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“Ayúdennos, por favor que nos saquen”, los gritos desesperados en un centro de detención de ICE

Una huelga de hambre y un contrato que libera a la compañía de responsabilidades por posibles contagios de civid-19 terminó entre gases lacrimógenos y arrestos en San Diego. El gobierno niega los abusos registrados por teléfono.
15 Abr 2020 – 02:57 PM EDT
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Un audio publicado en la página de YouTube revela un incidente registrado el sábado en el centro de detención Otay Mesa, San Diego, California, hasta ahora el centro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con el mayor número de casos de covid-19.

La grabación, obtenida por la organización PSF Caravan, un grupo que surgió durante las caravanas de migrantes centroamericanos el año pasado, relata instantes en que guardias privados del centro procedieron a someter a un grupo de internas que realizaban una huelga de hambre para exigir mejor trato.

“Nos están tirando gas pimienta”, pide ayuda una mujer. “No nos respetan, somos seres humanos no animales. Auxilio”, grita.

“No pueden tirar gas pimienta”, agrega. “Nos quieren obligar a firmar para que botemos las mascarillas, nos quieren cobrar las camisetas con las que hicimos las mascarillas”, relata en medio de gritos que se escuchan en el fondo de la grabación.

Los hechos ocurrieron al día siguiente que la empresa que administra el centro, CoreCivic, hiciera firmar a los internos un contrato en el que aceptaban recibir las mascarillas para protegerse del covid-19.

Gas pimienta

“Nos están tirando gas pimenta en todas las celdas”, relata la mujer. “Estamos en huelga de hambre porque nos están viniendo a tirar la comida como perro. Tenemos derechos, no somos criminales”.

Cuenta además, en mitad del operativo, que “hasta una señora que padece convulsiones no le quieren dar su medicamento… Nos están violentando todos nuestros derechos, no es justo. Ayúdennos por favor, que nos saquen. En todas las celdas han pasado tirando gas pimienta”.


CoreCivic, antes conocida como Corrections Corporation of America, es la compañía privada que administra el centro de detención de ICE en Otay Mesa, la cárcel con el mayor número de contagios hasta ahora, 15 de un total de 89 en 13 estados.

La mujer que relata los arrestos también cuenta que el sábado varias internas fueron sacadas esposadas de sus dormitorios, incluso “una muchacha que padece retrasos mentales”.

El contrato

De acuerdo con el grupo PSF Caravan, el contrato que CoreCivic hizo firmar a las internas el viernes ofrecía máscaras de protección sanitaria a las internas condición de que firmen una exención liberando a la compañía de responsabilidad relacionada con covid-19.

Agrega que una de las detenidas contactó vía telefónica a un organizador del grupo Otay Mesa Detention Resistance y le leyó el contrato. El documento, asegura, indica que “reconozco que he elegido voluntariamente usar equipo de protección personal en forma de máscara facial. Entiendo y reconozco que la máscara facial fue emitida por CoreCivic, y CoreCivic no me exige que use el equipo personal, sino que, voluntariamente, elijo usar la máscara facial”.

Añade que “entiendo que una máscara facial no proporciona una protección completa contra la exposición al covid-19 y no puede evitar contraer la enfermedad cuando se usa. Entiendo la necesidad de liberar y mantener a CoreCivic [inaudible] inofensivo de todas y cada una de las afirmaciones que pueda haber relacionado con [inaudible] de que use la máscara facial”.

Según la ranscripción, el contrato añade que “entiendo y acepto que debo completar y firmar este formulario para poder usar una máscara facial en las instalaciones de CoreCivic. Entiendo que es posible que no haya usado una máscara [inaudible] de duración ya que puedo perforar la máscara o comprometer su integridad. Entiendo que soy responsable del cumplimiento continuo de las pautas de los CDC [inaudible] para prevenir la propagación de COVID-19, incluido el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social tanto como sea posible y evitar el contacto de piel a piel con los demás”.

La respuesta de ICE

La oficina de prensa de ICE emitió un comunicado donde explica los hechos ocurridos el fin de semana en el centro de detención de Otay Mesa.

“El personal de ICE en OMDC (Otay Mesa Detention Center) está trabajando estrechamente con nuestros socios en CoreCivic en respuesta a un desafortunado incidente ayer (sábado) que involucró a varios detenidos que se volvieron desordenados mientras recibían máscaras faciales para su protección”, se lee en el comunicado.

Añade que “las máscaras faciales se enviaron a los detenidos de ICE de acuerdo con la orientación recientemente modificada por las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desde el comienzo de la pandemia de covid-19. El incidente involucró a varios detenidos que estaban preocupados por las nuevas medidas y se volvieron verbalmente perjudiciales al rechazar las máscaras faciales”.

La agencia federal también dijo que “para mantener la seguridad general en la instalación, los guardias de CoreCivic siguieron el protocolo requerido para reducir la situación. Contrariamente a numerosos informes, no hubo uso de fuerza o agentes químicos dispersados durante el incidente, y nos hacemos eco de la declaración de nuestro socio CoreCivic mientras le aseguramos al público que las acusaciones simplemente no son verdaderas”.

La semana pasada Univision Noticias tuvo acceso a audios donde internas en una cárcel de ICE en Louisiana denunciaron malos tratos y carencia de artículos de limpieza para desinfectar dormitorios donde además existe hacinamiento. La agencia también negó las denuncias.

En ambas ocasiones ICE aseguró que sigue trabajando para garantizar la seguridad de todos los detenidos, estimados entre 32,000 y 35,000, según datos del Senado.

Fiscal pide liberarlos

Simultáneamente, el fiscal general de California, Xavier Becerra, se sumó a los llamados de representantes federales senadores, abogados, religiosos, organizaciones de derechos humanos y jueces, entre otros, para que el gobierno libere a los inmigrantes detenidos en las cárceles de ICE, principalmente personas mayores de edad y enfermos.

En una carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, el fiscal Becerra instó al gobierno a tomar medidas inmediatas “para minimizar la propagación de covid-19 en los centros de detención de inmigrantes”.

Basado en la revisión del Departamento de Justicia de California de los centros de detención en el estado, la fiscalía general “hace un llamado al DHS para considerar alternativas a la detención” para proteger la salud y el bienestar de las personas en detención en cárceles de inmigrantes, se lee en la misiva.

"Nuestras comunidades se enfrentan a una amenaza sin precedentes y todos debemos tomar medidas afirmativas para minimizarla", dijo Becerra. “Insto al Secretario Interino Wolf a tomar medidas para evitar la pérdida innecesaria de vidas. No actuar no solo dañará a los inmigrantes en detención civil, sino que también podría afectar a los hospitales comunitarios que necesitarán movilizar una respuesta médica si no se hace nada”.

De acuerdo con el último reporte de ICE, actualizado la tarde de este miércoles, se registran 89 casos positivos de inmigrantes infectados con covid-19 en cárceles de 13 estados. Otros 21 agentes que laboran en cárceles ubicadas en 7 estados también se encuentran enfermos.

El reporte añade que otros 80 empleados que no laboran en otras áreas de la agencia también contrajeron el covid-19.


El periodista Isaías Alvarado contribuyó en la elaboración de esta historia.

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