Para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos el futuro es incierto. Pero muchas veces la solución se encuentra a la vuelta de la esquina.

Activistas proinmigrantes se reunieron afuera del Ayuntamiento de San Francisco para pedir al alcalde y la Mesa Directiva de Supervisores aporten los fondos necesarios para la defensa contra las deportaciones.

Timothy Killeen, presidente de la institución, dijo que los ayudaría aunque el lugar no sería santuario para los inmigrantes ilegales. Un grupo de profesores le pidieron revelar las medidas antes de la posesión de Donald Trump.

En las últimas semanas se han incrementado los casos de inmigrantes que a través de una llamada telefónica son amenazados con ser deportados sino pagan una suma de dinero.

Proteger a esta población de los cambios que propuso Donald Trump fue una promesa de campaña de la representante por California. Harris derrotó el pasado 8 de noviembre a Loretta Sánchez.

La ley dice que la solicitud de asilo debe presentarse dentro del primer año de ingreso al país, pero hay excepciones cuando existen razones de peso.