Corte anula una cláusula de la ley de inmigración que castiga el fomento al flujo de indocumentados

La ley había convertido en un crimen grave el que las personas alienten a un inmigrante a ingresar o vivir en Estados Unidos si sabían de antemano que el individuo que recibe el consejo lo hacía ilegalmente.
6 Dic 2018 – 5:03 PM EST

Un panel de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló el martes una cláusula de la ley de inmigración que castigaba una amplia gama de declaraciones relacionadas con la inmigración indocumentada.

Los jueces revocaron una sentencia emitida en 2010 contra Evelyn Sineneng-Smith, quien fue declarada culpable de fraude después de que los fiscales dijeran que falsamente dijo a inmigrantes que podían obtener la residencia permanente bajo un programa que ella sabía que había expirado.

El fallo establece que animar o inducir a un indocumentado a permanecer en Estados Unidos no pude ser utilizado como argumento para criminalizar a una persona. E indica que la provisión afectaba la Primera Enmienda de la Constitución al penalizar una expresión.

La cláusula se incluye en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que, establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

La ley había convertido en un crimen grave el que las personas alienten a un inmigrante a ingresar o vivir en Estados Unidos si sabían de antemano que el individuo que recibe el consejo lo hacía ilegalmente.


Daños colaterales

El reglamento, por ejemplo, “haría ilegal que una abuela inste a su nieto a ignorar los límites de su visa al alentarlo a permanecer en Estados Unidos”, dijo el juez A. Wallace Tashima a The Associated Press.

Además, agregó, un discurso dirigido a una multitud que aliente a todos en el país permanecer ilegalmente, también podría llevar a un proceso penal, añadió Tashima. "Criminalizar expresiones como esta amenaza a casi cualquiera que esté dispuesto a participar en el debate", dijo.

"Criminalizar expresiones como éstas amenaza a casi cualquiera que esté dispuesto a participar en un debate", indicó el juez.

Sineneng-Smith operaba una consultora de inmigración en San José, California, y sus clientes eran en su mayoría nativos de Filipinas. La mayoría de sus clientes solicitaron autorización para trabajar y un ajuste de estatus a residente legal permanente.

En la sentencia, los jueces explican que los clientes de Sineneng-Smith gestionaron una "Certificación Laboral" y luego la green card o tarjeta verde.


La Sección 254(i)

El problema fue que el proceso de Certificación Laboral expiró el 30 de abril de 2001 y todos aquellos inmigrantes que llegaron al país después del 20 de diciembre del 2000 no fueron elegibles para recibir la residencia legal permanente a través del programa.

El programa se conoce como Sección 245(i) de la Ley de Inmigración y fue activado al término del gobierno de Bill Clinton, entre el 20 de diciembre de 2000 y el 30 de abril de 2001.

El plan benefició a unos 640,000 indocumentados, la mayoría originarios de México, quienes ajustaron sus estados de permanencia por medio de peticiones familiares y laborales.

Sineneng-Smith sabía que el programa había expirado. Ella, sin embargo, continuó firmando cobrándole a sus clientes -entre 2001 y 2008-, a quienes les decía que podrían obtener tarjetas verdes a través de Certificaciones Laborales.

El 14 de julio de 2010 un gran jurado acusó a la gestora de inducir a un extranjero a residir en el país a sabiendas de que no calificaba y la solicitud de residencia estaba en violación de la ley

Tras un juicio de doce días, el jurado encontró a Sineneng-Smith culpable de tres cargos por fraude por correo. La mujer apeló la sentencia argumentando que los cargos en su contra debían ser desestimados.


Argumentos de la corte

La corte dijo que el crimen que se alega en este caso “se encuentra arraigado en el discurso cuando se llevó a cabo un trabajo de consultoría de inmigración a nombre de extranjeros y sus empleadores” con el objetivo de solicitarle un beneficio al gobierno.

El panel también dijo que, “si un acusado fue condenado por ayudar e instigar una ofensa civil, no tenemos conocimiento de ningún caso que defienda un estatuto que restringe dicho discurso. Por lo tanto, aunque sea cierto, el discurso constituiría una ayuda e instigación cuando se dirija
hacia la comisión de un delito”.

Y advierte que la presencia no autorizada en el país sigue siendo una “violación civil y no un delito”.


Los grandes beneficiados

“Fallo justo”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Independientemente de lo que dice la 1ª Enmienda de la Constitución, sobre la libre expresión, estamos hablando de consejos que también puede dar una madre, una abuela o cualquier otro familiar. No significa que esa recomendación se apara alentar que se cometa un delito, sino para protegerlo, cuidarlo, o ayudarlo”.

Velásquez dijo además que “la razón de ese consejo de ‘quédate aquí, porque si te regresas te pueden matar’, no tiene la intención de violar la ley, sino proteger la dignidad humana. A eso apunta el fallo de la Corte de Apelaciones”.

La abogada de inmigración con más de 30 años de ejercicio en el estado de California dijo además que, la decisión del panel ayudará a miles de casos que se ventilan actualmente en las cortes de inmigración.

“Tenemos juicios en donde las personas están peleando una cancelación de deportación -un remedio para personas sin documentos- donde les preguntan qué harán con sus hijos, dónde los van a dejar, si se quedarán en Estados Unidos o se los van a llevar. Si el inmigrante dice que lo dejará aquí, es lo mismo. La decisión que toma un padre siempre será por el bienestar de un hijo”, agregó. “En muchos casos no existe la intención de violar la ley de Estados Unidos. Ese es el alcance del fallo”, indicó.

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