Luis Falcon desertó de las fuerza militares de Venezuela debido a que el régimen empezó a encarcelar a uniformados acusándolos de traición, por lo que en el 2017 llegó a EEUU buscando una nueva vida. En 2021 obtuvo su TPS; sin embargo, este 29 de enero se enteró que el gobierno Trump revocó la extensión del programa y ahora teme regresar a su país, pues de hacerlo "sería condenarme a una cárcel ".

El gobierno Donald Trump revocó la extensión por 18 meses del TPS para los venezolanos. La decisión causa zozobra entre los casi 600,000 afectados, pues muchos aseguran que a pesar de la medida no se regresarán a su país por temor a las represalias que tome el régimen. “Es algo descabellado (…) no hay ningún tipo de seguridad jurídica ni social”, señaló Jesús Cáceres, venezolano.

El Departamento de Justicia anunció un memorando que permitirá a autoridades de migración entrar a las cortes para hacer arrestos. La medida ha aumentado el temor y la incertidumbre, por lo que la abogada Pamela Dones recomienda a los migrantes presentarse a sus citas, sobre todo quienes tengan un proceso de deportación, pues de no hacerlo enfrentan un fuerte castigo.

En redes sociales se difundió un video que causó temor entre la comunidad en San Mateo, pues en las imágenes se observaba a autoridades revisando un auto, por lo que algunas personas dijeron que “andaba la ‘migra’”. Lupe Mejía, vocera del Departamento de Policía de San Mateo, aseguró que no eran agentes de ICE y explicó de qué trataba la presencia de uniformados.

Concejales de Los Ángeles presentaron un paquete de protección para inquilinos afectados por los incendios, pues aseguran que ellos no tienen dinero para pagar el alquiler y “no queremos ver un tsunami de desalojos”, dijo Eunisses Hernández, concejal del Distrito 1. La moción evitaría que los propietarios aumenten la renta o cobren un extra por personas adicionales incluyendo mascotas.

Donald Trump firmó la ley Laken Riley, la primera de su segunda administración. Se trata de un proyecto que busca fortalecer los operativos de detención a inmigrantes indocumentados que están acusados de cometer algunos delitos. “No es una medida de seguridad pública”, afirma la abogada Armida Mendoza, quien explica junto a otra experta cuáles son sus implicaciones y riesgos.