A poco más de cuatro meses de la elección presidencial, las posturas migratorias de ambos candidatos se distancian. Mientras Biden insiste en la reforma migratoria y el respeto al debido proceso, Trump amenaza con redadas, campamentos para extranjeros arrestados, deportaciones masivas de indocumentados y restricciones a la inmigración legal.

Una vez aprobada la petición caso por caso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los beneficiarios dispondrán de un plazo de tres años para gestionar la residencia legal permanente (LPR).

Lo hicieron en una carta y en medio de la expectativa a que el presidente Joe Biden anuncie, el martes durante un festejo de los 12 años de DACA, una orden ejecutiva que otorgará beneficios a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven en EEUU.

La semana pasada, el empresario y corredor de seguros dominicano José Uribe, testigo estrella en el caso que se le sigue a Bob Menéndez, senador por Nueva Jersey, hizo declaraciones comprometedoras. Este lunes, Uribe volvió a corte, donde trató de convencer al jurado de que tenía una gran relación amistosa con Nadine Menéndez, esposa del congresista. El empresario dijo que el trato con Nadine, para que el demócrata protegiera sus negocios y a su familia, era de dos partes.

Los críticos de la medida dicen que pondrá a los migrantes en peligro y violará las obligaciones internacionales de brindar refugio seguro a personas cuyas vidas están amenazadas. La administración Biden lo niega. Los desafíos legales son inminentes. Estas son algunas preguntas y respuestas sobre cómo se espera que funcione la nueva medida de Biden.

¿Cuándo entra en vigor y cuándo podría finalizar? ¿A qué personas no afectará? ¿Cómo impactará sobre programas como el CBP One? Aquí te lo contamos.