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Deportaciones

Fiscal general devuelve a los jueces de inmigración la autoridad de cerrar casos

Merrick Garland anuló ordenes emitidas durante el gobierno de Donald Trump y le devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para cerrar casos y permitir que inmigrantes que llevan tiempo en el país, tienen familias establecidas y carezcan de antecedentes criminales, puedan cancelar sus casos de deportación y legalizar sus permanencias en Estados Unidos.
15 Jul 2021 – 02:49 PM EDT
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El fiscal general Merrick Garland devolvió este jueves a los jueces de inmigración la autoridad para ordenar el cierre administrativo en ciertos casos de deportación, una valiosa herramienta discrecional que había sido retirada en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, bajo el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

“Mientras avanza la reglamentación y excepto cuando un tribunal de apelaciones haya dictaminado lo contrario, los jueces de inmigración y la Junta (de apelaciones de Inmigración -BIA-) deben aplicar el estándar para el cierre administrativo establecido en Matter of Avetisyan”, señala un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ).

Garland indicó en el fallo “anulo la decisión de la Junta del 31 de julio de 2018 y devuelvo el caso a la Junta para que proceda de acuerdo con esta opinión”.

En la opinión, Garland también dijo que anulaba un segundo fallo emitido por Sessions el 27 de diciembre de 2018, donde concluyó que “el uso de la herramienta de cierre administrativo por parte de los tribunales de inmigración no estaba autorizado”.

El DOJ explicó que el cierre administrativo es "una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente los procedimientos de deportación".

“Extremadamente importante”

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que la decisión tomada por el fiscal general Garland será clave para descongestionar los tribunales de inmigración y avanzar en aquellos procesos donde el inmigrante calificva para el uso de esta herramienta.

“Un fallo extremadamente importante”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “La anulación de los fallos emitidos por Sessions en 2018 le devuelve el poder a los jueces de inmigración para que administrativamente puedan cerrar casos de deportación que se encuentran en su fase inicial”.

Guerrero dijo además que el cierre administrativo “vuelve más eficiente” el sistema.

En cuanto a quiénes se verán favorecidos por la opinión del fiscal general, indicó que “los favorecidos son aquellas personas que tienen casos de deportación y se encuentran en la fase inicial antes que haya un veredicto. El juez puede terminar el caso o cerrarlo, y enviarlo al servicio de inmigración (USCIS) para que proceda en el caso que exista una vía legal para la obtención de la residencia (green card o tarjeta verde)”.

“Para calificar la persona debe demostrar que lleva tiempo en Estados Unidos carece de antecedentes criminales y tiene una familia establecida”, indicó. “Las personas que consideren que califican para este beneficio, deben hablar con sus abogados antes de que el caso haya finalizado o el tribunal dictado una decisión final”, advirtió.

Detalles de la decisión

En la opinión emitida por Garland, señala que la herramienta del cierre administrativo rehabilitada “no resuelve ni desestima el caso, sino que elimina un expediente del calendario activo de un juez de inmigración o del expediente de la Junta".

Añade que los jueces de inmigración han empleado el cierre administrativo “durante muchas décadas” y que hasta mediados de 2018 “se había convertido en una "herramienta de rutina que se utiliza para regular los procedimientos" y "administrar el calendario de un juez de inmigración (o el expediente de la Junta (de Apelaciones -BIA-)".

El cierre administrativo, dijo Garland, los jueces de inmigración lo utilizaron “durante al menos tres décadas” en las “circunstancias apropiadas”.

La orden de Sessions

En 2018 Sessions dejó sin efecto la herramienta del cierre administrativo tras concluir que la ley de inmigración (INA) no permitía a los jueces de inmigración cerrar los casos administrativos ante sus propios tribunales, incluso aquellos que podrían ser resueltos por otras agencias federales.

La decisión del entonces fiscal general obligó a la reapertura de unos 350,000 expedientes sentenciados en los últimos 20 años y su reprogramación en las cortes de inmigración para reanudar los procesos de deportación.

La estrategia estuvo dirigida a una sola opción: emitir un fallo final con una orden de deportación.

Entre 1998 y 2018 los jueces detuvieron por esta vía legal unas 350,000 deportaciones.

La decisión de Sessions agregó que “los jueces de inmigración podían desestimar o terminar los procedimientos de deportación solo bajo las circunstancias expresamente identificadas en los reglamentos”, es decir, “cuando el DHS no cumple con los cargos de remoción contra un demandado”.

Añadió que la autoridad general de un juez de inmigración para tomar cualquier otra acción consistente con las leyes y regulaciones aplicables según sea apropiada, “no otorga ninguna autoridad adicional para dar por terminado o desestimar los procedimientos de deportación más allá de las autoridades expresamente establecidas en los reglamentos pertinentes”.

Primero fueron los fiscales

La orden de restitución de Garland precede al anuncio hecho el 27 de mayo por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que volvió a activar la herramienta conocida como ‘discreción fiscal’, un procedimiento del debido proceso que permite a los fiscales de la agencia poner fin a un caso de deportación.

La herramienta procesal había sido eliminada durante el gobierno Trump, tal como el cierre administrativo restituido este jueves.

El anuncio ocurrió casi un mes después de que la Oficina del Concejero Legal Principal (OPLA) de ICE diera a conocer las nuevas prioridades de deportación de la agencia, elaboradas a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en enero. Esa orden estableció nuevas prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves.

La nueva norma se suma a la orden dada el pasado 12 de junio por la Corte de Inmigración (EOIR) para que los jueces garanticen “procesos justos y oportunos” a todos los inmigrantes.

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