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Médicos advierten que la nueva propuesta de ‘carga pública’ de Trump amenaza la salud de millones de inmigrantes

El plazo para comentarios del público vence el 10 de diciembre. De entrar en vigor, miles de extranjeros se verán afectados cuando pidan beneficios públicos, incluso los residentes legales.
2 Dic 2018 – 1:32 PM EST

El nuevo reglamento de ‘carga pública’ publicado por el gobierno de Donald Trump a comienzos de octubre “ampliará” la discrecionalidad del gobierno para negar beneficios migratorios, advirtió el California Academy of Family Physicians (CAFP), una organización que cuenta con más de 10,000 miembros.

En un comentario publicado en septiembre en el sitio The New England Journal of Medicine ( www.nejm.org), la organización advirtió que los cambios propuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “son enormes”, y señala que en el año fiscal 2016 “cerca de 43.7 millones de inmigrantes vivían en los Estados Unidos”, y muchos de ellos son elegibles en estos momentos para pedir ciertas ayudas públicas.

Pero la nueva regla podría afectarlos seriamente a la hora de solicitar un beneficio migratorio, como por ejemplo la residencia legal permanente (LPR) o la petición de un familiar inmediato (cónyuge, padre o hijo).

De ser promulgada, las nuevas regulaciones afectarían a las personas que buscan mudarse a los Estados Unidos para reunificarse con sus familias y trabajar”, indica. “También afectaría los trámites para gestionar una autorización de empleo”, añade.

Una proyección del CAFP revela que “10.4 millones de niños ciudadanos con al menos un padre no ciudadano” se encuentran en la lista de afectados.

“Notablemente, los inmigrantes indocumentados no son el objetivo principal de la nueva regla, ya que no son elegibles para la mayoría de la asistencia pública financiada con fondos federales”, dice el reporte. “En cambio, los inmigrantes legalmente presentes serían los más afectados, así como las personas que viven en familias de "estatus mixto" (aquellas en las que algunos miembros son ciudadanos y otras no) y las personas que viven en el extranjero que desean emigrar a los Estados Unidos”.


Consecuencias negativas

La reforma de la asistencia social federal, sumado a los esfuerzos locales para hacer cumplir la ley de inmigración empujados por el gobierno de Trump y las políticas estatales que excluyen a los inmigrantes del acceso a los servicios públicos y los beneficios, “sugiere que la nueva regla podría tener consecuencias negativas para la salud”, añade el CAFP.

“Probablemente esto resulte en tasas más bajas de cobertura de seguro de salud para los inmigrantes, pero también para sus hijos nacidos en Estados Unidos y otros dependientes”, precisa.

“Aproximadamente el 19% de los adultos no ciudadanos y el 38% de los niños no ciudadanos se inscribieron en Medicaid o CHIP en 2016. Además, 5,8 millones de niños ciudadanos con padres no ciudadanos recibieron Medicaid o CHIP ese año”. Las cifras encienden nuevas alarmas a medida que se acerca el plazo para el comentario público.

A pesar de las advertencias, el gobierno de Trump defiende el nuevo reglamento. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dijo en octubre cuando se publicó la norma que “bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”.

La función de que los cambios de propuestos "promoverá la autosuficiencia y la protección de los recursos financieros asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes", agregó.


Reglamento “inhumano”

Para el Fondo de Educación y Defensa Legal Mexicano-Americana (MALDEF), la nueva propuesta de carga pública de Trump “es inhumana”.

“Demostrando una vez más la anarquía, la incompetencia y la inhumanidad, Donald Trump ha lanzado su plan adicional para perseguir y demonizar a los inmigrantes castigándolos por decisiones completamente legales para acceder al apoyo de la red de seguridad disponible para la supervivencia y preservación de la familia esencial”, dijo en un comunicado Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF.

“La nueva regla de ‘carga pública’ propuesta por Trump y lanzada por la irresponsable Kristjen Nielsen (secretaria del DHS), es tan execrable y gratuita como se esperaba”, agregó.

En los mismos términos ha reaccionado UnidosUS (ex a Raza), la principal organización hispana de Estados Unidos. “El cambio de regla propuesto es otro producto de la agenda antiinmigrante de Trump, que ahora apunta a los inmigrantes legales y sus familiares de ciudadanos estadounidenses”, dijo Clarissa Martínez-de-Castro, vicepresidenta adjunta de Política y Defensa de UnidosUS.

“Como era de esperar, esta nueva regulación se basa en cambiar nuestro sistema de inmigración legal a uno basado en el tamaño de su billetera y el color de su piel, y enmascararlo con información errónea y la falsa pretensión de que los inmigrantes representan una carga para los contribuyentes estadounidenses a pesar de la evidencia clara”, precisó.

Martínez de Castro dijo además que “esta perniciosa propuesta debe ser rechazada”.

Las organizaciones reiteraron que, el uso del derecho a formular comentario público es una herramienta valiosa que el gobierno debe considerar, y urgieron a la población a ingresar a la página del Registro Federal y opinar sobre los cambios propuestos por el DHS.

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