El gobierno de El Salvador negoció en 2012 con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Cinco años después, la justicia salvadoreña ordenó procesar a una veintena de personas involucradas en la negociación, pero no han esclarecido el papel que jugaron los políticos de primera línea que dirigían la seguridad pública.

No ha habido ningún cambio para los centroamericanos y haitianos con este permiso, pero el secretario de Seguridad Nacional causa más incertidumbre con sus últimas declaraciones.

De acuerdo con los funcionarios, se pretende otorgar servicios de asesoría y ayuda a la comunidad de El Salvador.

La creciente violencia que sacude a muchas regiones de El Salvador por la presencia de pandilleros y la ausencia de un estado capaz de proteger a sus ciudadanos ha conllevado a que los residentes de las comunidades rurales afectadas le hagan frente a esa crisis de inseguridad con controversiales grupos civiles armados.

Fundada hace décadas en Los Ángeles, tenía como propósito proteger a los salvadoreños que huyeron de la violencia. Sin embargo, la Mara Salvatrucha se degeneró hasta convertirse en una sanguinaria pandilla con presencia internacional.

Armados con machetes, este grupo de hombres patrulla las calles de su pueblo para combatir la violencia. Aseguran que los pandilleros aterrorizaban a los vecinos e incluso mataron a una pareja de ancianos como parte de un rito de iniciación.