Los propietarios de diferentes negocios del área de Inland Empire fueron demandados por un hombre en condición de discapacidad, que exige una compensación económica. El demandante alega que varias estructuras como parqueaderos y baños no son adecuadas para personas como él.

Un juez revirtió la decisión del jurado, que le había otorgado cerca de 1,000,000 de dólares por daños y sufrimiento a la familia, asegurando que el oficial Robert Rialmo disparó en defensa propia.

La víctima falleció hace un año mientras se encontraba recluido en la cárcel del condado y sus familiares aseguran que no le prestaron los servicios médicos que necesitaban.

Según la demanda, el inmigrante hondureño dice que recibió golpes y fue privado de alimentos. Además señaló que lo obligaban a desnudarse y a permanecer en régimen de aislamiento.

Ambientalistas demandaron a la ciudad por supuesta violación a las leyes federales, argumentando que no se han realizado pruebas suficientes en sitios de alto riesgo. Los encargados aseguran que las acusaciones son falsas.

Un grupo de fiscales estatales se unieron para combatir la política de cero-tolerancia del presidente Trump buscando terminar con la separación de familias.