Cómo un campesino nicaragüense acabó sin piernas por la brutalidad policial y un error de su acusador

Tras ser detenido por el presunto robo de un panel solar y unas bombas de fumigación, agentes de la Policía Nacional vapulearon a Juan Lanzas y lo mantuvieron en celdas infrahumanas. Su salud empeoró tanto que le tuvieron que amputar las piernas antes de ser liberado después de que su acusador se retractara. El caso puso el foco sobre la brutalidad policial en Nicaragua.

MANAGUA, Nicaragua-. El 24 de enero, Juan Rafael Lanzas Maldonado se levantó sin piernas. El día anterior, los médicos del hospital Escuela César Amador Molina del departamento norteño de Matagalpa, en Nicaragua, decidieron amputarlo de emergencia. La gangrena que contrajo en las celdas de la Policía Nacional tras la brutal golpiza que recibió al ser detenido avanzaba rápidamente por sus extremidades.

“No había nada más que hacer. Mi hijo estaba podrido. Su cuerpo estaba todo llagado y las piernas no le servían: Los doctores tenían que volárselas”, relató Emma Maldonado Rizo, madre de este campesino de 38 años. Su hijo había sido detenido menos de un mes antes acusado del robo de dos bombas de fumigar y un panel solar.

La vida de Lanzas Maldonado cambió la madrugada del 29 de diciembre de 2017. Policías llegaron hasta su pequeña finca en el Cerro Colorado, en el municipio de Matiguás, a detenerlo bajo la presunción de hurto agravado. A las 4 de la madrugada, escuchó que fusiles estaban siendo cargados alrededor de la casa.

– Hay gente afuera – le advirtió Maribel Suárez a su esposo, mientras, de forma instintiva, ella buscó a sus cuatro hijos.

Pero, según el relato de Suárez, Lanzas Maldonado no alcanzó a salir de la vivienda. Una patada derribó la puerta. El agricultor sintió la estocada de un fusil en el estómago. Los oficiales lo maniataron. Su abdomen fue blanco de patadas y culatazos de AK-47. Los niños gritaban. Pero si seguían gritando, los oficiales amenazaron con dispararle en la cabeza a su padre.

Lanzas Maldonado fue apresado junto a Jayson Alfaro, sobrino de Maribel Suárez. Ambos fueron trasladados a la cárcel preventiva de Matiguás. Durante el trayecto, y los tres días que estuvieron en esas celdas atestadas de pulgas y cucarachas, la familia asegura que el maltrato persistió.

El día de Año Nuevo, ambos fueron trasladados al penal de la cabecera departamental de Matagalpa. Alfaro fue más afortunado: tenía una hamaca en la celda, mientras que Lanzas Maldonado dormía desnudo en un baño sobre orines y excrementos. Desde la detención, tenía fracturada una costilla y el cuerpo parecía haber sido pintado de violáceo debido a los moretones.

Emma Maldonado Rizo le contó a Univisión Noticias que su hijo clamaba por ayuda médica desde el baño. Pero las autoridades policiales ignoraban las suplicas. “Pedía una acetaminofén porque sentía una quemazón en las piernas”, precisó la madre.

Del juez al hospital

Lanzas Maldonado continuó en esas condiciones hasta el 11 de enero, cuando fue presentado ante el juez. El campesino no pudo ni siquiera mantenerse en pie ante el estrado y se desmayó. Fue trasladado de urgencia al hospital de Matagalpa.

Juan Carlos Arce, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó de “grave” el caso de Lanzas Maldonado. Criticó a la Policía Nacional por la brutalidad ejercida y por no brindarle al reo atención médica oportuna. “La Policía actuó de forma inhumana. Esta es una actuación irregular, al margen de la ley”, dijo el jurista.

Los doctores le retiraron a Lanzas Maldonado las costras en la piel. Pero el dolor en las piernas persistió. La gangrena avanzaba hacia arriba y la única opción fue amputárselas. “Me dejaron inservible. Postrado”, dijo el campesino a Univision Noticias, tres días después de que fue dado de alta. Regresó a su hogar sin piernas, sin poder valerse por sí mismo. “¿Ahora quién va a mantener a mi esposa y mis cuatro hijos?”, se pregunta.

Lo irónico del caso de Lanzas Maldonado es que Jorge Herrera Busthing, quien lo acusó por el robo, le pidió perdón. Las bombas de fumigar no eran las de él. Fue una confusión. La policía dejó en libertad al agricultor, pero lo dejó sin piernas para siempre.

“En este caso hubo una cadena de abusos: Desde su detención violenta en horas no hábiles, hasta negarle ayuda médica”, insistió el abogado Arce.

Casi dos meses después de su detención, la Policía Nacional se vio obligada a brindar una versión de los hechos. El comisionado General Francisco Díaz justificó la amputación en base a un dictamen de Medicina Legal. Lanzas Maldonado “sufría de vasculitis y purpura trombocitopenica”, según la institución. Pero médicos consultados por Univisión Noticias contradijeron esa versión: Esas enfermedades presentan síntomas y el agricultor era un hombre no presentaba ninguno antes de ser apresado.

“No es un caso aislado”

La amputación de Lanzas Maldonado sacudió a Nicaragua. La brutalidad recordó otros casos en la que la profesionalización de la Policía Nacional ha quedado en entredicho. Por ejemplo, en 2012 tres oficiales asignados a la seguridad presidencial violaron a una niña de doce años y con discapacidad mental a escasos metros de la casa de habitación del presidente Daniel Ortega.


La llamada “Masacre de Las Jagüitas” fue otro de los episodios que más han lastrado a la Policía Nacional. Una familia fue asesinada, entre ellos un joven y dos niños, en 2015. Un operativo antinarcóticos abrió fuego contra un pequeño auto que regresaba de una iglesia evangélica. Fue un “error”, según alegaron los agentes, salpicado de tratos inhumanos para las víctimas.

En 2017, Dayra Junieth Blandón, una niña de 15 meses de edad, falleció luego de que fuera baleada por oficiales, cuando intentaron detener a su padre.

“El caso de este joven Lanzas Maldonado no es un hecho aislado. La brutalidad policial es una práctica recurrente", afirma Elvira Cuadra, socióloga que ha realizado investigaciones sobre la institución policial. Según la especialista, al declive de la profesionalidad policial se explica porque las influencias políticas del presidente Daniel Ortega han permeado en la institución.

Aparte de estas escandalosas actuaciones, la Policía Nacional se ha visto en los últimos años en un sinnúmero de casos involucrada en la desaparición, tortura de periodistas, activistas y todo aquel que adverse o critique al régimen de Daniel Ortega. En reiteradas ocasiones, la policía además bloquea y reprime marchas de feministas o de colectivos que se oponen a la minería.

En ese sentido, Amnistía Internacional destacó en su informe 2017-2018 que “hubo informaciones sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal interoceánico, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes”.

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