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La Casa Blanca presiona para endurecer la política que regula el trato a niños migrantes

El plan consistiría en mantener por más tiempo del permitido a los menores en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y tomarle huellas digitales a los familiares y patrocinadores para favorecer las deportaciones.
18 Abr 2020 – 11:29 AM EDT

El gobierno desarrolla silenciosamente una estrategia encaminada a endurecer la política que regula el trato que las autoridades de inmigración brindan a los migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza (CBP), según un reporte publicado por el sitio Politico.

La investigación indica que Stephen Miller, el principal asesor político del presidente Donald Trump, se encuentra detrás del proyecto que involucra a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de salud y Recursos Humanos (HHS).

La publicación dijo que el plan ha venido implementándose mientras el país presta atención a la pandemia del coronavirus, cambiando silenciosamente a las cabezas de las instituciones que por ley están encargadas del procesamiento de menores indocumentados.

Politico agrega que “después que el gobierno instaló abruptamente un nuevo director de la ORR, el Departamento de Salud esta “presionando para implementar políticas de inmigración favorecidas por Miller”, según cuatro funcionarios del HHS y documentos internos revisados por la publicación.


Retrasar el proceso

De acuerdo con Politico, el plan es retrasar la entrega de los menores al HSS lo que dejaría a los menores más tiempo del debido bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

El protocolo actual, regulado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, estípula que un menor detenido por las autoridades federales de inmigración no debe permanecer más de 72 horas en poder del CBP y debe ser entregado bajo la custodia del HHS, quien luego lo remite al cuidado de la ORR.

En cuanto al tiempo máximo de privación de libertad, el Acuerdo ordena que no debe se mayor a 20 días, tiempo durante el cual el gobierno debe buscar la manera de entregarlos a familiares dentro de Estados Unidos.

A su vez, una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPTRA) determina que en el caso de los menores que no procedan de países vecinos (México o Canadá), deben ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en el país.


Guerra de posturas

De acuerdo con el relato de las fuentes consultadas por Politico y los documentos sobre el plan, los directivos de la ORR revisan la política de permitir que inmigrantes indocumentados adultos “tomen bajo custodia” a los niños refugiados en poder de la ORR, una práctica de larga data que se remonta al gobierno de George W. Bush (2001-2009). Pero Miller y otros partidarios de la política de tolerancia cero de Trump se “oponen a ella” y piensan que “recompensa” a los adultos que están en el país ilegalmente.

El Ejecutivo también presiona para reanudar la toma de huellas digitales de todos los adultos en los centros donde se libera a los niños refugiados.

El HHS rechazó esta política en diciembre de 2018 por considerarla ineficaz y porque ralentiza las operaciones de liberación en cumplimiento con la ley.

Dos funcionarios consultados por Politico dijeron que la medida sugerida por el gobierno, de obligar a los adultos que entreguen sus huellas digitales, podría hacer que algunos patrocinadores sean menos propensos a tomar la custodia de los menores.


Ferra defensa

La dura política de la Casa Blanca hacia los menores migrantes es defendida por Miller y funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dependencia que utiliza las huellas dactilares para acelerar las deportaciones.

Politico también dijo que los planes están siendo supervisados por un equipo de leales al presidente, incluidos dos ex empleados de la campaña que se instalaron en sus nuevos cargos después de que la Casa Blanca reasignara abruptamente al director de la ORR el mes pasado.

Asegura que los cambios han recibido poca atención debido a la pandemia del covid-19, pero advierte que "es solo cuestión de tiempo antes de que la situación vuelva a estallar como lo hizo en 2018", según dijo un funcionario familiarizado con el asunto. "Es un equipo de personas con muy poca experiencia administrativa y una agenda que no va a terminar bien dadas las leyes actuales".

En 2018 el gobierno de Trump desarrolló una dura política de separaciones forzadas en la frontera que dejó miles de familias afectadas. Las cifras aún se investigan. La Oficina del Inspector General del DHS habla de miles y que las separaciones se llevaron a cabo probablemente a partir del 11 de abril de 2017, menos de tres meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca.

Antes del gobierno de Trump, la ORR era vista como apolítica y contaba con líderes con experiencia en reasentamiento de refugiados y servicios familiares. La dependencia ahora parece estar cambiando hacia una misión de mayor aplicación de la ley de inmigración, dijo Politico en base al testimonio de las fuentes que revelaron la nueva estrategia.

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