Activistas y organizaciones civiles buscan aumentar la participación hispana de cara a las elecciones primarias en Maryland. Aunque más de 275 mil latinos son elegibles para votar en el estado, líderes comunitarios destacan la importancia de registrarse y ejercer el voto. Las votaciones anticipadas iniciarán la próxima semana y habrá opciones para registrarse el mismo día.

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Conductores en el condado Montgomery expresan preocupación por una nueva ola de robos a vehículos, luego de que 15 autos fueran afectados en una sola noche. Autoridades señalan que los delincuentes aprovechan descuidos, como dejar objetos de valor a la vista o vehículos sin seguro. También alertan sobre robos de bolsas de aire, llantas y convertidores catalíticos.

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Residentes de Maryland expresan preocupación por el aumento en los precios de la gasolina, especialmente entre la clase trabajadora. Aunque analistas señalan que el incremento ha sido de apenas unos centavos, con un promedio estatal de 4.14 dólares por galón, muchos consideran que el alza sigue afectando la economía de las familias con menos recursos.

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Kiara Ochoa, la madre de un niño de 11 años, denuncia que su hijo sufre bullying por parte de uno de sus compañeros de escuela que lo ha llegado a agredir físicamente y lo amenazaba con llamar a ICE, ya que son originarios de Honduras. Ochoa pide ayuda a las autoridades escolares de Laurel, pues el menor ha intentado quitarse la vida y está a punto de perder el año escolar.

Trabajadores y estudiantes del condado de Montgomery advierten que los recortes presupuestarios podrían afectar especialmente a alumnos inmigrantes y recién llegados a EEUU que dependen de apoyo emocional, traducción y orientación escolar. Entre las posibles medidas está la eliminación de 425 puestos y la reducción del 75% del personal que atiende a estudiantes multilingües en más de 200 escuelas del distrito.

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Un grupo de alguaciles de Maryland demandó al estado por nuevas leyes que limitan la colaboración con agentes federales de inmigración. Los oficiales aseguran que estas medidas dificultan su trabajo y podrían afectar la seguridad pública, por otro lado, defensores de las políticas santuario consideran que buscan proteger a las comunidades inmigrantes y evitar abusos.

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