El gobernador Rick Scott se reunió en Bogotá con miembros de la comunidad venezolana que viven en Colombia tras ser desplazados por la crisis que vive su país. Scott le prometió a los venezolanos que llevaría sus peticiones a los niveles más altos de la administración Trump.

Yuba y Orange mantienen contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de la ley estatal que prohíbe la cooperación con la agencia. Activistas manifiestan su molestia por lo que denominan un negocio hecho con inmigrantes.

La protección determinada por Dana Sabraw, juez federal en San Diego, se extiende a menores que fueron separados de sus padres y puestos en proceso de asilo como si hubieran llegado solos a la frontera. Una petición de defensores de inmigrantes sobre la reunificación de familias daría una segunda oportunidad a unos 900 progenitores que tienen orden final de deportación.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en varios negocios y plantas, que dejaron 133 trabajadores y 14 propietarios de negocios detenidos, diciendo que se trata de separación familiar.

El Servicio de Inmigración arresta a 133 trabajadores y 14 propietarios de negocios en redadas en municipios de Nebraska y Minnesota.

Algunos de los negocios donde se produjeron las detenciones son una planta de procesamiento de tomate (Ventures Tomato Processing Plan), una de papa, una granja de vacas, una tienda de comida (El Mercadito) y un restaurante mexicano (La Herradura).