Son 20 millones de dólares los destinados para auxiliar a familias afectadas por el coronavirus en Houston, los cuales serán administrados por Baker Ripley. Parte de los fondos beneficiarían a indocumentados y por el momento no hay una fecha de distribución. Los propietarios de viviendas que formen parte del programa se deben comprometer a suspender cargos por retrasos y desalojos hasta el 20 de septiembre.

Sondeos realizados por Latino Decisions durante los últimos meses detallan que en Arizona, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas el apoyo a Joe Biden tiene un promedio que va entre el 24% y 29%, mientras que, en los mismos estados, el actual presidente cuenta con un respaldo del 14% y 20%. Por otro lado, una investigación del Instituto de Estudios Gubernamentales UC Berkeley asegura que la base política ha venido cayendo considerablemente en el mes de agosto. Más información aquí.

La farmacéutica estadounidense anunció que la dosis de su vacuna tendrá un costo que irá entre los 32 y 37 dólares. Sus directivos afirmaron que el objetivo es hacerla accesible y aclararon que los precios podrían variar dependiendo de la cantidad que solicite cada país. Por su parte, el epidemiólogo Anthony Fauci se mostró optimista sobre los posibles tratamientos en los que trabajan varias compañías en todo el mundo. Más información aquí.

El gobierno de Trump anunció que el proceso de recolección de información terminará el 30 de septiembre, y no el 31 de octubre, como se había establecido inicialmente. Para Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation, esta es una nueva estrategia del mandatario para que haya una baja participación. Estas serían las consecuencias para la comunidad hispana.

El pediatra Alejandro Clavier señala que, si bien es normal que los padres tengan temor de exponer a sus hijos en este momento, no pueden descuidar el cuadro de vacunas, ya que esto puede dejar a los menores bastante vulnerables a enfermedades distintas al coronavirus.

Según Pritzker, la Casa Blanca falló en implementar el programa de asistencia para quienes se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia y, como consecuencia, cada estado tuvo que asumir esta responsabilidad abriendo indirectamente una puerta a los estafadores.