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Gobierno de Biden pide ayuda a grupos humanitarios para elegir a solicitantes de asilo en la frontera

En un nuevo paso para poner en marcha el plan de asilo en la frontera anunciado en mayo, el gobierno encargó discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden a qué inmigrantes se les debe permitir primero entrar al país.
5 Jun 2021 – 07:43 AM EDT
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En un nuevo paso para poner en marcha el nuevo plan de asilo en la frontera anunciado la tercera semana de mayo, el gobierno ha encargado discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden a qué inmigrantes se les debe permitir permanecer en territorio estadounidense y no ser deportado o expulsado bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos.

Estas organizaciones serán las encargadas de determinar quién o qué grupo de personas es más vulnerable en México, y necesitan cruzar la frontera y esperar en Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo, reportó The Associated Press.

En enero de 2019, el gobierno de Donald Trump puso en marcha los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que le permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) devolver a México a miles extranjeros a esperar la resolución de sus casos de asilo en cortes estadounidenses.

En los dos años de vigencia el programa devolvió a cerca de 70,000 personas, hasta que fue cancelado en enero de 2021 por el gobierno de Biden, quien además ordenó el procesamiento de unos 25,000 casos activos.

Luego el DHS anunció que comenzará a procesar casos de asilo de personas detenidas entre puestos fronterizos, pero advirtió que continuará aplicando el Título 42 que permite la expulsión expedita de adultos o unidades familiares a México como consecuencia de la pandemia.

El plan contempla la atención de 250 casos diarios, pero el número de solicitantes en busca de la protección del gobierno estadounidense es de varios miles, situación que obligó a la Casa Blanca a pedir ayuda para establecer prioridades basadas en los principios humanitarios esgrimidos por Biden cuando tomó el control de la Casa Blanca.

Escasos detalles

De acuerdo con el reporte de The Associated Press, se desconoce cómo harán las organizaciones para establecer las prioridades de atención de casos de asilo en la frontera.

El 18 de mayo el gobierno fijó el objetivo de admitir en el país hasta 250 solicitantes de asilo por día que son referidos por los grupos y está aceptando ese sistema solo hasta el 31 de julio.

Los casos de este grupo pertenecen a la lista de 25,000 activos que aguardaban bajo los MPP, quienes se inscribieron en una página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se hicieron una prueba de coronavirus, esperaron una cita y fueron trasladados a la frontera para ingresar a Estados Unidos.

Una vez procesados, esperan en libertad la continuación de sus casos en la Corte de Inmigración de acuerdo con el debido proceso. Hasta finales de mayo, poco más de 10,000 de los 25,000 casos activos habían entrado al país.

Quiénes son los grupos

Hasta ahora las organizaciones que colaborarán con el gobierno no han sido identificadas públicamente, a excepción del Comité Internacional de Rescate, una organización global de ayuda.

Sin embargo, AP dijo que los otros grupos son Save the Children, con sede en Londres; dos organizaciones con sede en Estados Unidos (HIAS y Kids in Need of Defense), y dos organizaciones con sede en México, Asylum Access y el Instituto de Mujeres en Migración.

La lista fue proporcionada por dos personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato porque la información no estaba destinada a la divulgación pública, dijo AP.

El esfuerzo del gobierno de Biden para eliminar la política de tolerancia cero implementada por Trump entre 2017 y enero de 2021 se topa con el Título 42, una oscura política de 1944 activada por el exmandatario para controlar la propagación de la pandemia.

Analistas señalan que con el aumento de las tasas de vacunación contra el covid-19, a Biden le resulta cada vez más difícil justificar las expulsiones aceleradas por motivos de salud pública. Y tanto organizaciones como activistas presionan para que ponga fin al Título 42.

Temores fundados

La no divulgación de los integrantes del grupo de organizaciones que colaboran con el gobierno de Biden obedece al temor de que las oficinas en México sean abrumadas o atacadas por solicitantes de asilo.

Críticos de la política de Biden en la frontera también advierten que no hay garantías de que los migrantes más vulnerables o merecedores sean elegidos para solicitar asilo o sean llamados antes que otros.

También hay preocupaciones de amenazas y ataques físicos de extorsionistas y otros delincuentes, quienes se aprovechan precisamente de la vulnerabilidad de los grupos.

Entre las consideraciones especiales que se están tomando en cuenta para la selección de inmigrantes vulnerables están las discapacidades físicas, mentales y el tiempo de permanencia en México desde la presentación del caso de asilo en Estados Unidos.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que los grupos de defensa se encuentran en "una posición muy difícil porque necesitan esencialmente clasificar la desesperación" de la gente, pero insistió en que era temporal. El gobierno, dijo, "no puede cultivar el sistema de asilo".

Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria, un ente no partidista, cree que la administración está tratando de ser silenciosamente humana sin alentar a más gente a venir, un acto de equilibrio que duda pueda tener éxito.

Acuerdo con ACLU

La atención de 250 casos de asilo diarios en la frontera se anunció tras un acuerdo judicial entre el gobierno y la ACLU en mayo. Se trata de “un proceso simplificado para asesorar y evaluar las solicitudes de exención presentadas por familias vulnerables en especial y por otros", dijo Gelernt.

Agregó que una vez el mecanismo esté en pleno funcionamiento, se estima que 250 personas vulnerables podrán cruzar a diario para solicitar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales.

Los beneficiarios deberán someterse a una prueba de detección del covid-19 antes de ingresar al país para pedir asilo. “Aunque se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen a la eliminación del Título 42 y la plena restauración del proceso de asilo", precisó.

La única excepción al Título 42 son los Menores No Acompañados (UAC), quienes tras ser detenidos por la Patrulla Fronteriza son procesados y luego entregados a la custodia de familiares o del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para que prosigan sus juicios y que un juez decida su futuro en Estados Unidos.

El trato que el gobierno otorga a los UAC es normado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997.

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