Recientemente, la oficina del alguacil del condado de Hernando, ubicado en el área de la Bahía de Tampa, firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que las autoridades locales cooperen con los agentes federales con el propósito de detener y reportar a inmigrantes indocumentados.

Lori Haley, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, alertó que las limitaciones de la ley SB54, que convierte a California en estado santuario desde 2018, deja al organismo con pocas opciones. "Inevitablemente resultará en arrestos adicionales", aseveró la funcionaria.

Un correo electrónico, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos envió a empleados del Congreso, indica que se impondrán nuevas restricciones para hacer más difícil a los legisladores que deseen apoyar a los inmigrantes de sus distritos en sus solicitudes para obtener la residencia o incluso la ciudadanía.

En lo corrido de 2017, más de 2,200 menores han sido deportados por Baja California, 1,343 de ellos viajaban sin la compañía de un adulto, expuestos a los 'coyotes' y a los traficantes de humanos y drogas.

La mayoría de los indocumentados evitan revelar su estatus migratorio ante el clima antiinmigrante que se ha generado en los últimos meses. Es por esto que muchos están arriesgando hasta su salud al no ir al doctor por temor a ser arrestados.

A partir del siguiente año, los inquilinos no pueden ser consultados ni amenazados por su situación migratoria y los empleadores tendrán la obligación de proteger a sus trabajadores y no pueden compartir información con el departamento de inmigración.