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Indocumentados casados con estadounidenses están dentro del millón de casos con prioridad de deportación

ICE dijo a Univision Noticias que "trabaja con una variedad de agencias para reunir información y desarrollar pistas de investigación” y advierte que "las personas con una orden final de expulsión ya han recibido un proceso legal completo en los tribunales de inmigración y deben abandonar el país".
23 Abr 2018 – 12:49 PM EDT
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La detención de la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, ocurrida el 30 de enero en Rhode Island, puso en evidencia a otro grupo que es blanco de las autoridades migratorias: indocumentados con orden de deportación final que están casados con ciudadanos estadounidenses.

Calderón fue arrestada durante un operativo de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) poco después de acudir a una cita con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) durante un proceso de residencia permanente iniciado por su esposo, Luis Gordillo.

Ella tiene una orden de deportación final, no ha cometido ningún tipo de crimen que la convierta en inadmisible. La presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no criminal, reiteran abogados y activistas proinmigrantes consultados por Univision Noticias.

Gordillo introdujo una solicitud I-130 a nombre de su esposa bajo el amparo de un beneficio migratorio vigente desde el 4 de marzo de 2013 (otorgado por Barack Obama), que además de cónyuges incluye a hijos y padres de ciudadanos y que fue ampliado el 29 de agosto de 2016 a todas las personas elegibles para una visa de inmigrante.

Esta categoría forma parte de un grupo integrado por cerca de 1 millón de indocumentados que han recibido una orden de deportación final y que el gobierno de Trump puso en priopridad de deportación a partir del 20 de febrero de 2017.

El perdón de Obama

El amparo se trata de un perdón 601A que les permite, una vez autorizado, un cupo disponible de residencia legal permanente (LPR), salir del país sin el riesgo de que les aplique la denominada ‘Ley del Castigo’, asistir a una cita en el consulado estadounidense en su país de origen, recibir una visa de inmigrante, regresar al país legalmente y esperar que le llegue por correo la green card (tarjeta verde).

La ‘Ley del Castigo’, una sanción aprobada por el Congreso en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton, condena por un período de 3 años la permanencia indocumentada por más de 180 días, y con 10 años la presencia ilegal cuando pasa de 365 días.

Una vez cumplido el castigo, el inmigrante debe iniciar un proceso consular para pedir una visa de entrada a Estados Unidos. El proceso puede demorar varios meses.

El arresto de Calderón no es el único caso de cónyuges de ciudadanos estadounidenses arrestados durante el proceso de la green card porque tienen una orden de deportación final, sin importar el tiempo que llevan en el país.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) halló otros cuatro e interpuso el pasado 11 de abril un recurso legal que tiene como objetivo “desafiar” el patrón del gobierno de “separar” parejas casadas y no permitir que los cónyuges estadounidenses de indocumentados, bajo un programa en curso, les tramiten la tarjeta verde.

Las vidas de las cinco personas representadas en la demanda “han sido dañadas por la maquinaria de deportaciones del gobierno”, señala el principal grupo de derechos civiles del país.

Entre los demandados se encuentran Kirstjen Nielsen (secretaria del Departamento de Seguridad Nacional –DHS-), Thomas Homan (director en funciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas –ICE-) y el presidente Trump.

Un millón en la mira

"El gobierno de Trump, implacablemente, ha perseguido, detenido y deportado a tantos inmigrantes como sea posible, sin importar los costos para la unidad familiar y los derechos civiles", dice Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU en Massachusetts.

"En todas las cuotas, redadas y otros engranajes de la maquinaria de deportación, hay seres humanos. Hay mucho en juego aquí. Esta demanda colectiva busca justicia para todas las familias, las parejas casadas, las madres, los padres desgarrados por esta administración. Le advertimos a Trump otra vez: te veremos en la corte".

Un informe del Center for Immigration Studies (CIS) reveló en marzo del año pasado que las órdenes de deportación final no ejecutadas hasta marzo de 2017 eran 953,506, un aumento del 58% desde 2002. Y desde 2015 se agregan un promedio de 25,107 órdenes de expulsión por año.

En febrero de este año, durante una comparecencia ante el Congreso en el debate sobre lo que restaba del presupuesto para el año fiscal 2018, el DHS dijo que la cantidad de órdenes de deportación finales no ejecutadas era cercana a 1 millón.

