Legisladores republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham y la representante María Elvira Salazar, dieron a conocer los principios para un plan de reforma migratoria que incluye una ruta hacia la legalización provisional de indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.

El abogado experto en inmigración Raed González explica cómo podrá dicha decisión de la Corte Suprema de Justicia beneficiar a los inmigrantes que están buscando obtener la residencia legal permanente. La medida, promovida en el anterior gobierno, fue implementada el año pasado en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del presidente Trump.

El DHS confirmó la eliminación de la regla de carga pública impuesta durante el gobierno de Trump y la restitución de la antigua norma, aprobada en 1999 y que se utiliza para determinar si un inmigrante califica o no para ser admitido o recibir la green card.

El Departamento de Justicia le informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la regla de carga pública que Donald Trump aprobó el año pasado bajo el amparo de su política de 'tolerancia cero' y que puso trabas para que los inmigrantes tuvieran acceso a la residencia legal permanente. Horas después el máximo tribunal aceptó el pedido y desestimó la revisión.

En una decisión 5-3, el máximo tribunal de justicia facilitó al gobierno la deportación de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país y no han cometido faltas graves a la ley.