Las medidas del gobierno del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal están empezando a impactar negativamente varios sectores económicos tras la disminución de la emisión de visas laborales H-2B.

Los inmigrantes que el gobierno ha pedido que se vayan son los hasta ahora beneficiarios del TPS, entre ellos 262,500 salvadoreños, 86,000 hondureños, 5,300 nicaragüenses y 59,000 haitianos, quienes obtuvieron permisos de trabajo temporales porque sus países estaban en crisis ya sea política o por desastres naturales.

La visa U fue establecida para favorecer a víctimas o testigos de crímenes violentos que brindan ayuda a los organismos de orden público y agentes del gobierno. Sin embargo, con el nuevo memorándum de Trump, los solicitantes de ese visado podrían ser deportados antes de que concluya su proceso de solicitud.

Esta visa se otorga a víctimas del crimen y según este reporte, ha habido casos de deportación que están en trámite.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU informó que sus oficiales pueden negar solicitudes y peticiones que consideren incompletas o erradas. El abogado experto en inmigración Ezequiel Hernández analizó este caso.

El abogado de inmigración, Eliud Zavala, recuerda que este documento puede tardar hasta cuatro años en ser expedido. Recomienda que durante este periodo de tiempo, en el cual el solicitante no está amparado, se eviten arrestos y cualquier tipo de inconvenientes judiciales, ya que podría enfrentar un proceso de deportación.