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Acción diferida para los padres de ciudadanos y residentes permanentes legales
La propuesta de María Elvira Salazar busca, entre otras cosas, retomar la construcción de un muro fronterizo y mantener detenidos a inmigrantes indocumentados mientras sus casos son revisados por un juez. Sin embargo, la iniciativa también plantea ofrecer un estatus legal temporal a indocumentados que se sometan a un control de antecedentes y paguen $10,000, además de brindar un camino para obtener la ciudadanía a largo plazo a dreamers y trabajadores del campo.
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Los 16 trabajadores indocumentados tomaron acción legal contra el patrón ante el Departamento de Trabajo por abusos laborales, y los radioescuchas de La Gozadera New York contaron sus experiencias con jefes abusivos.
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El camino hacia el estatus de residente permanente legal, lo que significa tener la tarjeta verde, está lleno de obstáculos para los beneficiarios de Acción Diferida (DACA), según una nueva investigación de Instituto Baker de Políticas Públicas de Rice University en Houston.
Claudia Bernal, abogada de inmigración, aseguró que esta decisión les dará a los dreamers un camino para lograr la residencia permanente. Asimismo, Bernal habló de lo que puede pasar en caso de que la administración Trump tome acciones legales tras la orden.
Obdulia Hernández, perdió su trabajo, no pudo pagar la renta a raíz de la crisis del coronavirus. Asistió a la clínica legal organizada por el precinto 1 de la oficina del sheriff del condado Harris y recibió la asesoría que necesitaba.
Dreamers a lo largo del país afirman que bajo una gestión de Biden las probabilidades de que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sea permanente son más altas. Expertos detallan, además, que entre las prioridades del presidente electo está restablecer alivios migratorios que fueron suprimidos por Trump durante su gobierno.
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Kevin Córdova, beneficiario de DACA, asegura que bajo la gestión del presidente electo las esperanzas de una reforma migratoria son mucho más altas. Agrega que él y miles de jóvenes esperan que el programa sea permanente.
Un aviso enviado este lunes resolvió la duda de si se aprobarían solicitudes nuevas del programa DACA y anuncia qué pasará con el pago que realizaron quienes realizaron su trámite por primera vez.
Organizaciones y dreamers podrán entablar una nueva querella para restablecer el programa DACA tal y como estaba en 2012, gracias a la decisión de una corte federal en Nueva York, pues la administración de Donald Trump ha cambiado varios parámetros, entre ellos ha limitado a solo un año el permiso de protección contra la deportación a los soñadores.
Adolfo Franco, miembro de la coalición Latinos for Trump, asegura que Donald Trump entiende que el tema de los dreamers “es un problema que se tiene que solucionar a través del Congreso, de forma legal”, mientras los soñadores afirman que lo que ha hecho el gobierno da un “mensaje inconsistente”.
Un grupo de jóvenes soñadores dijeron que recibieron la decisión de la Corte Suprema, que evita poner fin a la Acción Diferida, como una inyección de esperanza para el futuro, y una muestra de que “no todo el mundo está en contra de nosotros”. Ahora llaman a la comunidad inmigrante a seguir luchando por sus sueños, pero en unión.
Jensey Matute, vocera de FWD.US, explica que si la Corte Suprema decide poner fin a este programa se perderían cerca de 24,000 empleos mensualmente y muchos de sus beneficiarios no podrían continuar con sus actividades académicas. Por otro lado, hace un llamado a los jóvenes a estar muy pendientes de cada uno de sus casos y a buscar ayuda legal en caso de ser necesario.
Lina Hidalgo, juez del condado Harris indicó que con esta iniciativa se busca crear una política para aquellas personas que tienen razones para permanecer en los Estados Unidos y que no cuentan con el apoyo y los recursos económicos necesarios.
Francisco Bravo es un educador en California cuya noble labor enfrenta un futuro incierto, pues tanto él como muchos de sus estudiantes son beneficiarios de la Acción Diferida. Tiene dos licenciaturas y una maestría en educación especial y trabaja de tiempo completo en una de las zonas más necesitadas de Los Ángeles.
La organización Chirla ofrece ayuda a jóvenes para cubrir algunas tarifas de renovación hasta el 14 de diciembre. La iniciativa busca que los beneficiarios del programa de Acción Diferida no se queden sin trabajo y con el temor a ser deportados.
Ante la incertidumbre que ha generado la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre el futuro del Programa de Acción Diferida, la organización de ayuda a inmigrantes Chirla se ofrece a pagar los trámites de renovación de algunas personas entre el 3 y el 14 de diciembre.
Días después de que Donald Trump expresara vía Twitter que muchos de los soñadores ya no son jóvenes y que están lejos de ser ángeles, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración informó que el gobierno recibió hasta el mes pasado 888,818 solicitudes al programa, con casi 80,000 detenciones.
El presidente afirma que los beneficiarios del programa con registros de arresto son más de 53,000. Sin embargo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración indica que entre el 10 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019 se recibieron más de 473,000 solicitudes de renovación, de las cuales rechazaron 3,600 y no por comisión de delitos.
Las escalinatas de la Corte Suprema amanecen vacías después que el martes llegó la primera luz del día con cientos de jóvenes en ellas, gritando que EEUU es su casa. Mientras los magistrados conservadores defendían la potestad de Trump para terminar con el programa, Sonia Sotomayor afirmó que el tema “es sobre nuestra elección de destruir vidas”.
Para conocer el fallo final del máximo tribunal que definirá el futuro de los dreamers habrá que esperar hasta 2020. Pero quienes presenciaron la sesión de argumentos ante los magistrados intuyen algunas cosas a partir de lo que se dijo en la sala.