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Estas son las nuevas normas de deportación de ICE tras abandonar la política de ‘tolerancia cero’ de Trump

El jefe de la Oficina Legal Principal (OPLA) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) envió al personal y agentes de la dependencia un memorando con el nuevo protocolo elaborado por orden de Biden. La norma pide considerar la edad, el tiempo de permanencia, estado de salud y familia antes de deportar a un inmigrante con o sin papeles de permanencia en EEUU.
6 Jun 2021 – 02:36 PM EDT
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La agencia federal que durante el gobierno anterior estuvo al frente de la fuerza nacional de deportaciones, recibió una nueva guía que norma la actuación de sus abogados en los procesos de expulsión.

Las nuevas instrucciones se encuentran en un memorando de 13 páginas fechado el 27 de mayo y que fue firmado por John Trasviña, consejero legal principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El reglamento deja de lado la controvertida política de ‘tolerancia cero’ impulsada bajo el gobierno de Donald Trump y abre paso a una nueva era, la de Joe Biden, basada, explica, en valores distintos y que otorgan una mayor discrecionalidad a los fiscales en “todas las fases” del proceso de deportación.

El reglamento fue elaborado en cumplimiento a la Orden Ejecutiva 13993 firmada por Biden el 20 de enero, cuando tomó posesión del cargo, decreto por medio del cual ordeno “revisar las políticas y prioridades para el gobierno respecto a la aplicación de las leyes de inmigración”, se lee en el documento.

Cuáles son las prioridades de deportación

Las prioridades de Biden, determinadas el 20 de enero, se basan en tres grupos: seguridad nacional, fronteriza y pública. Y prioriza aquellos no ciudadanos que han cometido delitos graves, pero cada uno de ellos visto ‘caso por caso’.

Trump, en cambio, decretó que la presencia indocumentada (ilegal bajo sus principios) constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Pero Trump fue un paso más allá. Los objetivos de su políticas migratoria también fueron impuestos tanto a fiscales del Departamento de Justicia como a los abogados de ICE con el objetivo de hacer de los juicios de deportación en una parte clave de la maquinaria de expulsiones, llegando incluso a no permitir durante el debido proceso ninguna acción por parte de la defensa que entorpezca el objetivo único del juicio: deportar al extranjero ilegal.

El nuevo reglamento, en cambio, instruye a abogados y personal que participa en el proceso de deportación, utilizar la discrecionalidad “cuando corresponda (…) para preservar los recursos gubernamentales limitados, lograr resultados justos y equitativos en casos individuales y promover la misión del Departamento (de Seguridad Nacional) de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos de una manera inteligente y sensata que promueva la confianza pública”.

Es decir, el objetivo de un juicio de deportación no es expulsar aceleradamente a un extranjero, sino hacer justicia en el caso que enfrenta en función de los cargos formulados.

Cambio de tolerancia

A partir de ahora, los esfuerzos de ejecución y remoción implementados por ICE deberán ser “justificados” y en cada caso bajo “circunstancias adecuadas”.

Es decir, en los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados o no ciudadanos, término recomendado por la Casa Blanca a partir de enero, los abogados de ICE deben tener a mano las siguientes capacidades de discrecionalidad para decidir:

El memorando explica que la lista “identifica oportunidades en cada etapa del proceso para garantizar un resultado más justo, equitativo y legalmente apropiado”, ya sea que el resultado final del proceso, “una concesión de alivio, una orden de deportación o un ejercicio de discreción que permite al no ciudadano obtener beneficios de inmigración fuera del contexto de los procedimientos de deportación”.

Discreción de la fiscalía

La nueva regla, además, otorga a los fiscales de inmigración una mayor discrecionalidad en los procesos de deportación a efectos de respetar el estado de derecho y el debido proceso de los inmigrantes, algo que durante los cuatro años anteriores no se hizo por decisión del Ejecutivo.

Entre las nuevas pautas, el memorando deja en claro que “la discreción del fiscal surge en diferentes etapas del proceso de expulsión, toma diferentes formas y se aplica a una variedad de determinaciones”, y en cada caso el fiscal puede, en uso de sus facultades discrecionales, revertir o detener una expulsión si las causas expuestas por los abogados del inmigrante lo ameritan.

Entre los factores que los fiscales pueden valerse para tomar una decisión, el reglamento menciona, para tener en cuenta:

En casos extremos

El documento advierte que los factores agravantes relevantes “pueden incluir antecedentes penales, participación en persecución u otras violaciones de derechos humanos, extensión y gravedad de violaciones migratorias previas (por ejemplo incumplimiento de las condiciones de liberación, entradas ilegales previas, deportaciones por parte de ICE) y fraude o tergiversación material”.

En estos casos, la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE (OAPJ) explica que, “cuando exista un historial delictivo, debe considerar:

“Estos factores no pretenden ser determinantes ni exhaustivos. La discreción debe ejercerse caso por caso considerando la totalidad de las circunstancias”, puntualiza.

Bajo el gobierno de Trump, las prioridades incluían a “quienes hayan sido acusados de cualquier delito, incluso cuando dicho cargo no haya sido resuelto, y quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional de Estados Unidos.

Atasco sin precedentes

La guía también menciona el atasco sin precedente en la Corte de Inmigración (EOIR), que tiene una cola con más de 1.3 millones de expedientes diseminados en los tribunales de inmigración en todo el país, entre ellos variadas posturas procesales tal como audiencias de méritos sobre alivio o protección contra la deportación.

El documento explica que las OPLA “cubrirá, en una fecha posterior y de manera integral, cómo abordar la posible desestimación de procedimientos en consonancia con sus recursos limitados y la orientación de DHS e ICE”.

Agrega que el atasco en la EOIR “y los retrasos extraordinarios en la finalización de casos obstaculizan los intereses de la justicia tanto para el gobierno como para los demandados, y socavan la confianza pública en este importante pilar de la administración de las leyes de inmigración”.

Entre los casos que serán priorizados una vez se emita un reglamento o instrucción respectiva, se incluyen:

En cuanto a los procedimientos de fianza, la OPLA dijo que este recurso legal disponible “seguirá la jurisprudencia federal y administrativa vinculante con respecto a los estándares para redeterminaciones de custodia”.

La regla señala además que “OPLA tiene la intención de abordar en el futuro orientación sobre cuándo unirse a las mociones para reabrir casos con órdenes finales de deportación”.

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