El juez Glen Whitley dijo que la ciudad debe pasar una ordenanza que multe a los residentes que incumplan las normas establecidas para hacerle frente a la pandemia. "Esta será nuestra última opción" en la lucha contra el covid-19, aseguró.

Decenas de personas se reunieron para pedir que los vuelvan a contratar cuando los huéspedes comiencen a llegar de nuevo a la ciudad. "No es fácil, usted tiene su trabajo de tantos años y de momento le informan que no trabaja más para la compañía", dice una afectada. Según el Departamento de Comercio de Illinois, al menos 62 hoteles de Chicago han despedido a más de 12,000 trabajadores debido a la pandemia.

María Cerda, la primera mujer hispana en hacer parte de la Junta de Educación de la ciudad, falleció a sus 86 años tras batallar contra el virus. "Es muy importante proteger a tu familia, es muy fuerte y puede matar, por favor, tienes que usar máscara", dijo su hija, quien también lucha contra la enfermedad al igual que su padre de 93 años.

"El objetivo de esta comida es llegar a los estómagos de los más necesitados. Es una gran satisfacción cocinar", dijo Natalia Méndez, propietaria del restaurante La Morada. Actualmente, ella y su familia reparten más de 1,200 comidas diarias en el sur de El Bronx. Los alimentos son hechos con donaciones de la comunidad. "Hay otra riqueza que no es de millones sino de valores", dijo. Más información aquí.

A pesar de tener permiso de trabajo y las credenciales laborales necesarias, David Rodríguez no obtuvo un empleo en la empresa Procter and Gamble porque es beneficiario de DACA. La compañía argumenta que la ley le permite no contratar a dreamers, pero una jueza federal falló a favor del joven indicando que puede seguir con su litigio legal. Más noticias aquí.

El activista Ed Yohnka explica que las autoridades solo están indicando medidas que limitan la forma en la que actúan los habitantes, por ejemplo, "no pueden ir a misa en persona, pero pueden hacerlo por internet, no les quitan el derecho de expresar su fe". Él asegura que estas normas no quebrantan ningún derecho constitucional y se basan en cuestiones de salud pública.