El Senado y la Cámara de Representantes discuten este martes la propuesta bipartidista que desembolsaría al gobierno 4,500 millones de dólares para, entre otros, albergar a los niños y familias inmigrantes, así como mejorar las condiciones en los centros de procesamiento. Sin embargo, activistas rechazan el proyecto ya que aseguran que habrá fondos destinados a ICE y a la Patrulla Fronteriza, agencias que ellos cuestionan por el trato que les han dado a los migrantes y cuyos centros han sido objeto de polémica recientemente.

El gobernador JB Pritzker firmó la ley que permite el uso recreacional de esta sustancia y aseguró que con esta medida habrá más oportunidades económicas y equidad para "cientos de miles de personas". Sin embargo, la normativa incluye restricciones y establece que solo los mayores de 21 años podrán hacerlo. Además, los residentes únicamente podrán comprar o tener en su posesión hasta 30 gramos de marihuana.

Todo ante ante las denuncias de pésimas condiciones en el albergue de El Paso, Texas, donde se habla de menores con pañales y ropa sucia, durmiendo en el piso sin cobijas.

La agencia de noticias AP indicó que la medida ocurre después de que se informara sobre las malas condiciones que muchos menores atraviesan en ese lugar. No está claro a dónde serán trasladados todos los niños.

De cara a los operativos de ICE para detener a indocumentados, que empezarán en una decena de ciudades este domingo según fuentes oficiales, Pedro Trujillo, de la organización CHIRLA, aconseja que los inmigrantes cuenten con un plan familiar para actuar ante esta situación. Agrega que las personas pueden optar por no abrir la puerta de sus casas a los agentes y verificar que las órdenes estén firmadas por un juez. Grabar los hechos o la detención también puede ser una medida de prevención.

A través de un comunicado de prensa, la gobernante de la ciudad aseguró que está al tanto de "la amenaza del presidente Trump con respecto a las redadas de ICE" y que ante esta situación se han implementado acciones a favor de las comunidades inmigrantes. Una de las iniciativas, según dijo el superintendente Eddie Johnson, fue cancelarle el acceso a ICE a algunas bases de datos. Además, concejales de Chicago distribuyeron panfletos para que los indocumentados estén al tanto de sus derechos.