La Unión Americana de Libertades Civiles aseguró que la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presuntamente consistiría en citar a personas que aplican a la residencia permanente, como si fuera parte de su trámite migratorio, con el objetivo de detenerlos y deportarlos. Esto estaría afectando principalmente a parejas de inmigrantes cuando están en entrevistas ante el USCIS.

La noticia le llegó inesperadamente a Jessica Lemus, quien en 2015 había recibido un perdón administrativo provisional de deportación y un permiso de trabajo que renovaba cada año. Ahora su gran temor es lo mucho que la van a necesitar sus hijos si es deportada del país.

Los manifestantes aseguran que les ha tocado recurrir a abogados para obtener sus permisos de tránsito por territorio mexicano y llegar a EEUU, pero esto aumenta notablemente los costos de los procesos. Además, critican la lentitud de los funcionarios en las oficinas.

La organización ACLU asegura que a los deportados no les dieron la oportunidad de decidir si se llevaban a sus hijos o los dejaban en territorio estadounidense. Alegan que el gobierno no cumplió con la orden de reunificar a las familias separadas en la frontera.

Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

Los expertos alertan sobre el adelanto de los procesos sin notificar a los abogados y sin ofrecer el tiempo suficiente para preparar adecuadamente la defensa. Advirtieron que las cortes estarían violando los derechos de sus clientes si no hacen las notificaciones con los tiempos necesarios.