La nueva regla de carga pública comienza a perjudicar a numerosas familias en el ámbito migratorio, económico y en el acceso a beneficios, advirtiendo incluso riesgos de salud. Un ejemplo es el de una madre hispana de Chicago, quien relata que renuncia a la asistencia médica y alimentaria por temor a complicar su proceso de residencia. Esta drástica decisión también vulnera directamente el bienestar de sus dos pequeños hijos, quienes cuentan con la ciudadanía estadounidense.

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Asociaciones como el California Immigration Project alertan de que vulnera derechos de hogares con miembros de diferentes estatus migratorios, de buscar atención médica, asistencia alimentaria y otros servicios para los que sí cumplen los requisitos.

Ante la entrada en vigor de la nueva regla de 'carga pública' para los migrantes que apliquen a la residencia permanente, N+ Univision 23 Miami salió a preguntarle a la comunidad qué opinan de esta medida del gobierno de Donald Trump.

La nueva regla federal de “carga pública” amplía la discreción de funcionarios migratorios al evaluar algunas solicitudes de residencia y permite considerar el uso de determinados beneficios públicos, incluso por integrantes del hogar. Organizaciones recomiendan buscar asesoría antes de abandonar programas de ayuda. California y otros estados impugnan la medida en tribunales.

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La entrada en vigor de la nueva medida de 'carga pública' otorga mayor discreción a los oficiales para evaluar solicitudes de residencia permanente utilizando factores como Medicaid, asistencia alimentaria y de vivienda. El abogado invitado, Haim Vasquez, detalla en entrevista qué ayudas federales están incluidas, cuáles quedan exentas y por qué las familias no deben cancelar ningún beneficio antes de consultar con un experto legal.

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Oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía obtienen mayor discreción para negar residencias permanentes a migrantes considerados una carga pública, tras la entrada en vigor de una nueva norma que evalúa factores como asistencia en efectivo, subsidios alimenticios y Obamacare. Esta medida entró en vigor este viernes, 18 de septiembre y 22 estados ya demandaron al gobierno federal para bloquear la norma. Los solicitantes de residencia por petición familiar serán de los más afectados.

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