Corte Suprema decidirá sobre regla que niega la 'green card' a quienes se beneficiaron de ayudas del gobierno
La Corte Suprema de Justicia dijo el viernes que escuchará argumentos a favor y en contra de la regla de carga pública aprobada durante el gobierno del expresidente Donald Trump y que a comienzos de este año fue anulada por el presidente Joe Biden.
La regla prohíbe que ciertos inmigrantes reciban la residencia legal permanente si han recibido asistencia del gobierno en un período de 12 meses en un lapso de 36 meses.
También afecta a extranjeros que soliciten cualquier otro beneficio migratorio disponible y no demuestren que tienen solvencia económica.
La demanda fue interpuesta por un grupo de estados gobernados por republicanos quienes defienden la regla aprobada durante el gobierno anterior, como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
La corte dijo que considerará si el grupo de fiscales generales republicanos contrarios a la políìtica migratoria de Biden puede defender la regla de carga púbica de Trump, anulada por el actual gobierno a principios de año.
El caso llegó a la corte por un esfuerzo liderado por el fiscal de Arizona, Mark Brnovich, en nombre de los estados demandantes. Tras la decisión, Bronovich dijo en su cuenta de la red social Twitter que se trataba de "una gran noticia: SCOTUS (la Corte Suprema) acaba de aceptar nuestra petición que busca defender la Regla de Carga Pública, que requiere que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos".
La demanda
En el marco una coalición de estados liderados por republicanos, el grupo pidió al máximo tribunal de justicia que revise la regla de carga pública revertida por Biden y que prohíba que los inmigrantes dependan del Estado.
La acción legal alega defender la regla de carga pública activada por el expresidente Trump que limitaba el uso de fondos públicos, entre ellos a inmigrantes que gestionaban la residencia legal prmanente (Green Card o tarjeta verde).
En la demanda, los estados le piden a la Corte Suprema que “defienda” la regla de la administración anterior, una ley federal que prohíba y sancione a los inmigrantes extranjeros “que probablemente dependieran de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes”.
Los estados demandantes son: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas y West Virginia.
Batalla jurídica
A principios de noviembre del año pasado un juez de distrito de Illinois bloqueó la regla de carga pública que implementó el gobierno de Trump. Fue la segunda vez que el juez Gary Feinerman, designado durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), rechazó la norma que había sido reactivada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) el 22 de septiembre tras una batalla legal que terminó en la Corte Suprema.
El pasado 24 de febrero la Corte Suprema ordenó revisar la norma de Trump, pero el 9 de marzo el Departamento de Justicia le informó al tribunal que el Ejecutivo ya no defenderá la norma que había aprobado el exmandatario bajo el amparo de su política de 'tolerancia cero'.
Poco después de la notificación, el tribunal anunció que desestimaba el caso (dismissed) dándole al gobierno de Biden libertad para decidir anularla, modificarla o recuperar la antigua versión de la regla.
Pero ahora, tras la demanda de marzo entablada por los estados republicanos, el tribunal dijo que revisaría si los alegados del grupo demandante puede defender la controvertida regla de carga pública.
La regla vigente
En marzo y tras un año de controversias y disputas jurídicas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin de la regla de carga pública impuesta durante el gobierno anterior y el restablecimiento de la norma aprobada en 1999 que estuvo en vigor hasta el año pasado.
“El secretario del DHS, Alejandro N. Mayorkas, anunció que el gobierno ya no defenderá la regla de carga pública de 2019, ya que hacerlo no es de interés público ni es un uso eficiente de los recursos limitados del gobierno”, dijo el ministerio en un comunicado.
La decisión fue adoptada tras una revisión solicitada en enero por el presidente Biden, quien pidió a miembros de su gabinete delinear una política migratoria enfocada en los “valores” de la nación y no castigar a quienes “acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles”.
Las reformas que se están implementando apuntan a “mejorar el sistema de inmigración legal”, señaló Mayorkas, quien aseguró además que la revisión del sistema seguía en curso.
Claves de la Regla de Carga Pública vigente:
