Cerca de 100 migrantes han llegado a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, desde EEUU. Aunque la administración Trump indicó que allí serían enviados los "peores criminales", un reporte de CBS News asegura que algunos de ellos no tienen antecedentes criminales graves. Asimismo, otros informes indican que los migrantes están siendo vigilados por militares y no por oficiales de ICE. Mira también: Demandan al gobierno de Trump por impedir el acceso a abogados a inmigrantes enviados a Guantánamo.

El pasado 26 de enero, oficiales de inmigración y otras agencias sitiaron una casa del oeste de San Antonio para arrestar a un indocumentado, que estaba acompañado de su pareja y varios menores de edad, entre ellos una bebé de 1 año. Gabriel Rosales, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Texas, asegura que la forma de operar de ICE fue un abuso. “Por lo que vi en el video, ellos violaron los derechos de esas personas”, dice Rosales.

El movimiento huelga general por los derechos de los inmigrantes convocó una huelga para boicotear tiendas corporativas que apoyen las políticas del gobierno de Donald Trump durante esta semana y así demostrar el poder que tienen los hispanos en Estados Unidos. José Caraballo, profesor de economía, explica los efectos que la huelga puede causar.

Autoridades en Doral están preocupados tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos. Según datos, en la ciudad el 40% de los habitantes son de esa nacionalidad y muchos quedarán desprotegidos, lo cual puede provocar un golpe a la fuerza laboral en Doral e incluso, el cierre de negocios.

La familia de Katia Dueñas Aguilar, la soldado hispana asesinada en 2024, está pidiendo justicia y que se aclaren todas las dudas que existen en el caso. Incluso, la hermana de la víctima está exigiendo la pena de muerte para los presuntos responsables del crimen.

Vendedores ambulantes del Corredor Salvadoreño, en el Distrito1, se están uniendo para hacer una serie de peticiones a políticos locales que van desde ayudas para resolver el problema de los desamparados hasta protección de la presión policial y los operativos migratorios.