Trump y su entorno. Con eso se activarían las presiones para someter a juicio político al presidente por incurrir en un delito.

Para la lógica de Trump, un proceso de impechment sería la muestra de que un ‘estado profundo’ (eso que él ha llamado “el pantano”) está decidido a acabar con su gobierno. Desde el primer día que presentó su candidatura presidencial Trump se ha sentido atacado por las élites y ha azuzado los rencores sociales asegurando que su preocupación por el ciudadano común no es compartida en esos círculos del poder político y corporativo.

A juzgar por algunas fuentes, el presidente está listo para redoblar esa línea argumental incorporando a su equipo legal abogados ( The New York Times indica que un abogado que asegura que al presidente lo están acorralando, el abogado Joseph DiGenova, está por sumarse al grupo) que comparten la idea de que el Departamento de Justicia y el FBI, y por extensión el fiscal especial Mueller, están tratando de adjudicarle a Trump un crimen que no cometió con el fin último de sacarlo del poder.