Los 29 padres y madres ingresaron por el puesto fronterizo (garita) de Mexicali. Todos ellos, originarios de Centroamérica, fueron detenidos y luego separados de sus hijos en la frontera en el marco de la política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump, una cuestionada táctica usada entre principios de mayo y el 26 de junio.

La guatemalteca Jazmín Juárez argumenta que su hija Mariee, de 19 meses, desarrolló una enfermedad respiratoria en The South Texas Family Residential Center, ubicado en Dilley, Texas, y que el personal médico no la atendió debidamente antes de dejarla en libertad.

Según la investigación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, entre octubre octubre de 2014 y julio de 2018 recibió 4,556 quejas.

El gobierno de Trump reconoció la semana pasada que ha seguido separando familias en la frontera con México, a pesar de una orden emitida por un juez federal el 26 de junio del año pasado que prohibió esta práctica de la política de tolerancia cero.

Estos migrantes centroamericanos aseguran que, contrario a lo que le habían dicho compatriotas de caravanas anteriores, casi nadie los ayuda en el camino.

Milagros Henríquez Ayala, de 15 y embarazada, y su hermana Siomara, de 13 años, salieron de Plan del Pino, en El Salvador, huyendo de la violencia de las pandillas, pero en México sufrieron abandono, maltrato verbal y psicológico, rechazo, hambre, desgaste físico y mental. Autoridades mexicanas y consulares las quieren regresar a su lugar de origen, pero ellas esperan que su madre viaje a Tijuana y las ayude.