Tres muertos al día, secuestros, torturas y detenciones: esto dejan 100 días de crisis en Nicaragua

MANAGUA, Nicaragua. - Este jueves se cumplen 100 días desde que la población de Nicaragua salió masivamente a las calles. Todo comenzó el 18 de abril con las imágenes de policías y turbas afines al presidente golpeando a pequeños grupos de estudiantes y ancianos que protestaban en León y Managua contra los planes del gobierno para poner un impuesto a las pensiones de los jubilados. Pero, al contrario de lo que pasó con otras manifestaciones reprimidas en los 11 años de gobierno de Daniel Ortega , esta vez, lejos de replegarse, los estudiantes salieron a gritar sus reclamos con más fuerza.

Al día siguiente, las protestas fueron reprimidas con balas: dos estudiantes y un policía murieron. Fueron los primeros fallecidos de un conflicto que en pocos días pasó de ser una reivindicación liderada por universitarios a un movimiento ciudadano generalizado que desde todo el país exigía reformas democráticas y la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Sus voces, cada vez más indignadas conforme crecía la lista de víctimas de la represión, retumbaban en toda Nicaragua.

100 días después, tras un diálogo fallido mediado por la iglesia católica que logró que Ortega escuchara por primera vez en público las demandas de quienes no comulgan con su gobierno, la crisis de Nicaragua ya se ha cobrado al menos 300 vidas, la mayoría a manos de la policía y paramilitares afines al gobierno, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La última actualización de muertos de otra organización, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), situó la cifra de muertos en 448.

Pero mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo se niegan a dejar el poder y los ciudadanos siguen firmes en las calles para exigir su salida, la crisis en Nicaragua sigue sumando víctimas y escenas de terror que se intensificaron en las últimas semanas con la llamada "operación limpieza" por la que policías y paramilitares organizados desde el gobierno desarticularon las barricadas y tranques que habían levantado los ciudadanos a modo de protesta.

Esos operativos han dejado decenas de muertos, además de personas heridas, detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas, en unas acciones que el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, definió como "una verdadera carnicería". "La situación es realmente extrema", le dijo recientemente Vivanco a Univision Noticias al señalar que nunca, en sus 30 años trabajando en la defensa de los derechos humanos en la región, había visto algo así.

"Nunca hemos presenciado unas acciones conjuntas de policías con delincuentes, hampones fuertemente armados que vayan en operaciones a lo largo del país, villa por villa, comunidad por comunidad, que sitien, controlen todo el perímetro de acceso y empiecen a disparar a matar a los civiles o arrancan de sus casas y secuestran a civiles que son sindicados como líderes de la oposición a plena luz del día y que luego celebran en las calles como si se tratara de triunfos contra un enemigo en guerra", afirmó. "Realmente es descarado, es brutal, es despiadada la represión que Ortega ha desarrollado durante los últimos tres meses".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que, con la intensificación de los "operativos de limpieza", tanto el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) como el personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que está sobre el terreno han constatado "el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la policía nacional y los grupos parapoliciales encapuchados" para participar en "actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población" y para levantar los tranques.

En medio de la crisis que vive el país es difícil contabilizar el número de afectados, pero estos datos ayudan a entenderlo:

Al menos 600 presos políticos

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cifró el número de presos políticos en 600 esta semana. Si bien, según la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, esa cifra es muy difícil de determinar con exactitud.

Según explica, a muchos de los detenidos les "están imputando delitos masivamente", perdiéndose el sentido de "juridicidad" porque "los culpan por delitos globales" como terrorismo y en ninguna de las acusaciones aparecen las víctimas individualizadas.

A finales de la semana pasada, solamente en El Chipote, un presidio que conocido por la represión a los reos, había unos 96 detenidos por manifestarse contra el gobierno, incluyendo dos adolescentes de 14 años de Masaya que fueron liberados el sábado tras estar detenidos durante cuatro días.

“Es una cifra cambiante todos los días”, afirma Núñez. La represión judicial ha alcanzado a líderes sociales, como Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mairena fue apresado por organizar los tranques. También fue detenida Irlanda Jérez, una comerciante que promovió la desobediencia fiscal en el populoso Mercado Oriental.

La CIDH también constató que tanto policías como paramilitares detuvieron a decenas de personas que luego fueron referidas a centros de detención de la policía. "El Meseni nota la existencia de un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos", dijo en un comunicado ese organismo de la Organización de Estados Americanos.

Decenas de torturados y desaparecidos y miles de heridos

Los relatos de torturas de los familiares de algunos de fallecidos en medio a la represión a las protestas o de ciudadanos que fueron secuestrados por paramilitares para después ser enviados a prisión se han repetido en los últimos meses entre quienes se han atrevido a hablar a los medios de comunicación, los grupos de derechos humanos u organismos internacionales. Sin embargo, no hay un número exacto de ellos.

Lo que sí que han contabilizado es el número de heridos. Hasta el el 20 de julio, la CIDH reportó más de 2,000, mientras que este jueves la ANPDH situó esa cifra en 2,800, de ellos 72 con lesiones permanentes.

Esa organización también contabilizó 595 desaparecidos.

El comienzo de un éxodo

Otra consecuencia difícil de contabilizar es el éxodo que han emprendido miles de nicaragüenses en los últimos meses. Las protestas generalizadas y la represión ha provocado la pérdida de empleos y la ralentización de la economía, lo que ha obligado a algunos a migrar. Pero otros tantos se han visto obligados a huir por la violencia y la persecución a la que se veían sometidos.

Costa Rica se ha convertido el principal destino de los perseguidos. Las solicitudes de visa en junio en el consulado de Costa Rica en Nicaragua sumaron 1,414 en mayo y 1,162 en junio, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense.

Sólo en ese país, han acumulado 14,000 solicitudes de refugio. Sin embargo, de ese total solo un 20% (unas 2,800) las hicieron personas que ingresaron en las últimas semanas por los puestos fronterizos de Tablillas y Peñas Blancas.

Lo que parece claro es que, por mucho que Daniel Ortega hable de la "normalización del país", como hizo en la inédita entrevista que ofreció este lunes a la cadena estadounidense Fox News, Nicaragua es un país completamente distinto del que era hace cien días.