El miedo a ser detenido durante una cita en el proceso para obtener la residencia por matrimonio crece a niveles “alarmantes”, indica Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante casi 15 años fungió como fiscal de inmigración.

“El gobierno está deteniendo a personas que, históricamente, no han sido una prioridad”, explica. “Por ejemplo, los esposos con órdenes de deportación podían ir a las entrevistas de visa (también conocidas como entrevistas I-130) con la USCIS sin temor de ser detenidos. Pero muchos están siendo arrestados antes o después de esa gestión”.

En caso de que el proceso de la entrevista no concluya y la persona sea arrestada, “no podrá seguir el proceso de residencia permanente legal, pues el gobierno le negará la visa. Tendrá que comenzarlo de nuevo en el extranjero”, añadió.

El peor escenario

Si el inmigrante en proceso de recibir la green card es detenido, como sucedió con los cinco casos contenidos en la demanda de ACLU, “es llevado ante un juez de inmigración que le concederá salida voluntaria”, advierte Sánchez-Roig. “Pero al momento en que salga de Estados Unidos tendrá prohibido regresar por un período de 3 años o 10 años por haber permanecido ilegalmente en el país”.

“Una vez que cumpla el castigo y antes de que sea capaz de regresar, tendrá que pedir una exención o perdón I-601 (perdón por causa de inadmisibilidad) en la Embajada estadounidense, un trámite más difícil de obtener que el formulario I-601A por muchas razones”, precisa.

Sánchez-Roig añade que el gobierno de Trump “está tratando de reducir o eliminar totalmente los beneficios de inmigración que se ofrecen a quienes buscan estos amparos” y que se encuentran vigentes. “Creemos que se trata de continuas violaciones de la administración sobre los derechos de los inmigrantes y los ataques contra el debido proceso”, apunta.

El gobierno aclara que el arresto de extranjeros, como Calderón, no se trata de una “nueva categoría” de detenciones dentro de las operaciones que se llevan a cabo. "La agencia no se dirige a aquellos que puedan estar buscando beneficios de inmigración”, aclara a Univision Noticias Joanne Talbot, vocera de la USCIS. “Cualquier sugerencia al respecto es infundada y no tiene mérito". Pero señala que "I CE puede trabajar con USCIS en ciertos casos que pueden incluir órdenes finales de deportación no ejecutadas, según se determine caso por caso".

Respecto a los arrestos de inmigrantes llevados a cabo en oficinas de USCIS, la agencia encargada de las deportaciones asegura que “no se trata de una nueva estrategia" y precisa que, “siempre ha sido el caso” que un arresto pueda ocurrir en las oficinas de USCIS, y que sus agentes “siempre intentarán llevar a cabo un arresto en un lugar seguro como parte del compromiso con la seguridad pública y el cumplimiento humano de las leyes de inmigración”.

La misma política se aplica para los tribunales de justicia, una práctica que se ha convertido en frecuente desde que Trump llegó a la Casa Blanca.

"ICE trabaja con una variedad de agencias para reunir información y desarrollar pistas de investigación”, dijo a Univision Noticias Jennifer Elzea, secretaria de prensa de ICE. “Si bien cada caso se evalúa por sus propios méritos, las personas con una orden final de expulsión ya han recibido un proceso legal completo en los tribunales de inmigración y deben abandonar el país. Si optan por violar esa orden judicial, podrían estar sujetos a arresto, detención y expulsión”.

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¿Qué sucede después de que ICE detiene a un inmigrante indocumentado?

Voces de alarma

Si bien no existe una regla escrita que apunte directamente a los cónyuges indocumentados de ciudadanos que tengan orden final de deportación, el DHS advierte que “las personas bajo una orden final de deportación emitida por un juez, no pueden pretender desconocer el riesgo de detención y continuar con sus vidas como si ese riesgo desapareciera simplemente porque han elegido ignorar el hecho de que están en Estados Unidos. Es una violación de la ley”.

La demanda de la ACLU señala que ICE opera bajo este principio sin importa que se encuentre vigente un beneficio que le concede a ciertos cónyuges indocumentados (y también a hijos y padres de ciudadanos) una “exención provisional por presencia ilegal” para salir del país y luego regresar legalmente para recibir la tarjeta verde.

“Ahora hay más operativos y menos obstáculos, porque los bloqueos que impuso Obama ya no están”, dijo a Univision Noticias una fuente del gobierno conocedora de las operaciones de ICE. “Cambiaron los criterios y se incrementaron los arrestos de personas, incluso aquellas que pueden ser elegibles bajo el perdón 601A y otros beneficios incluidos en la ley de Inmigración”.

