La Casa Blanca confirma que apelará dictamen que revive polémica política de asilo de Trump
La Casa Blanca dijo a Univision Noticias que el Departamento de Justicia trabaja en la apelación al fallo emitido la semana pasada por un juez federal de Texas, que restablece el Programa de Protección de Migrantes (MPP), política que en dos años devolvió a México más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.
La oficina de prensa agregó, por medio de un correo electrónico, que el gobierno “seguía comprometido con la implementación de un sistema de inmigración justo y ordenado”, tal y como lo anunció el presidente Joe Biden en enero, cuando tomó posesión del cargo. Y en febrero anunció los primeros cambios para restaurar el sistema de asilo.
El MPP, también conocido como Programa Permanecer en México, fue activado a finales de enero de 2019 luego que México se negara a convertirse en Tercer País Seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Piden bloquear fallo
Simultáneamente, un grupo integrado por más de 100 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos abogados, grupos de derechos civiles, religiosos, entidades internacionales y trabajadores, pidieron al gobierno que bloquee la orden emitida el viernes por el juez federal de Amarillo (Texas), Matthew J. Kacsmaryk, quien determinó provisionalmente que el gobierno "falló en analizar muchos factores críticos" como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino.
Por medio de una carta dirigida a los secretarios de Justicia y Seguridad Nacional, Merrick Garland y Alejandro Makorkas, respectivamente, la coalición señala que durante los dos años que estuvo activo el MPP “infligió un daño extremo a personas vulnerables que buscaban asilo en la frontera y creó obstáculos extremos al debido proceso”.
El grupo, encabezado por The American Immigration Council (Consejo Estadounidense de Inmigración –AIC-), también indicó que el verdadero costo humano de MPP “probablemente nunca se conocerá, dado las limitadas oportunidades que existieron para que las víctimas de esta política accedieran a protección”.
La sentencia
En el dictamen de 53 páginas, Kacsmaryk respondió a una demanda presentada en abril por los estados de Texas y Missouri (liderados por republicanos), quienes aseguran que la suspensión del programa empeoraba las condiciones en la frontera y que permitía que "delincuentes" entraran al país.
El juez determinó que el MPP disuade a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.
Kacsmary dio al gobierno siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP.
Refutan el dictamen
La coalición de organizaciones indicó además que la decisión del juez de Amarillo “se basa en claros errores legales y fácticos” e impone una condición al DHS para poner fin al MPP, que no solo es imposible de cumplir, “sino que infligiría un daño severo a personas vulnerables que buscan protección: la detención obligatoria de cada solicitante de asilo, incluidas las familias”.
“La sentencia va en contra de décadas de precedentes legales, e incluso podría forzar al gobierno violar protecciones internacionales de refugiados al presionar a los solicitantes de asilo a vivir en condiciones peligrosas en México”, apuntó.
En la carta, las organizaciones también advierten que la decisión judicial afirma “falsamente que la terminación del MPP condujo a un aumento de los cruces fronterizos, cuando los cruces habían aumentado durante meses desde la entrada en vigor el año pasado del Título 42 del Código de Estados Unidos”, y solo una pequeña fracción, equivalente al 1.2% de las personas encontrados por la Patrulla Fronteriza (CBP) durante ese tiempo “fueron puestos bajo el MPP”.
El Título 42, una vieja política que data de 1944, fue activada como parte de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus.
El programa
El MPP fue anunciado a finales de 2018 luego que México se negara a declararse Tercer País Seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Trump en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El programa entró en vigor a finales de enero y el 20 de enero de este año, dos años más tarde, fue fue cerrado por el gobierno de Biden. Durante ese período más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo.
Un reporte de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) señala que el MPP “alteró drásticamente” el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera sur y dificultó mucho más a los solicitantes de este recurso legal disponible “recibir una revisión justa y significativa de sus peticiones”.
En septiembre de 2019 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instaló carpas temporales en Laredo y Brownsville (Texas) donde funcionaban tribunales de inmigración virtuales para procesar casos. Semanas más tarde AILA denunció “numerosas violaciones del debido proceso y el acceso a abogados” mientras operaban.
“Los documentos obtenidos a través del litigio de la Ley de Libertad de Información (FOIA) confirman que la verdadera intención del MPP era desalentar la migración, y cómo la administración Trump trabajó para limitar el acceso a los Tribunales de Carpas del MPP para abogados, testigos, medios de comunicación y el público”, agregó.
Programa caótico
AILA recordó que el 23 de marzo del año pasado el DHS y la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) “suspendieron todas las audiencias del MPP”, una decisión que tildó de “caótica y confusa que llevó a algunas personas a viajar a los puertos de entrada solo para ser rechazadas y otras a perder la oportunidad de recibir avisos de audiencias reprogramadas”.
En febrero de este año la Casa Blanca dijo que de los más de 68,000 casos afectados por el MPP, solo 25,000 se encontraban activos, a quienes se les permitió entrar escalonadamente a Estados Unidos para ser procesados con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El 23 de junio el DHS amplió la elegibilidad para el procesamiento a las personas en México con órdenes de deportación en ausencia o cuyos casos fueron rescindidos.
“Una delegación de abogados que viajó a la frontera experimentó de primera mano el secreto de los tribunales levantados en carpas donde se escucharon los casos de asilo y fue testigo del impacto y la miseria de la crisis humanitaria creada por esta política pública destructiva”, agregó.
Orr dijo además que “cualquiera que apoye el regreso del MPP no ha visto lo que nosotros vimos”, precisando además que el gobierno “debe permanecer firme en su compromiso y presentar todas las apelaciones necesarias para asegurarse de que Estados Unidos no retroceda y adopte la visión antiinmigrante y restrictiva apoyada por unos pocos elegidos".
A pesar de la confianza en que prosperará la apelación, el AIC no descarta un fallo en contra. A la pregunta respecto a qué sucedería si el MPP es restablecido, Reichlin-Melnick dijo: "No sabemos exactamente qué sucedería si restablecen el programa de MPP, sin embargo, pase lo que pase, muchas personas sufrirán".
"Mucho dependerá de cómo responda México. ¿Permitirá México que Estado Unidos reanude el MPP?", preguntó. Él mismo respondi´ó: "Eso aun no queda claro. ¿Cómo se reanudaría MPP con las restricciones fronterizas aún vigentes? Tampoco tenemos respuesta a esto”.
