El Senado estatal de California aprobó el proyecto de ley AB 257 con el que se creará un 'concejo de comida rápida', conformado por delegados de estos trabajadores y representantes de los empleadores, que tendrá como finalidad establecer estándares de salario mínimo, horarios y condiciones de trabajo. Algunos dueños de los restaurantes y miembros del Partido Republicano se han opuesto a la medida. Más noticias en Univision.

Los trabajadores en el estado pagan una parte de sus ingresos para poder obtener un permiso familiar pagado; sin embargo, muchos de ellos no los toman. La senadora María Elena Durazo explica que esto se debe a que las personas con los sueldos más bajos solo reciben el 60% cuando toman las licencias, por lo que está impulsando un proyecto para que la comunidad tenga más oportunidades de hacerlo. "Queremos que toda la familia se sienta en confianza de atenderse los unos a los otros", afirma.

Con los pies adoloridos, con llagas y sin ver a sus familias durante semanas; así llegan los jornaleros a Sacramento, el destino final de la marcha con la que buscan que el gobernador de California, Gavin Newsom, firme la propuesta AB 2183.

La propuesta de ley de protección y privacidad en California permitiría demandar a quienes envíen imágenes sexuales no solicitadas a través del teléfono celular, redes sociales o cualquier otro medio, además de que las multas podrían ser de hasta $30,000.

Tras 24 días marchando, los jornaleros llegaron a Sacramento en donde fueron recibidos por líderes locales, incluyendo el vicealcalde de la ciudad, Eric Guerra. Ahora, buscarán que el gobernador de California, Gavin Newsom, apruebe la ley AB 2183.

Los vendedores ambulantes enfrentan cada día problemas con los dueños de restaurantes y muchos obstáculos para legalizar sus actividades. Por eso, este proyecto busca que los trabajadores tengan permisos para ejercer sus labores y que la venta de alimentos sea saludable y limpia. "Ahorita, si alguien está vendiendo comida y no tiene un permiso de sanidad, le pueden dar una multa criminal de $1,000 y ser encarcelado", señala la activista Carla de Paz.