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Miedo y familias rotas: los deportados de la era Obama recuerdan cómo la expulsión truncó sus vidas

Tres historias muestran cómo las deportaciones quizás no sirvan para sacar grandes cantidades de indocumentados del país, pero siembran el temor entre los inmigrantes.
26 Mar 2017 – 9:05 AM EDT


Por: Tanya Golash-Boza, profesora de la Universidad de California, Merced

Aunque es difícil obtener cifras exactas, algunas estimaciones muestran que las redadas en casas que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) nunca han resultado en más de 30,000 arrestos en cualquier año determinado. A ese ritmo, tomaría a los agentes de inmigración un total de 366 años deportar a los 11 millones de migrantes indocumentados con operativos de vivienda en vivienda.

Mi investigación, sin embargo, ha demostrado que las redadas de inmigración no tienen la intención de deportar grandes cantidades de personas. En cambio, son eficaces principalmente en propagar el miedo entre los inmigrantes.

El 25 de enero de 2017, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva prometiendo aumentar el número de agentes del ICE, de 5,000 a 15,000. Si se aprueba, esta expansión podría aumentar el número de estos arrestos a 90,000 al año.


Los agentes de ICE que realizan redadas en casas son los encargados de detener y deportar a extranjeros criminales y extranjeros prófugos. Un extranjero prófugo es un extranjero que no se presenta ante la corte de inmigración. Un extranjero criminal es cualquier extranjero condenado por un crimen. En muchos casos, estas redadas resultan en la detención y, a veces, deportación de inmigrantes que no son extranjeros criminales ni prófugos - éstos son los que ICE llama "arrestos colaterales".

Cuando el expresidente Barack Obama tomó posesión de su cargo en 2009, las redadas de inmigración en casas eran comunes. En el transcurso de la administración Obama, los agentes del ICE comenzaron gradualmente a ejercer mayor discreción. Notablemente, dejaron de hacer arrestos colaterales.


Durante los dos primeros años de la administración Obama, entrevisté a 147 personas que habían sido deportadas. La actual ola de redadas bajo la administración Trump recuerda ese momento. Conocer a algunas de las personas afectadas por las redadas en casas nos puede ayudar a entender cómo las personas están siendo blanco de estas prácticas actualmente.

Melvin: Extranjero criminal

Melvin se mudó a Estados Unidos en 1986, cuando tenía 18 años de edad. Vino para reunirse con su padre, quien lo había abandonado en Guatemala cuando era un niño pequeño.

(Melvin, al igual que los otros nombres utilizados en este artículo, es un pseudónimo. Las directrices éticas de la Universidad de California exigen que se proteja la identidad de los deportados que entrevisté).

Melvin fue aprendiz en instalación de pisos y, finalmente, abrió su propio negocio. Después de una década, ganaba 15,000 dólares al mes y él, su esposa y sus dos hijos vivían cómodamente en el norte de Virginia.


Deportados de la era Trump: los rostros detrás de las cifras (FOTOS)

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Melvin había tenido problemas con la ley en 1995, cuando fue acusado de homicidio involuntario y de chocar y fugarse tras golpear un cadáver en la carretera. Dijo que se fue de la escena porque le dio miedo - una decisión que él reconoce no fue la correcta.

El cargo de homicidio fue retirado cuando el forense reveló que la persona ya estaba muerta cuando Melvin la atropelló, pero Melvin cumplió una pena de prisión de 1 año por chocar y fugarse (conocido como hit and run).

En 2005, agentes de inmigración tocaron a la puerta de Melvin. Le estaba leyendo un libro a su hijo cuando su esposa abrió la puerta. Explicó lo que sucedió después:

"Ellos tuvieron que amenazarla con una pistola porque se estaba poniendo agresiva, les dijo 'Entonces, ¿van a dejarme aquí con mis hijos? Él es el cabeza de familia. ¿Se lo van a llevar?'... Ellos dijeron, 'Lo sentimos. Sólo estamos haciendo nuestro trabajo'".


Como residente permanente legal en Estados Unidos, Melvin gastó 15,000 dólares en abogados, pero fue en vano: cumplió varios meses en centros de detención de inmigrantes, y luego ICE lo envió de vuelta a Guatemala. Su esposa y sus hijos lo vendieron todo y se reunieron con él.

Lamentablemente, la conmoción que implica el traslado a un nuevo país trajo tensiones a su matrimonio. Después de aproximadamente un año y medio, se divorciaron, y la esposa de Melvin regresó a EEUU con los niños.

Ella trabaja en una gasolinera y vive con su madre, una situación muy diferente a la que tenía en la casa con cinco cuartos que ella y Melvin compartieron alguna vez.


