La estafadora que debe $1 millón a 91 inmigrantes: por qué pocas víctimas de fraude recuperan su dinero

“Tenía una oficina grande y platicaba muy bonito”. Así recuerda ‘Esperanza’ a Tanya García, quien se hizo pasar por una abogada de inmigración y defraudó a varios hispanos en el sur de California.

‘Esperanza’, cuyo nombre real se omite porque es indocumentada, cuenta que hasta pidió dinero prestado en un banco para pagarle a García. Quería tramitar una residencia permanente a través de tres hijos nacidos en este país. Ella emigró de México en 1982 y desde entonces ha vivido en las sombras.

“Una parte del dinero se la dimos donde trabajaba y para recibir la otra parte ella vino a la casa. Le pagamos alrededor de 4,750 dólares”, relató ‘Esperanza’ sobre esa estafa que le pegó sobre todo en el bolsillo. “Aparte del trauma de no tener nada porque me engañó, tuve que pagarle al banco. Lo que le di no era un ahorro. Me afectó bastante”, dijo en una entrevista con Univision Noticias.

Tanya García no era el típico ‘notario público’: trabajó como asistente en varias firmas de abogados de inmigración en Los Ángeles y fingía tener una licencia para ejercer esa profesión. Lo que hacía era quedarse con los pagos de los trámites de legalización y honorarios de sus jefes. Debido a su negligencia no fueron presentados varios procesos en el Servicio de Ciudadanía y Naturalización (USCIS).

De 2014 a 2018 robó más de 180,000 dólares que le entregaron seis clientes. Ella cobraba los cheques y giros postales que le daban. García fue arrestada en agosto de 2019 por múltiples cargos de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Si es declarada culpable enfrentaría una larga condena de 122 años de prisión, según el Distrito del Centro de California de la Fiscalía federal.

Este tipo de casos se volvieron comunes desde el inicio de la administración Trump, que endureció las políticas migratorias. Decenas de ‘notarios públicos’ han sido arrestados por fraude migratorio en años recientes. Por el temor a las deportaciones, los indocumentados se acercaron a la persona equivocada.

Si ya de por sí es difícil enjuiciar a estos delicuentes porque los inmigrantes no se atrevan a denunciarlos, es todavía más complicado que les paguen a los afectados.

“Aunque haya una orden de la corte para que les paguen a las víctimas, en la mayoría de los casos no ocurre porque esta gente ya se gastó el dinero y no tienen ingresos estando en la cárcel. Eso es durísimo para las víctimas”, dijo a este medio Leonard Torrealba, encargado de la unidad contra el fraude de notarios de la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

“Es quitarles todos sus ahorros”

Este equipo especial de fiscales se creó oficialmente en abril de 2019, pero lleva funcionando desde hace unos cinco años. En ese tiempo han ayudado a unas 1,500 víctimas de fraude migratorio, la mayoría mexicanos y centroamericanos. Pero muy pocos han recibido siquiera una parte de lo robado. La pérdida promedio es de 5,000 dólares, aunque en algunos casos las cifras fueron más altas.

“He tenido casos que perdieron más de 10,000 y 20,000 dólares. Eso es quitarles todos sus ahorros”, lamentó Torrealba. “Por eso abrimos esta unidad: porque había casos grandes y el migrante es una víctima tan vulnerable que se necesitaba hacer algo para protegerlos”, puntualizó.

Las autoridades creen que algunos fraudes ni siquiera son denunciados porque los agraviados tiene miedo a terminar en la lista negra del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta semana, una mujer de Los Ángeles fue condenada a seis años de cárcel porque se hizo pasar por abogada de inmigración y agente de bienes raíces. Defraudó a por lo menos 38 personas, a quienes les robó más de 360,000 dólares.

Cuando algunos descubrieron el esquema fraudulento de Eblin Balver, de 53 años, ella les advirtió que “tenía conexiones con la mafia” y con ICE, de acuerdo con la Fiscalía angelina.

La mayoría de los afectados jamás obtuvieron los trámites de residencia permanente que ella les prometió. Uno de los ganchos que usó fue decirles que conocía a jueces de inmigración que le ayudaban a que sus casos fueran aprobados rápidamente.

Si bien un juez le ordenó pagar 360,000 dólares en restitución a las víctimas, pocos creen que lo cumpla.

