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La 'Caravana de Migrantes' se enfrenta a su peor obstáculo: el reto de pedir y obtener asilo en EEUU

Trump amenaza con impedir que los inmigrantes pidan asilo en la frontera y dijo que podrían terminar presos quienes ayuden a los miembros de la Caravana. Pero lo que no dice es que pedir asilo es un derecho garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución.
27 Abr 2018 – 02:41 PM EDT
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La mayoría de quienes integraron la ‘Caravana de Migrantes’ que cruzó parte de México durante la Semana Santa, ha enfrentado retos como pocos en el mundo. Sus derechos han sido violentados en sus países de origen, han sido víctimas de abuso sexual, huyeron casi con lo puesto cargando solo una mochila, atravesaron México, una de las rutas de inmigrantes más peligrosas del mundo y desafiaron los territorios del narcotráfico para convertirse -incluso antes de llegar al Distrito Federal- en el nuevo blanco del presidente Donald Trump.

El Viacrucis de los inmigrantes dejó de ser una protesta anual para llamar la atención sobre los problemas en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) para convertirse en un tema internacional, debido a la andanada de mensajes publicados por el presidente en su cuenta de la red social Twitter.

Y no se trata de una caminata de indocumentados, porque el problema reventó cuando expertos estadounidenses advirtieron en 2013 de la crisis a la Organización de las Naciones Unidas, pero nadie hizo caso.

Recién el 2 de junio de 2014, después de más de 46,000 detenciones de niños indocumentados solos que pidieron asilo en la frontera con México y un número similar de unidades familiares, fue cuando el entonces presidente Barack Obama reconoció el grave problema.

Cuatro años más tarde la crisis persiste. El gobierno de Donald Trump dice que está tomando medidas para evitar una escalada como la registrada en 2014, pero los expertos reiteran que los problemas de fondo que originaron la migración al norte no han desaparecido.

Fue en marzo de 2013 cuando Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, California, anticipó la crisis de niños en la frontera. Cinco años más tarde, Kennedy dice que la violencia sigue siendo “la principal causa de migración a Estados Unidos”, al igual que hace cinco años.

El nuevo escenario

A diferencia de 2014, cuando la Casa Blanca blandía una política proinmigrante, pero no para los recién llegados a la frontera, en 2018 predomina un escenario, aunque bajo las mismas leyes, se construyó con una discreción diferente, un lenguaje duro, un discurso abiertamente antiinmigrante y la orden de Trump impartida a través de Twitter de detener la caravana por razones de seguridad nacional.

“El gobierno tiene el derecho de notificar a los inmigrantes cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones al intentar entrar en los Estados Unidos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, advirtió a los miembros de la caravana que, “si ingresan ilegalmente a nuestro país o si presentan una solicitud de asilo falsa, pueden ser enjuiciados”. Y que el hecho de tratar de ingresar todos juntos al país “no otorga derechos adicionales”.

Sánchez-Roig advierte que la caravana “no son los únicos solicitantes de asilo detenidos en la frontera”. Señala que “los peticionarios de asilo que piden protección en los puertos de entrada (aéreo, terrestre o marítimo) regularmente son sometidos a expulsión acelerada y enviados a prisiones y centros de detención en todo el país”.

“Es más, lo que está sucediendo ahora con detenciones y advertencias en la frontera no es nada nuevo”, apunta.

Causas de asilo

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que “se puede otorgar estatus de refugiados o asilo a personas que han sufrido persecución o que teman que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad y/o pertenecer a un cierto grupo social u opinión política”.

“Mientras que muchos inmigrantes tienen demandas legítimas de asilo, otros simplemente no tienen casos que sean reconocibles bajo la ley”, dice Sánchez. “Y en muchos aspectos, las personas que organizan estas caravanas están poniendo en peligro las reclamaciones legítimas de asilo de muchos de los inmigrantes, porque están utilizando a estas personas para servir a su propio propósito y no la del solicitante de asilo”, indica.

“Desafortunadamente”, dice Sánchez, “habrá personas en esta caravana que han habrán recibido mala información de otros y fabricarán los hechos en un intento de establecer una reclamación de asilo. Pero deben considerar que una reclamación fraudulenta de asilo tiene serias consecuencias para posibles beneficios futuros de inmigración”.

