Acción Ejecutiva

Corte Suprema prorroga hasta el 23 o el 27 de junio fallo sobre la Acción Ejecutiva migratoria de Obama

Sólo restan dos fechas para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de a conocer el veredicto que decidirá la suerte de los programas DACA y DAPA que frenan 5 millones de deportaciones.
19 Jun 2016 – 2:34 PM EDT

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos cerró este lunes la quinta ventana y prorrogó hasta este jueves 23 o el próximo lunes 27 de junio la entrega del veredicto final sobre la Acción Ejecutiva migratoria de Barack Obama.

Dos de los principales beneficios de la medida que amparan de la deportación a 5 millones de indocumentados, se encuentran temporalmente detenidos por un tribunal de Texas que atiende una demanda entablada por Texas y otros 25 estados (24 de ellos gobernados por republicanos).

Los programas afectados son:

Los detractores de la Acción Ejecutiva argumentan que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos y que el programa viola la Constitución y las leyes.

En noviembre, tras un segundo fallo en contra emitido por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, el Departamento de Justicia le pidió al Tribunal Supremo que revise lo actuado por presidente.


Vigilia permanente

Mientras se resuelve la disputa legal, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes permanecen en vigilia desde comienzos de junio, cuando se abrieron las ventanas (ya se han cerrado cuatro) para conocer la suerte de los programas DAPA y DACA.

“Llevaremos a cabo una conferencia de prensa inmediatamente después de conocer el fallo”, dijo a Univision Noticias Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). El grupo permanece bajo una especie de “alerta” desde el pasado 6 de junio, cuando la Corte Suprema dio a conocer los primeros dictámenes del calendario de revisiones previstas para el periodo de sesiones 2016.

“Además estaremos organizando talleres y foros informativos para la comunidad en formatos digitales y en centros comunitarios”, agregó el activista.

Actividades similares se llevan a cabo en varias ciudades con alta concentración de inmigrantes hispanos, entre ellas Miami, Maryland, Houston, Dallas, Phoenix, Nueva York, San Diego, Charlotte, Boston y Atlanta.

Cabrera reiteró que antes y después del dictamen, "los indocumentados deben cuidarse del fraude y de los estafadores migratorios".


Futuro incierto

Los escenarios después del dictamen son inciertos, a juicio de las organizaciones.

“No soy quién para decir quien gana y quien pierde entre los políticos con el fallo que vayan a emitir los magistrados de la Corte Suprema, pero si puedo anticipar que la incertidumbre para millones de indocumentados va a continuar si llega a la Casa Blanca un candidato que amenace con anular la Acción Ejecutiva”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.

El virtual nominado a la candidatura presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, es el único de los tres potenciales aspirantes (los otros dos son Hillary Clinton y Bernie Sanders por el Partido Demócrata), quien ha amenazado con eliminar los beneficios migratorios de Obama, e incluso advierte que si llega a la Casa Blanca deportará a los 11.3 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses.

“Nosotros estamos en alerta desde el 6 de junio. Nuestros miembros y los organizadores hemos preparado pancartas, positivas y negativas, para mostrarlas el día del fallo”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland. “Cientos de activistas e inmigrantes vamos a estar frente al edificio del tribunal supremo una hora después del momento del anuncio”.

En Washington DC el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM) espera que las historias de los miles de inmigrantes que se beneficiarán de la Acción Ejecutiva y que se han ventilado desde que Obama anunció la medida, hayan sido escuchadas por los magistrados de la Corte, principalmente el pasado 18 de abril cuando se llevó a cabo la audiencia pública donde los abogados del gobierno y de los 26 estados presentaron sus argumentos.

“Pero, sobre todo, esperamos que la justicia prevalezca por encima de las políticas de odio, y que DAPA y DACA puedan finalmente ser desbloqueadas”, dijo a Univision Kica Matos, directora de comunicaciones de FIRM. “Estamos seguros que la Corte Suprema fallará a favor del legítimo derecho del presidente de tomar acción ejecutiva para establecer prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración”.


Barajando escenarios

En la costa oeste las preocupaciones han ido en aumento desde comienzos de enero, cuando el Tribunal Supremo anunció que revisaría la Acción Ejecutiva.

