León Santos Zacaría alega que en la Junta de Apelaciones de Inmigración no completó el debido proceso y el tribunal desestimó su caso. Posteriormente, en enero, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, rarificó el dictamen y teme que, si es deportada, su vida esté en peligro.

Investigadores hallaron que ICE aumentó el uso de monitores de tobillo y teléfonos inteligentes para monitorear inmigrantes que se encuentran en proceso de deportación, quienes no constituyen una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Cuatro meses después de ser implementada en dos puertos fronterizos de Texas, es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para reparar un sistema que tanto demócratas como republicanos lo definen como “roto”, pero no se ponen de acuerdo en el Congreso para asignar fondos y repararlo.

Unos 700,000 soñadores protegidos de la deportación bajo DACA y 82,000 cuyas solicitudes de inscripción permanecen detenidas por orden judicial aguardan un fallo clave que decidirá su futuro en EEUU. Mientras tanto, se preparan para insistir que el gobierno y Congreso le brinden una solución permanente.

En la demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles argumenta que los inmigrantes detenidos en las instalaciones de ICE “a menudo se ven privados funcionalmente del acceso a consejo legal” para navegar por el debido proceso migratorio.

El DHS aseguró que “en la mayor medida posible, ICE y CBP no llevan a cabo operativos de inmigración en áreas protegidas, como a lo largo de las rutas de evacuación, albergues o lugares de distribución de suministros de emergencia, alimentos o agua, o sitios de registro para asistencia". Sigue en nuestro minuto a minuto las últimas noticias sobre el huracán Ian.