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La represión en Nicaragua ya suma más de 200 muertos, según la comisión de derechos humanos de la OEA

En su informe final sobre la crisis de Nicaragua, la CIDH achaca la mayor parte de las 212 víctimas contabilizadas hasta la fecha al “uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares” afines al sandinismo, algo que el gobierno rechaza.
22 Jun 2018 – 5:15 PM EDT

MANAGUA, Nicaragua-. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha "provocado una grave crisis de derechos humanos" que desde el 18 de abril a la fecha deja 212 muertos. Esa es la principal conclusión del informe final sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes ante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El “uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares” afines al gobierno sandinista son resaltados por la CIDH como los principales causantes de esta sangría que ha enlutado a este país centroamericano. Después que la comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, y Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la comisión presentaran el informe, el canciller Dennis Moncada Colindres “rechazó de manera integral” su contenido.


“El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional rechaza de manera integral dicho informe presentado por la CIDH, por considerarlo subjetivo, sesgado y notoriamente parcializado”, dijo el funcionario del gobierno de Ortega.

La CIDH presentó también una cifra de 1,337 heridos y otra de 507 personas detenidas de forma arbitraria en el marco de la rebelión cívica que este 18 de cumplió dos meses de manifestaciones ininterrumpidas.

“La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, enumeró Urrejola. “Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, agregó.

El informe es resultado de la visita ‘ in loco’ que la CIDH realizó a Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo, cuando la lista de muertos apenas alcanzaba los 76. Dos semanas después de la salida de la Comisión del país, la represión se recrudeció, en especial a manos de grupos paramilitares que operan en colusión con la Policía Nacional. Las ciudades Masaya, Managua, León, Jinotepe, Jinotega y Matagalpa se llevaron la peor parte.


La CIDH hizo hincapié en los grupos paramilitares. Aunque el gobierno niega su presencia, abundan pruebas sobre su funcionamiento. “En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”, planteó el organismo interamericano.

Gobierno no cesa represión

El gobierno de Ortega ha incumplido las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH sobre el cese inmediato de la represión, así como el llamado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora en el ‘Diálogo Nacional’, en ese mismo sentido.

De hecho, este jueves los obispos católicos viajaron a la ciudad de Masaya para tratar de detener ellos mismos la represión por parte de la policía y los paramilitares, que en un solo día causaron seis muertos, según la Asociación pro Derechos Humanos (ANPDH).


Masaya, ubicada 30 kilómetros al sur, ha sido la ciudad que mayormente ha recibido los embates represivos. Su casco urbano está devastado y los ciudadanos se han atrincherado para protegerse de la violencia. Sin embargo, la última incursión policial y paramilitar fue nefasta. La llegada de los obispos significó el cese temporal de los ataques, después de un multitudinaria recibimiento. Los masayas salieron de sus casas; lloraban y se arrodillaban ante el paso del cardenal Leopoldo Brenes y monseñor Silvio Báez, quienes realizaron una procesión con el santísimo por las calles donde manifestantes han sido asesinados por “francotiradores”.


Ejecuciones extrajudiciales

La CIDH dedicó en su informe final especial reparo al uso de armas de alto calibre para reprimir de forma fatal a los manifestantes. Calificó esos casos como “ejecuciones extrajudiciales” y mencionó numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda.


“La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales.De acuerdo con las autopsias analizadas por la CIDH, los orificios de entrada de los proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”, revela el informe.

En ocho casos documentados, las heridas estaban en la cabeza, en el cuello, o en la parte superior del tórax. En al menos cuatro casos, la trayectoria de la bala habría sido de arriba hacia abajo, “lo que sugiere la posibilidad de francotiradores o personas disparando desde una posición privilegiada”.

Ante las contundentes conclusiones de la CIDH, el gobierno de Nicaragua rechazó el informe y soslayó su responsabilidad frente a la masacre al culpar a otros por la violencia y declararse víctima de una intentona “de una ruptura constitucional e institucional para cambiar por la vía de hecho a las autoridades y al gobierno legítimamente electo”.

“El Gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la policía nacional. Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condena de denuncias hechas contra del Estado y Gobierno de Nicaragua, y en particular en contra de la Policía Nacional a la que alude el informe de la CIDH”, dijo el canciller Moncada.

Solo Venezuela y Bolivia

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solo Bolivia y Venezuela secundaron la postura de Managua.


Mientras que México, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Ecuador, Argentina, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos condenaron la violencia del gobierno de Ortega.

Una de las intervenciones más esperadas fue la del embajador estadounidense en la OEA, Carlos Trujillo, que este martes y miércoles realizó una visita relámpago a Nicaragua para reunirse con los diferentes actores en torno a la crisis. Según fuentes diplomáticas, la propuesta de Daniel Ortega es anticipar elecciones para 2019 sin dejar el poder, algo que no es aceptado por la población en las calles.

La próxima semana una avanzada de la CIDH llegará a Nicaragua para preparar el terreno para instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que podrá coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos.


Por ahora, el ‘Diálogo Nacional’ mediado por los obispos se mantiene suspendido luego que el gobierno de Ortega se mostrara reacio a enviar invitaciones a la CIDH para regresar al país, así como a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Unión Europea.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, aseguró que el informe será presentado ante las instancias que sean correspondientes para buscar justicia. “Este documento en papel no es capaz de revelar la integralidad del drama humano que viven las personas en Nicaragua. Nuestro lado es el lado de las víctimas”, zanjó el brasileño.

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