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El magistrado Anthony Kennedy

Kennedy, el juez clave que decidirá la suerte de la Acción Ejecutiva

Kennedy, el juez clave que decidirá la suerte de la Acción Ejecutiva

El magistrado nombrado en 1988 por el presidente Ronald Reagan, en los últimos años ha votado a favor de decisiones respaldadas por el "banquillo liberal" del máximo tribunal de justicia de EEUU.

El magistrado Anthony Kennedy
El magistrado Anthony Kennedy

El futuro inmediato de 5 millones de indocumentados se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia que este jueves, o en cualquiera de los siguientes lunes de junio (13, 20 o 27) emitirá el histórico fallo sobre la Acción Ejecutiva y decidirá la suerte de los programas DACA y DAPA.

La decisión final dependerá de lo que diga uno de sus magistrados nombrado en 1988 y que en los últimos años, contrario a lo que muchos piensan, ha favorecido no necesariamente iniciativas republicanas.

Se trata del juez Anthony Kennedy quien, junto con los magistrados John Roberts, Samuel Alito y Clarence Thomas, se ubica en el “banquillo conservador”. Los jueces Sonya Sotomayor, Elena Keagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer están en el “banquillo liberal” del máximo tribunal de justicia.

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“¿Es conservador el juez Kennedy?”, se pregunta Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. Velásquez responde citando el reciente historial de Kennedy en temas de alta resonancia:

  • En 2012 Kennedy votó a favor de la Ley de Salud del presidente Obama (fue el quinto voto)
  • Escribió la sentencia que eliminó tres de los cuatro argumentos demandados de la polémica ley migratoria de Arizona SB 1070; y
  • Fue el voto que defendió el matrimonio entre personas del mismo sexo

“Hasta cierto punto Kennedy es un juez moderado”, dice Velásquez y recuerda que fue nombrado por el entonces presidente Ronald Reagan (republicano). “Pero sus decisiones han dicho lo contrario y no me cabe ninguna duda que los republicanos se sintieron decepcionados. Hubo muchas críticas en su contra”.

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Velásquez agrega que “hasta cierto punto” la ausencia del juez Antonin Scalia (fallecido el 13 de febrero en Texas) “beneficia las posibilidades de que sea aprobada la Acción Ejecutiva”, y que la proyección del voto de Kennedy (en base a sus decisiones) “le daría a la Acción Ejecutiva una victoria más holgada”.

“Ahora están empatados 4 a 4. Pero de nuevo, todo apunta a que el voto de Kennedy se inclinará como lo ha hecho en los últimos años. Y hay diferentes maneras de ver la situación”, advierte Velásquez. “De todas maneras su voto será todavía más importante que si hubiese estado Scalia. Será una decisión histórica, de eso no caben dudas.

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El ataque de Texas

No solo el futuro de 5 millones de indocumentados está en juego con la demanda Texas versus Estados Unidos, advierten abogados consultados por Univision Noticias. Se trata de una guerra que declaró el estado de Texas y hará todo lo posible por ganarla, cueste lo que cueste.

“En el caso Arizona versus Estados Unidos el juez Kennedy reconoció la amplia discrecionalidad que el presidente tiene cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la facultad de ejercer discreción”, dijo a Univision el abogado David W. Leopold, uno de los consultores legales de America’s Voice, en Washington DC.

El caso Arizona citado por Leopold se refiere a la polémica Ley SB 1070 que, entre otras medidas, autorizaba a las policías locales pedir documentos de inmigración para verificar el estatus de permanencia de extranjeros.

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En ese fallo, Kennedy escribió que, aún cuando le corresponde al Congreso (a través de leyes) especificar qué extranjeros caen en la categoría de deportación, el Ejecutivo tiene “amplia discreción para decidir quién es deportado”, argumento que Obama usó en la Acción Ejecutiva del 2014.

“Yo creo que vamos a ver (durante la revisión solicitada por el Departamento de Justicia) un ataque descaradamente político”, previene Leopold. “Pero en mi opinión el jugador clave será el presidente Roberts. Él tiene una reputación bien merecida de cliente difícil cuando se trata de disputas. Desde su incorporación a la Corte Suprema en 2005, Roberts se ha mantenido firme en contra del uso del poder judicial como un foro para ventilar disputas políticas”.

Leopold comentó además que los argumentos de los 26 estados “se basan en especulaciones”, como la afirmación de que DAPA y la ampliación de DACA “aumentarán el costo de la emisión de licencias de conducir al estado de Texas”.

“Eso abre la puerta a una serie de demandas por razones políticas”, dijo, y anticipó que “el resultado sería un caos judicial que amenazaría la estructura constitucional de Estados Unidos. Ese es precisamente el tipo de caos que el juez Roberts parece querer evitar”.

El profesor Stephen W. Yale-Loehr, de la escuela de leyes de la Universidad Cornell, explicó a Univision Noticias que, en efecto, Kennedy fue quien escribió el fallo en el caso Arizona versus Estados Unidos y anotó que “las autoridades federales, como cuestión inicial, deben decidir si tiene sentido perseguir y expulsar a un extranjero” y sobre la “discrecionalidad” en la aplicación de las leyes de inmigración, un lenguaje que “sugiere que puede apoyar una decisión a favor de la Acción Ejecutiva”.

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Qué está en juego

Tras el anuncio del 9 de enero, cuando la Corte Suprema anunció que revisaría la Acción Ejecutiva de Obama, el tribunal dejó en claro que quiere responder a cuatro preguntas legales determinantes, tres de ellas ya planteadas en la Corte de Brownsville, Texas:

  • ¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
  • ¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
  • ¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
  • ¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014?

La Acción Ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años –que se conocen como dreamers- y que están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

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Ambos grupos recibirán, además, una autorización de empleo renovable cada tres años.

La Corte emitirá un dictamen durante este mes de junio. A menos que decida esperar a que el Senado nombre al noveno miembro y resolver la demanda Texas versus Estados Unidos con la totalidad de sus miembros.

Un antecedente extra: en 1992 Kennedy sumó su voto al de los jueces liberales, quienes se opusieron a una demanda que buscaba restringir el derecho al aborto.

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