La SB 1718 ue promulgada por el gobernador Ron DeSantis en mayo y es considerada la ley migratoria más dura de todo EEUU. No solo mantiene en alerta al clave sector agrícola del estado, sino también a las iglesias que claman que la medida no cauce separaciones familiares.

Este viernes, la Corte Suprema decidió mantener las prioridades de deportación del gobierno Biden. El abogado Alex Gálvez explicó que quienes tengan una convicción de felonía agravante, quienes representen una amenaza para la seguridad nacional, pública o fronteriza son los que están en riesgo. “Los inmigrantes que han estado aquí por mucho tiempo, que tienen familia y que han pagado impuestos son contribuyentes y no deberían ser deportados tan fácil”, dijo el experto. Más noticias en Univision.

El ser indocumentado en Estados Unidos no es causal de deportación inmediata, pero los agentes federales de inmigración tienen amplia discrecionalidad para detener, arrestar y expulsar a un indocumentado. Pero cuidado si entró sin papeles o de manera indocumentada después del 1 de noviembre de 2020.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la administración de Biden para mantener las prioridades de deportación a las personas que representen una amenaza para la seguridad pública. La abogada Pamela Dones explica los detalles de esta decisión y cómo puede beneficiar a la comunidad inmigrante. “Las personas que tienen un récord criminal limpio y que de verdad no son un problema para la seguridad de Estados Unidos pueden estar tranquilas”, indica Dones.

La Corte Suprema ratificó una sección de la ley federal que castiga con varios años de cárcel a quienes induzcan a inmigrantes a venir a Estados Unidos y permanecer en el país de forma irregular. La abogada Jessica Domínguez explicó que el alto tribunal determinó que esta práctica no está protegida por la Primera Enmienda sobre libertad de expresión. Asimismo, la experta se refirió al rechazo de una demanda que pretendía modificar las prioridades de deportación del gobierno Biden.

El reglamento del DHS sobre las deportaciones detalla que los agentes deben evaluar si el no ciudadano “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública", así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” cometida por el extranjero antes efectuar una deportación.