“Estamos esperando el fallo con ansiedad”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. Y reiteró que “como ya he dicho anteriormente, las decisiones que tienen que ver con derechos a inmigrantes siempre han sido muy reñidas en las últimas décadas. Si hay un empate, lo cual es probable analizando la historia, la decisión de la corte inferior, la del juez Andrew S. Hanen, prevalecerá y la Acción Ejecutiva se va al suelo”.

El 16 de febrero del año pasado Hanen, quien preside la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, dictó la medida cautelar que detuvo los programas DACA y DAPA mientras el tribunal resuelve la totalidad de la demanda de los 26 estados entablada el 3 de diciembre de 2014.

“Me mantengo optimista que la decisión será a favor de la Acción Ejecutiva”, señala Velásquez. “En primer lugar, porque la actual DACA ya está en efecto, lo cual significa que el presidente actuó dentro de la ley. Lo distinto, esta vez, es DAPA, y el argumento en contra de DAPA es que le costará a los estados mucho dinero debido a que todas estas personas calificarán para permisos de trabajo, etc.”

Para el abogado Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York, la disputa se resolverá sobre la base de si Texas tiene o no argumento (standing) para demandar al gobierno federal. “El tribunal supremo podría decidir este caso simplemente por el motivo de que Texas no tiene standing”, dijo a Univision Noticias.

De ser así, “la Corte Suprema podría decidir este caso simplemente por este motivo, que Texas no tenía derecho (standing) para demandar. Eso significa que el gobierno puede entonces poner en vigencia el programa DAPA y la ampliación de DACA, y los magistrados no tendrían entonces que revisar los méritos acerca de si el Presidente tiene o no la autoridad legal para tomar acción ejecutiva y crear DAPA sin la aprobación del Congreso”.


Preguntas clave

En enero, cuando la Corte Suprema anunció que revisaría la Acción Ejecutiva, dejó en claro que quiere responder a cuatro preguntas legales clave, tres de ellas ya planteadas en la Corte Texas:

  1. ¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
  2. ¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
  3. ¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
  4. ¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014? La Corte Suprema de Justicia abre este lunes la tercera ventana en la que podría dar a conocer su veredicto final sobre la revisión de la Acción Ejecutiva migratoria que ampara 5 millones de deportaciones.

Precedente favorable

El abogado David W. Leopold, uno de los asesores jurídicos de la organización America’s Voice en washington DC, dijo a Univision Noticias que en 2012, cuando la Corte Suprema entregó el fallo sobre la polémica Ley de Arizona SB 1070, “el magistrado Anthony Kennedy reconoció la amplia discrecionalidad que el presidente tiene cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la facultad de ejercer discreción”.

Kennedy, junto a los magistrados John Roberts, Samuel Alito y Clarence Thomas, se ubica en el “banquillo conservador”. De mantener la opinión expresada en los argumentos del 2012 en el dictamen sobre la ley de Arizona, Leopold insiste en que hay pocas dudas que Kennedy se incline a favor de la demanda de Texas y de los otros 25 estados.

“Pero en mi opinión el jugador clave en este caso es el presidente (John) Roberts. Él tiene una reputación bien merecida como un cliente difícil cuando se trata de standing. Desde su incorporación a la Corte Suprema en 2005, Roberts se ha mantenido firme en contra del uso del poder judicial como un foro para ventilar disputas políticas”, dijo Leopold.

La Casa Blanca no opina al respecto. “No tengo un comentario en este momento dado que el caso está pendiente”, dijo una fuente de la Administración a Univision Noticias. “Estaremos en contacto cuando haya una decisión”.

El Comité Nacional Republicano tampoco quiere comentar antes del fallo y dijo que lo hará “una vez se conozca el dictamen de la Corte Suprema de Justicia“.

En abril, al término de la audiencia pública convocada por el tribunal supremo, el congresista Peter King (republicano por Nueva York), un firme defensor de la postura de los 26 estados, dijo a Univision Noticias que "el presidente debe apegarse a la ley y a la Constitución de Estados Unidos. Si lo hubiese hecho no tuviéramos ese problema. Creo que la gente tiene derecho a estar con permiso legal y el presidente no se está apegando ala ley (...), no tiene la autoridad de hacerlo".

La postura expresada por King se mantiene en las filas del Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso y en los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva.

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