Dos defraudadores que no han pagado

Varios otros estafadores están purgando condenas en la cárcel y jamás han devuelto un centavo. En las peores situaciones, los inmigrantes terminaron bajo custodia federal o los regresaron a sus países de origen.

Uno de esos casos es el de Gregory Chávez, un hombre que robó decenas de miles de dólares a familias migrantes que pensaban les ayudaría a sacar a sus seres queridos de cárceles de ICE en California. Les decía que era un “agente especial” y les mostraba una placa de Policía falsa. Jamás liberó a nadie.

En 2017, un juez lo sentenció a 10 años de prisión y le obligó entregarles casi 550,000 dólares a los agraviados. A la fecha no lo ha hecho, dijo el fiscal Torrealba.

La historia se repitió con Romina Aida Zadorian, quien en febrero de 2019 fue condenada a 15 años de cárcel por defraudar a varios hispanos en Los Ángeles durante tres años. Les juraba que agilizaría sus procesos para obtener tarjetas de residencia permanente, visas y procesos de ciudadanía. A unos les dijo que era abogada de inmigración y a otros que trabajaba para el gobierno. Pero jamás logró algo.

Sus 91 víctimas siguen esperando que les entregue 667,396 dólares, como le ordenó un juez. Ella ya había sido condenada en 2009 por el delito de robo. Por ambos casos ella está obligada a pagar más de un millón de dólares. Por eso los fiscales dudan que algún día llegue a entregar todo ese dinero.

Hay tantas víctimas pidiendo que les devuelvan su dinero, que la unidad contra el fraude de notarios de la Fiscalía angelina desarrolla un plan para crear un fondo que les ayude económicamente. “Para ellos es muchísimo dinero el que pierden”, dijo el fiscal Torrealba. “Es gente pobre, trabajadora”.

Un caso exitoso (a medias)

Muy pocas veces las autoridades han logrado regresar siquiera algo de lo robado. Desde principios de marzo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) envía casi 5,000 cheques y más de 44,000 pagos hechos vía PayPal, los cuales suman un total de 2.2 millones de dólares.

Ese dinero lo obtuvo por una demanda penal contra American Immigration Center, una compañía que desde 2010 dio a entender falsamente que su página de internet estaba afiliada con el gobierno federal para ofrecer el servicio de preparación de formularios para renovar tarjetas de residencia permanente o solicitar la ciudadanía.

A cada una de sus víctimas les cobraban entre 150 y 300 dólares. Pero solo recibirán un reembolso de 42,71 dólares, una pequeña fracción de lo que perdieron por este esquema fraudulento.

Cómo evitar una estafa

• No acuda con ‘notarios públicos’, que en este país no son abogados y ni siquiera deben ayudarle con trámites migratorios sencillos. Incluso una persona bien intencionada puede meterlo en problemas.
• No pague para conseguir formularios del Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS). Puede obtenerlos en el sitio www.uscis.gov/formularios, llamando al 1-800-870-3676 o visitando la oficina local del USCIS más cercana.
• Solo obtenga información sobre inmigración en sitios web del gobierno (que terminan con .gov).
• No permita que nadie se quede con sus documentos originales, como su acta de nacimiento o pasaporte. Los estafadores podrían retenerlos hasta que usted les pague lo que le pidan.
• Nunca firme un formulario antes de completarlo, ni tampoco firme documentos con información falsa.
• Pida un recibo al abogado que le esté ayudando con los trámites. Nunca le pague por adelantado y dude si le dicen que tienen "conexiones" en la oficina de Migración o con el gobierno federal.
• Para localizar un abogado de inmigración en su estado que no le cobre o que pida honorarios bajos, consulte esta lista del Departamento de Justicia.
• También puede buscarlo en este enlace de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
• En este portal usted puede verificar qué abogados se han metido en líos por incumplir las normas.
• Y en este link del Departamento de Justicia puede revisar los nombres de quienes perdieron la licencia para ejercer la profesión.
• Estos son los representantes acreditados y las organizaciones reconocidas por el gobierno federal para brindar asesoría legal en procesos migratorios.
• Para denunciar estafas visite la página de internet ftc.gov/queja o llame al 1-877-382-4357. Para averiguar a qué fiscalía estatal usted debe presentar una queja ingrese a este portal.