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Inmigrantes indocumentados

El temor de vivir sin una licencia de conducir en Oklahoma, un estado con una amplia mano de obra indocumentada

Un estado que ha dejado clara su postura contra la inmigración indocumentada en una serie de legislaciones sufre para llenar las vacantes laborales en restaurantes, hoteles y fábricas. Ahora hay menos operativos de ICE y la policía “ya no es tan agresiva”, afirman activistas, que lo consideran un viraje por conveniencia económica.
12 Sep 2021 – 11:30 AM EDT
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Si los legisladores del estado de Oklahoma hubieran aprobado la propuesta de ley HB 2989 hace un año, el mexicano Óscar Rodríguez manejaría con una licencia oficial, sin temor a que un policía lo detenga, le imponga una multa y le decomise el auto. En el peor de los casos, el agente lo detendría para verificar su identidad en una base de datos que también usan las autoridades migratorias.

“Depende del policía. Si te toca uno bueno te pide la licencia y si le das la matrícula consular te da un ticket (infracción) por manejar sin licencia. Pero también tiene la opción de llevarte a la cárcel, donde están las oficinas de inmigración, y te pueden deportar. Son muchos los riesgos”, dijo Rodríguez, quien es originario de San Luis Potosí, en una entrevista con Univision Noticias.

California, Nueva York, Colorado, Oregon, illinois y otros estados entregan permisos de conducir especiales a los indocumentados, pero Oklahoma optó por negarles ese privilegio. Su decisión dejó a la deriva a 85,000 inmigrantes sin papeles, quienes conforman el 38% de la población extranjera.

A quienes ni siquiera tienen una identificación de su país, ya sea un pasaporte, una matrícula consular o una credencial electoral, les va peor cuando son detenidos por un patrullero. Activistas dicen que eso está ligado a otro problema que enfrentan los mexicanos en ese estado: no tienen un consulado allí y el más cercano está a 340 millas de distancia, en Little Rock, Arkansas. Llegar a esa oficina diplomática implica hacer un viaje de unas 12 horas (6 horas en cada sentido) o recorrer medio estado por carretera, arriesgándose a que un policía los detenga en ese largo trayecto.

“Es de extremada urgencia tener un consulado aquí”, dice Rodríguez, quien cuenta que varios paisanos se han accidentado de camino a Little Rock, como le pasó a un zacatecano que regresó mutilado a su tierra tras vivir 16 años en Oklahoma. “En el camino un tráiler se atravesó y él perdió sus dos piernas”.

El gobierno de México reconoce que la región del Medio Oeste de EEUU, a la cual están llegando cientos de connacionales buscando empleo y un costo de vida más bajo, representa un reto. Otro consulado en esa zona, el de Kansas City, debe atender una extensión territorial que equivale al tamaño de España, comparó Jaime Vázquez Bracho Torres, director general de servicios consulares de la Cancillería, en una conferencia hace unos días.

Para hacer frente a esa enorme necesidad, la Cancillería se ha propuesto intensificar los llamados ‘consulados móviles’, un programa por el cual trabajadores del servicio exterior se instalan en tiendas y oficinas de ciudades lejanas a las sedes para otorgar documentos. A Oklahoma llegan pocas veces al año, lo que hace imposible resolver la obligación de manejar a Arkansas. Activistas afirman que ahora es casi imposible hacer un trámite en la oficina de Little Rock por el caótico sistema de citas.

Desde hace tiempo, líderes comunitarios le han pedido a su gobierno que abra un consulado en una de las ciudades más grandes de Oklahoma, ya sea en Oklahoma City o en Tulsa. Este medio llamó al consulado de Little Rock pidiendo una entrevista para hablar sobre esa propuesta, pero su titular no estuvo disponible hasta la publicación de esta nota.

Contra las leyes santuario

El proyecto de ley para otorgarle licencias a los indocumentados en ese estado, el HB 2989, tuvo solo un día de vida en el Capitolio. Su primera lectura se realizó el 3 de febrero de 2020 y al día siguiente, cuando llegó al Comité de Seguridad Pública, fue rechazado por 11 legisladores. Solo uno votó a favor.

Entre los requisitos que proponía estaban presentar identificaciones consulares con fotos para demostrar la identidad y edad del solicitante, además de incluir traducciones certificadas al inglés.

En contraste, los políticos de Oklahoma y el gobernador republicano Kevin Stitt, quien públicamente ha aplaudido las duras políticas migratorias que promulgó el expresidente Donald Trump, aprobaron en enero una ley (SB 572) que prohíbe a cualquier ciudad del estado adoptar políticas santuario.

“Mi legislación tiene como objetivo detener las políticas santuario que proporcionarían un refugio a estos criminales”, dijo su autor el senador estatal republicano Nathan Dahm.

Dos meses después, el Senado de Oklahoma dio luz verde a una propuesta legislativa (HB 2774) que obliga a todas las agencias del orden acatar las solicitudes para retener a un indocumentado detenido hechas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). A finales de abril, el gobernador Stitt la firmó.

“Con todos los problemas en nuestra frontera sur, la cantidad de inmigrantes ilegales en nuestro estado aumenta diariamente, por lo que es imperativo que nuestra policía, alguaciles y otros oficiales del orden tengan una dirección clara para permitir que ICE haga su trabajo e intercepte a los ilegales en nuestro sistema carcelario”, dijo uno de sus autores, el republicano David Bullard, en un comunicado.