Vern: Extranjero prófugo

En 1991, cuando tenía 20 años, Vern salió de Guatemala camino a EEUU, donde pidió asilo político. En su país había recibido amenazas de muerte por intentar organizar un sindicato. El Servicio de Inmigración y Naturalización le expidió un permiso de trabajo mientras su caso estaba siendo procesado, y comenzó a trabajar en una planta de alimentos congelados en Ohio.

Se casó con una mujer hondureña, María, que también estaba solicitando asilo político. Recibieron permisos de trabajo cada año durante siete años, lo que les permitió seguir trabajando legalmente. Su primer hijo nació en 1996.

En 1998, Vern recibió un aviso del Servicio de Inmigración y Naturalización, declarando que debía salir de EEUU - su solicitud de asilo había sido negada. Vern quedó devastado. Había hecho una vida en EEUU, y tenía pocos vínculos con Guatemala.

Decidió quedarse, con la esperanza de que la solicitud de su esposa fuera aprobada y ella pudiera solicitar la legalización de su situación. Tuvieron otro hijo. Vern hizo todo lo que pudo para evitar problemas con la policía – nunca bebía y seguía la ley en todo momento. Aprendió inglés y trató de integrarse lo más posible.


Una mañana de domingo, cuando la familia se estaba preparando para ir a la iglesia, Vern escuchó fuertes golpes en la puerta.

"Llamaron desde afuera: 'María López, somos de inmigración. Tenemos que hablar con usted. María no tenía nada que temer, así que bajó. Preguntaron, '¿Su marido vive aquí? '".

Cuando Vern apareció, los agentes del ICE lo esposaron y lo subieron a su coche. Su esposa y sus dos hijos quedaron destrozados cuando vieron que se llevaron a Vern. Como Vern ya tenía una orden previa de deportación, no se le dio la oportunidad de explicarle al juez por qué no había acatado su orden de deportación. Ocho días después, Vern fue deportado a Guatemala.

María tuvo que arreglárselas para subsistir con su trabajo en el que recibía el salario mínimo. Vern tuvo que aprender a readaptarse a Ciudad de Guatemala, de donde había salido hacía 18 años.


Máximo: Arresto colateral

Como ciudadano dominicano que vivía en Puerto Rico, Máximo compartía un apartamento en San Juan con otros dos hombres – un venezolano y un puertorriqueño. Una mañana de 2010, escucharon golpes en la puerta. Máximo intentó seguir durmiendo, pero los golpes se hicieron más fuertes. Finalmente, se levantó para abrir.

Justo antes de llegar a la puerta, quienes estaban tocando decidieron romperla. Máximo se encontró rodeado de varios agentes armados, algunos vestían chaquetas que decían "ICE".

Los agentes no indicaron que tenían una orden para el arresto de una persona específica. En su lugar, exigieron ver a todos los ocupantes de la casa, les apuntaron con sus armas y les ordenaron sentarse en el suelo. Cuando le pidieron a Máximo su identificación, él les dio su pasaporte dominicano. Le preguntaron si estaba en el país ilegalmente. Él dijo que sí.

Máximo fue arrestado y llevado a un centro de detención de inmigración. Firmó un formulario de salida voluntaria y fue deportado a Santo Domingo en la República Dominicana dos días más tarde.


Una salida voluntaria le permitió a Máximo ser deportado rápidamente. Podía haber solicitado una audiencia de inmigración, pero habría tenido que pasar meses en detención a la espera de su audiencia, y sus posibilidades de obtener la legalización eran escasas. Aunque Máximo era indocumentado, tenía derechos constitucionales contra registros o confiscaciones injustificadas, y esos derechos fueron violados.

Los agentes encargados de la aplicación de la ley tienen la autoridad para romper la puerta de una casa si tienen una orden de allanamiento y si no se abre la puerta. Sin embargo, los agentes de inmigración casi nunca tienen órdenes de allanamiento. Las órdenes que consiguen son órdenes administrativas que no les permiten entrar en casas sin el consentimiento de los ocupantes.


Las redadas en casas suelen ocurrir temprano en la mañana para garantizar que los objetivos se encuentren en el hogar. En muchos casos, esto significa que estas redadas ocurren cuando la familia entera está en casa y los niños tienen que ver a sus padres expulsados por la fuerza de la casa. En algunos casos, estos niños nunca verán a sus padres de nuevo.

Lo que investigué me dice que estas redadas no son un medio eficaz para la aplicación de las leyes de inmigración, pero sí son eficaces para propagar el miedo y destruir familias.


The Conversation

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