Habitantes del sur de Texas dicen que es un sacrificio necesario para evitar la propagación del coronavirus. Inmigrantes retornados que aguardan en campamentos de México sus audiencias en cortes han tenido que extender su permiso de permanencia en ese país por 180 días más y la desesperación por una pronta solución aumenta. Comerciantes en la frontera aseguran que la medida continúa impactando fuertemente la economía.

La mayoría de los menores se encontraban en Illinois y más de una decena de ellos ya lograron reunirse con sus padres o fueron puestos al cuidado de un tutor.

Las autoridades en Chihuahua han desplegado un operativo para inspeccionar todos los vehículos que ingresan por allí y entregar información relacionada con la pandemia a los conductores, principalmente a aquellos que viven en Texas, pero visitan regularmente a sus familiares. Por otro lado, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas le han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que cierre inmediatamente la frontera como medida de prevención.

Ante la emergencia del coronavirus, agentes de la Patrulla Fronteriza están retornando, a los puertos de entrada y en tiempo récord, a aquellas personas que son detenidas intentando cruzar de manera ilegal los límites con México. El gobierno ha aclarado que el procedimiento se hace bajo la figura de expulsión y no de deportación.

El presidente dijo que se encuentra trabajando de cerca con todos los gobernadores del país y afirmó que ha tomado medidas en conjunto con los gobiernos de México y Canadá para evitar la propagación del virus en las fronteras. Por otro lado, se conoció que se realizarán más pruebas de detección y que una compañía manufacturera trabaja en la producción de miles de mascarillas.

Según el mandatario, la medida, la cual entrará en vigor este 21 de marzo, se enfoca en viajes no esenciales, no afectará el comercio y solo busca evitar la propagación del virus entre migrantes y agentes fronterizos. Por otro lado, el presidente confirmó el aplazamiento de la fecha de declaración de impuestos e informó que 42 millones de universitarios podrán dejar de pagar sus préstamos estudiantiles por cerca de dos meses.