La orden incluye a todos los centros de El Paso y el sector del área del Río Grande. Abogados, médicos y activistas advirtieron sobre serios problemas de salubridad al interior de esas instalaciones.

Los centros de detención del CBP en el área de Texas han sido severamente cuestionados y denunciados por el trato que los agentes dan a los menores y las malas condiciones de salubridad que ponían en peligro su salud.

La demócrata Norma Torres es una de los 14 legisladores que se disponen a revisar las condiciones en las que se encuentran principalmente los menores de edad, después de los reportes de que los niños tenían hambre y no tenían acceso a duchas, jabón o pasta dental.

Los más afectados por el hacinamiento y las condiciones en estos lugares de tránsito son los niños, que comienzan a mostrar señales de estrés y otros problemas emocionales. Activistas cuestionan las acciones del gobierno mexicano para enfrentar la crisis migratoria que se vive en el país y ofrecer más bienestar a los inmigrantes.

De acuerdo con defensores de derechos humanos, la nueva medida mantendría detenidos a entre 15,000 y 40,000 migrantes, sin pruebas de que las detenciones están legalmente justificadas.

Armando Ghinaglia Socorro, estudiante de la Clínica de Derechos de Migrantes de la Universidad de Yale, señala que la decisión del alto tribunal de analizar la legalidad del programa permite que éste se mantenga y que los dreamers puedan renovar su beneficio. Sin embargo, también destaca complejidades en el proceso, como que el gobierno Trump expondrá sus argumentos y que hay una mayoría conservadora en la corte. Aún así, asegura que es optimista de que ganará la lucha de estos jóvenes.