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Congresistas piden al fiscal general que cancele plan para imponer cuotas de deportación a los jueces de inmigración

Advierten que el plan de Sessions "probablemente empeorará, no mejorará los atrasos que se registran en los tribunales de inmigración”, que tienen pendiente de resolver más de 685,000 casos, “lo que resulta en un litigio prolongado a través del proceso de apelación”.
27 Abr 2018 – 12:12 PM EDT
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El plan anunciado el 30 de marzo por el fiscal general Jeff Sessions, de imponer cuotas de casos a resolver a los jueces de inmigración enfrenta el rechazo del Caucus Congresional Hispano (CHC) del Congreso.

Este viernes el grupo, integrado mayoritariamente por legisladores demócratas, envió una carta a Sessions pidiéndole que “deseche” la idea de “imponer cuotas y plazos de finalización de casos en las evaluaciones de desempeño de los jueces federales de inmigración”.

“Instamos encarecidamente al Departamento de Justicia a reconsiderar este plan miope que socavará el debido proceso y afectará adversamente al sistema judicial migratorio de nuestro país”, se lee en la carta, firmada entre otros los los congresistas demócratas Jimmy Gómez (California), Luis Gutiérrez (Illinois) y Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), presidenta del Caucus.

El plan de Sessions

El fiscal general Sessions comunicó a los jueces de inmigración que deberán resolver un mínimo de 700 casos al año para conseguir evaluaciones satisfactorias a su trabajo.

La decisión fue de inmediato criticada por la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), advirtiendo que el plan se trata de una “violación de la independencia judicial”.

A su vez, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), condenó la medida y dijo que la imposición de “cuotas estrictas” a los jueces “supone jun cambio que quita la independencia de los jueces cuando toman decisiones de alto riesgo”, principalmente cuando una persona se encuentra en proceso de deportación de Estados Unidos.

Dañará el sistema

El CHC añade en la misiva que “esta propuesta probablemente empeorará, no mejorará los atrasos que se registran en los tribunales de inmigración”, que tienen pendiente de resolver más de 685,000 casos, “lo que resulta en un litigio prolongado a través del proceso de apelación”.

"Los jueces deben tener independencia para decidir sobre los méritos de cada caso en lugar de ser presionados para impartir justicia rápidamente”, apuntaron. “Crear un ambiente donde los tribunales se preocupen más por resolver los casos rápidamente, en lugar de hacerlo con precisión y precedencia, debilitará el debido proceso y resultará en más deportaciones, lo que podría tener consecuencias de vida o muerte".

La NAIJ también ha advertido que el plan de cuotas anunciado por Sessions “socavará la fe del público en la imparcialidad de nuestros tribunales, lo que generará un gran aumento en las apelaciones y los desafíos legales que, a su vez crearán, demoras paralizantes en nuestros ya sobrecargados tribunales de inmigración e inundarán los tribunales de apelación federales”.

Estaban advertidos

El proyecto de Sessions de imponer cuotas a los jueces de inmigración había sido advertido en octubre del año pasado por AILA.

En esa oportunidad la asociación de abogados previno que el gobierno de Trump buscaba “imponer nuevas medidas de desempeño a los jueces de inmigración”, una medida que, dijo, “amenazará la integridad del sistema judicial de inmigración y socavará la independencia judicial”.

AILA agregó que el sistema de cuotas tiene como objetivo “acelerar las deportaciones”, una de las principales promesas hechas por Trump durante su campaña.

“Este esfuerzo sin precedentes para obligar a los jueces a terminar los casos sometidos a plazos más estrictos infringen la garantía constitucional del debido proceso”, apuntó en esa ocasión la entidad.

Agregó que “históricamente, los jueces de inmigración estaban exentos de evaluaciones de desempeño por completo debido a preocupaciones de que las evaluaciones de los supervisores influirían de manera incorrecta en las decisiones de los jueces y potencialmente afectar el resultado de los casos”.

Proyecto de ley

La semana pasada las senadoras demócratas Mazie K. Hirono (Hawai), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Kamala Harris (California), presentaron un proyecto de ley (S.2693), para blindar a los jueces de inmigración y garantizar que sus decisiones no sean politizadas por el ejecutivo.

La iniciativa, titulada “ley de Acción para Mejoras a la Corte de Inmigración 2018 (S. 2693) incluye mejoras a la efectividad de los tribunales de inmigración y darles a los magistrados la independencia necesaria para que no sean influenciados, ni asediados políticamente en la impartición de justicia.

También establece reglas para la contratación de jueces, basado en estudios, servicio pro-bono y experiencia previa.

El proyecto de ley prohíbe al secretario general interferir en la autoridad del juez mientras se encuentre tomando decisión en un caso, y tampoco estarán sujetos a ningún código de comportamiento por conducta o tomar acciones en su contra utilizando el numero de casos resueltos.

Tampoco se le puede limitar su autoridad ni sus funciones por el número de casos sentenciados, advierte.

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2019, Trump, a golpe de memos y acciones ejecutivas, ha ido construyendo una dura reforma migratoria sin el apoyo del Congreso.

Entre las medidas anunciadas, se encuentra la fijación de cuotas a los jueces, el fin de la política del “catch and release” (capturar y liberar), la revisión de visas de trabajo a profesionales extranjeros, revertir 200,000 casos de cancelación de deportación y la cancelación de DACA, entre otros (aunque el programa sigue vigente por orden de los tribunales de justicia).

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