“Es más, cualquier persona que trate de cruzar a Estados Unidos haciendo falsas reclamaciones de asilo a las autoridades de inmigración, puede ser enjuiciada penalmente por presentar solicitudes de inmigración fraudulentas”, vuelve a prevenir.

Presionando a Nielsen

El jueves el diario The Washington Post reportó que los principales funcionarios de inmigración y fronteras están instando a Nielsen para que detenga y enjuicie a todos los padres atrapados cruzando la frontera mexicana ilegalmente con sus hijos, un cambio radical en la política que resultaría en la separación de familias que hasta ahora se han mantenido juntos.

¿A quién apunta entonces la estrategia del gobierno de Trump? ¿A los que huyen buscando asilo, a quienes les ayudan a llegar a la frontera o a toda persona que escapa para salvar su vida, no importando si tiene op no una causa legítima de asilo?

“Esa es nuestra mayor preocupación, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el fiscal general Jeff Sessions no permita que las personas pidan asilo en la frontera”, dice Víctor Nieblas, un ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Nieblas indica que “Estados Unidos tiene obligaciones internacionales para proteger a los solicitantes de asilo”, y bajo las leyes actuales “un solicitante de asilo en la frontera será detenido hasta que se dé una entrevista de miedo creíble”.

Trump tras los pasos de Obama

En 2014 el gobierno de Obama, respondiendo al aumento de solicitudes de asilo en la frontera, anunció que todos los solicitantes de asilo, incluyendo a familias con niños que fueron enviados a centros de detención de inmigración, serían puestos en proceso de deportación.

“Ese gobierno rotuló a los solicitantes de asilo como una amenaza de seguridad nacional empleando una opinión del2003 escrita por el exfiscal general John Ashcroft. El gobierno de Obama justificó la acción de detención alegando que serviría para disuadir a los futuros solicitantes de asilo venir a Estados Unidos”, explicó Sánchez. “El DHS amplió entonces la capacidad de detención y, para muchas familias, se negó a considerarlas para libertad condicional, incluso cuando demostraban un temor creíble de persecución”, procedimiento similar al ejecutado por Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

El entonces secretario del DHS, Jeh Johnson, “exclamó que esta política de detención era una estrategia agresiva de disuasión enfocada en la remoción y repatriación de los recientes cruzadores fronterizos", mencionó la exfiscal.

“El gobierno de Obama, como otros, implementó esta política de detención como un mensaje a "aquellos que trataban de cruzar ilegalmente la frontera, diciéndoles claramente que se les devolverá a sus países”, dijo.

Una diferencia notable es que, bajo el gobierno de Obama, los casos de asilo fueron puestos en la lista de espera de los tribunales de inmigración. Trump ha ordenado al fiscal general Sessions que acelere los procesos enviando fiscales y jueces a la frontera, además de poner fin a la política del “catch and release” (capturar y liberar).

Cuidado con las mentiras

Sánchez-Roig reitera que “cualquier persona que trata de cruzar a Estados Unidos haciendo falsas reclamaciones a las autoridades de inmigración, puede ser enjuiciada penalmente por presentar solicitudes de inmigración fraudulentas”.

Previene además que “el hecho de que no han intentado solicitar protección en los países donde primero llegan, es un factor significante en los casos de asilo” en Estados Unidos.

Pero a pesar de los discursos agresivos, los mensajes de advertencia y los miedos generados por los tuits de Trump, Sánchez-Roig recuerda que “existen muchos estatutos y regulaciones, incluyendo los derechos procesales garantizados bajo la 5ta Enmienda de la Constitución, que otorgan a los no ciudadanos que huyen de la violencia en el extranjero el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos”.

“Los tratados internacionales prohíben al gobierno de Trump devolver a los individuos a países donde tienen un miedo bien establecido de persecución o tortura. Lo difícil, subraya, “es presentar todas las evidencias posibles que avalen los argumentos que se presentan en una solicitud de asilo y se mencionan en la entrevista de asilo”.

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