Costa Rica adelantó que el primer grupo de deportados llegará en un vuelo comercial el miércoles al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, y de ahí serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Migrantes, a unas 224 millas al sur de la capital y próximo a la frontera con Panamá.

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que es emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite a las personas pagar impuestos sin necesidad de un número de Seguro Social, independiente del estatus migratorio. La abogada Geraldine Arruela explica cuáles son las consecuencias para los inmigrantes indocumentados con ITIN que no presenten su declaración tributaria. Asimismo, habla sobre qué deben hacer quienes llevan uno o más años sin realizar el trámite.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dio luz verde a la aprobación de $50 millones para a apoyar a inmigrantes frente a las políticas de la administración de Donald Trump. Parte de los recursos irían en parte a organizaciones que trabajar en favor de esta comunidad. “Nos queda un camino largo, pero eso no significa que vamos a parar aquí”, asegura el asambleísta Juan Carrillo.

Una coalición juntó a decenas de personas en Pomona, una de las ciudades que alberga a más inmigrantes en el sur de California, para adelantar una protesta en contra de las deportaciones. “Estamos preocupados porque se van a llevar a nuestros padres”, dijo un joven hispano nacido en Estados Unidos que teme que las actuales políticas migratorias lo separen de su familia.

Con las actuales políticas del presidente Donald Trump, muchos inmigrantes temen que el presentar sus impuestos los ponga en riesgo de una represalia por parte de agentes de ICE. Sonia Cordero, de SC Accounting Tax Services, y el abogado Jonathan Shaw dan claridad sobre este tema.

Organizaciones proinmigrantes se reunieron frente al capitolio estatal de Arizona para protestar en contra de la ley SB1164 que le daría poder a los agentes del orden público del estado para encarcelar inmigrantes y refugiados. Quienes se oponen a la legislación aseguran que es “racista”. Entre tanto, la fiscal de Arizona, Kris Mayes, señaló que está en contra de la propuesta porque no tiene fondos para hacerla cumplir.