La fuente, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que ahora “todas las órdenes de deportación vigentes son prioridad”. E indicó que, “todavía pueden tener oportunidad de obtener un waiver (perdón). La única oportunidad de estos inmigrantes es si demuestran ante un juez de inmigración que tienen derecho al perdón o que logren asilo”.

Las prioridades de deportación de Trump fueron fijadas en un memorando fechado el 20 de febrero de 2017 y que fue firmado por el entonces secretario del DHS, John Kelly.

El documento estipula que, “independientemente de la base de la remoción, el personal del Departamento debe priorizar a los extranjeros removibles que:


  1. Han sido condenados por cualquier delito penal.
  2. Han sido acusados de cualquier ofensa criminal que no ha sido resuelta.
  3. Han cometido actos que constituyen un delito penal imputable.
  4. Han participado en fraude o tergiversación intencional en relación con cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental.
  5. Han abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
  6. Están sujetos a una orden de final de deportación, pero no han cumplido con su obligación legal de salir de Estados Unidos.
  7. Quienes a juicio de un funcionario de inmigración deben ser deportados o, de otra manera, ponen en peligro la seguridad pública o la seguridad nacional.
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Problema “muy serio”

Para la abogada de inmigración y exprofesora de la Clínica de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, Bárbara Hines, el arresto de inmigrantes que califican para programas de amparo vigentes “ es muy serio porque forma parte de todo un programa de reducir la migración legal y atacar a los inmigrantes en general” que ha implementado el gobierno.

“Trump habló en su campana de frenar la migración no autorizada. Pero todo lo que su gobierno está haciendo ahora, tal como este ejemplo de los cónyuges de ciudadanos, demuestra que su programa contra los inmigrantes se basa en el racismo y el cambio demográfico”.

“No solo quiere deportar a los inmigrantes sin estatus legal, sino generar miedo en la comunidad y trabar las pocas vías que existen para legalizarse”, apuntó.

Hines señala que “ICE, bajo Trump, no tiene ninguna limitación. Se ha abandonado cualquier aspecto humanitario”.

“Ahora están rechazando matrimonios que antes no ponían en duda”, dice Alex Gálvez, un abogado de Inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “ Es una manera indirecta de hacerle la vida a cuadritos a los inmigrantes”.

El blanco de Trump

Según los datos del CIS de marzo de 2017, las órdenes de deportación no cumplidas a esa fecha eran 953,506, un aumento del 58% desde 2002. A esto se agregan más de 700,000 casos acumulados en las cortes de inmigración, señala el reporte del CIS de 2017.

El CIS ha advertido que en los últimos 20 años, el 3 7% de todos los extranjeros libres en espera de juicio no se presentaron a sus audiencias en las cortes de inmigración. Y que de 2.498,375 extranjeros que se encontraban libres durante sus procedimientos judiciales, se ordenó la deportación de 1.219,959, y el 75% de ellos (918.098) por no presentarse a la corte.

Solo el 25% de este grupo, añade, unas 301,861 personas, litigaron sus reclamos.

Advierte además que los tribunales de primera instancia tienen tres veces más probabilidades de emitir órdenes de deportación en ausencia que las órdenes de deportación basadas en los méritos de las reclamaciones totalmente litigadas.

Y se estima que cerca de 46,000 personas cada año no se presentan en la corte, obligando a los jueces a emitir órdenes de deportación en ausencia. Este es el mayor grupo de órdenes emitidas por tribunales de inmigración fuera de los centros de detención.

Otros 200,000 casos de cancelación de deportación fueron reabiertos recientemente por orden del fiscal general Jeff Sessions. Todos ellos están constituidos por extranjeros que no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En marzo el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC) de la Universidad Siracuse de Nueva York publicó un informe en el que detalla:


  • El 86.6% de las órdenes de deportación emitidas por las cortes de inmigración fueron por violaciones al tiempo de estadía y otras faltas (administrativas) a la ley de inmigración.
  • El 6.9% por delitos y delitos graves (felonías).
  • El 4% por amenazas relacionadas a la seguridad nacional.
  • El 1.8% por cargos relacionados con terrorismo.

El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump decretó que la permanencia indocumentada constituía una grave amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos (órdenes ejecutivas sobre el muro y las ciudades santuari o).

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