A pesar de estas leyes antiinmigrantes, la Policía de Oklahoma City afirma que sigue en pie su política que prohíbe a sus oficiales indagar si los conductores sin licencias son indocumentados. “Aceptaremos una licencia de conducir extranjera siempre que la persona también tenga un pasaporte válido en su poder… No contactamos a ICE, ya que no verificamos el estatus migratorio”, dijo Gary Knight, vocero de la agencia, respondiendo a una serie de preguntas enviadas por Univision Noticias.

“Conducir sin una licencia es un delito por el que puede una persona ser arrestada. Pero en la mayoría de los casos, un oficial escribirá una citación y dejará ir al automovilista”, señaló Knight, quien enfatizó que ese departamento no aplica las leyes migratorias y trata de ganar la confianza de los inmigrantes para que denuncien cuando son víctimas de algún delito.

El portavoz dijo que no tenía las cifras de choferes sin licencia multados en años recientes y que no guardan las estadísticas sobre autos decomisados. El mexicano Rodríguez dice que él ha pagado unos 225 dólares como castigo por no tener licencia y otros 400 dólares por sacar su auto del corralón. En total, una vez que lo detuvieron desembolsó unos 1,000 dólares.

Una contribución millonaria

Es indudable la aportación de los 230,000 inmigrantes (con y sin papeles) que viven en Oklahoma. Ellos pagaron más de 1,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y municipales en 2018, según un reporte del American Immigration Council.

El instituto indica que ese año los indocumentados pagaron $91.3 millones en impuestos federales y $77.6 millones en impuestos estatales y locales. Por su parte, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aportaron $15.3 millones al fisco estatal y municipal.

Además, son dueños de casi 15,000 negocios que generaron 252.3 millones de dólares en ingresos comerciales en 2018 y representaron el 7% de los residentes autoempleados en Oklahoma. El American Immigration Council destaca que, como consumidores, todos los inmigrantes representan “miles de millones de dólares” a la economía estatal.

Uno de cada 16 habitantes de Oklahoma nació en otro país. El grupo más grande lo conforman los oriundos de México (45%) y la gran mayoría -independientemente del país nativo- hablan inglés “bien” o “muy bien” (74%).

Por sectores de la economía, hay 26,000 inmigrantes trabajando en servicios de alimentación, otros 23,000 se dedican a la construcción, 21,000 a la manufactura y casi 17,000 están en el área de la salud y la asistencia social (tan necesarios en esta pandemia).

Estas cifras debaten lo postulado en una de las legislaciones más duras contra los inmigrantes que se hayan promulgado en ese estado, la HB 1804. Entró en vigor en 2008 dándole autoridad a la Policía de indagar el estatus migratorio de cualquier persona con la que interactuaran, restringir que obtuvieran servicios sociales y castigar a quienes les dieran empleo, transporte o vivienda.

“El estado de Oklahoma encuentra que la inmigración ilegal está causando dificultades económicas y anarquía en este estado y que se fomenta la inmigración ilegal cuando las agencias públicas dentro de este estado brindan beneficios públicos sin verificar el estado migratorio”, señala dicha norma.

“La gente sigue llegando”

Los comunicados emitidos por la oficina de ICE en Dallas, Texas, cuya jurisdicción abarca Oklahoma, dan cuenta de cómo la administración Trump les hizo la vida cansada. Hubo una redada que resultó en 70 detenidos en 2017, una acción policial puso tras las rejas a 98 inmigrantes en 2018 y otras 75 personas fueron puestas bajo custodia federal en 2019.

La percepción de activistas consultados por Univision Noticias es que los operativos de ICE dejaron de ser tan constantes durante la administración de Joe Biden, lo cual no pudo ser confirmado. ICE pidió a este medio unos días para entregar estadísticas sobre arrestos de inmigrantes en Oklahoma en los últimos años, pero más tarde dejó de responder los mensajes enviados por esta redacción.

Linda Allegro, directora ejecutiva de la organización El Centro: New Sanctuary Empowerment Center, dice que el gobierno de Oklahoma ha pasado de aplicar una “política xenófoba y racista”, a dejar de perseguir a los inmigrantes por lo que ella entiende como un interés netamente económico.

“Lo que vemos es que hay escases de trabajadores y los únicos que están llenando esas vacantes en restaurantes, hoteles y fábricas son los inmigrantes. La policía ya no está tan agresiva porque en realidad los necesitan…. Hasta los republicanos antiinmigrantes se están quedando callados”, dijo.

Líderes comunitarios han notado que, a pesar de la pandemia, siguieron llegando inmigrantes de Texas y otros estados cuyo costo de vida es alto. Les sorprende que allí pueden encontrar casas desde 25,000 dólares, mientras en California el costo promedio de una vivienda es de unos 500,000 dólares. En Oklahoma, sin embargo, reciben uno de los sueldos mínimos más bajos del país, 7.25 dólares por hora.

El mexicano Óscar Rodríguez cuenta cómo las familias de sus conocidos han crecido en poco tiempo. “Amigos y compañeros de trabajo que estaban solos hace cinco años, ya se trajeron a sus esposas y a sus hijos. La gente sigue llegando”, dice.

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