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“Daniel Ortega manda a matar a la gente de la montaña”: los rearmados y ejecutados en el antiguo corredor 'contra' de Nicaragua

Entre 2011 y 2017, el Ejército y la Policía de Nicaragua han ejecutado a 28 supuestos rearmados políticos, a quienes las autoridades nacionales llaman “delincuentes comunes”.
30 Dic 2017 – 05:55 PM EST

MANAGUA, Nicaragua-. Después del aviso, a la campesina Elea Valle le tomó más de quince horas llegar a la escena del crimen. Sus dos hijos, Yojeisel de 16 años y Francisco de 12, yacían tirados en el piso de la comunidad de San Pablo, ubicada en las montañas del Caribe Sur de Nicaragua, ambos con varias perforaciones de balas. La niña desnucada, violada, y desnuda. El niño apuñalado en sus costados y con moretones encendidos.

Habían otros cuatro cuerpos amontonados en una fosa común: de cuatro hombres adultos ejecutados por el Ejército nicaragüense, junto a los hermanos Pérez Valle, que según la versión oficial formaban parte de una banda delincuencial, dedicada al abigeato y al cultivo de marihuana.

Elea Valle —menuda y de voz trémula— refuta la versión del Ejército de Nicaragua. Entre los cuatro cadáveres apilados en la fosa estaban el de su esposo, Francisco Pérez Dávila, y el de su cuñado, Rafael Pérez Dávila, alias “comandante Colocho”. Ambos hombres se alzaron en armas hace más de dos años contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la mujer.

“Por eso nos persiguieron y me mataron a mis niños. Los dejaron zumbados (tirados) como perros”, reclama la campesina.



El caso de la familia Pérez Valle no es único en estas montañas y zonas rurales ubicadas en municipios con tradición antisandinista. Entre 2011 y 2017, el Ejército y la Policía de Nicaragua ha ejecutado a 28 supuestos rearmados políticos, a quienes las autoridades nacionales llaman “delincuentes comunes”.

Cuando Elea Valle vio a sus hijos asesinados en el piso, se tornó doblemente doloroso el presentimiento que sintió durante dos años, desde que su esposo decidió sumarse al grupo de rearmados del “comandante Colocho”.

“Me voy porque me pueden matar de todas formas”, le dijo su marido el día que huyó a la clandestinidad.

La campesina no esperaba que ese presentimiento incluyera a sus dos hijos mayores, que le ayudaban a faenar la tierra y a palmear tortillas para subsistir.

El esposo de Valle, Francisco Pérez Dávila, comenzó a ser “perseguido y hostigado” por el Ejército después de que su hermano —el “comandante Colocho”— se unió a las filas de Enrique Aguinaga, alias “Comandante Invisible”, quien en abril de 2016 fue emboscado y asesinado por tropas castrenses.

Rearmados en territorio “contra”

Los campesinos comenzaron a rearmarse a finales de 2010, cuando Ortega se reeligió violando los artículos de la Constitución que se lo prohibían. Uno de los primeros en rebelarse fue José Gabriel Garmendia, alias Yajob, el exsegundo jefe de las tropas especiales de la Contra. Yajob fue emboscado a principios de 2011 en el cerro Kilambé, municipio de El Cuá. La Policía y el Ejército negaron tener alguna relación con el crimen.

La razón para retomar las armas de estos campesinos son políticas, pero en especial la “falta de elecciones libres” en Nicaragua. El rearme sucede, en especial, en el “antiguo Corredor de la Contra”, la guerrilla de los años ochenta que se opuso a la Revolución Sandinista con el auspicio de Ronald Reagan.

El Ejército y la Policía reportan los enfrentamientos con los rearmados, pero no los reconocen como rebeldes. Los tiroteos son letales: no dejan heridos y en ellos, los uniformados suelen aniquilar a casi el 90% de los hombres.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha seguido de cerca estos asesinatos, los califica como “ejecuciones extra judiciales”. Ni el Ejército ni las autoridades nacionales ofrecen versiones oficiales detalladas cuando los rearmados son asesinados, más que el consabido argumento de que se trataba de “elementos delincuenciales”.

La masacre en la que murieron los cuatro familiares de Elea Valle ocurrió en la madrugada del 12 de noviembre de 2017, cuando una tropa del Sexto Comando Militar Regional emboscó al grupo del “comandante Colocho” en la comunidad San Pablo, situada en el municipio La Cruz del Río Grande). En esa oportunidad, el Ejército informó escuetamente de “seis muertos”, y no mencionó a los menores civiles.

El suceso trascendió después que Elea Valle supo de los asesinatos, viajó a través de caminos intransitables por más de quince horas para encontrar a sus hijos desguazados en el piso, y denunció ante el Cenidh su tragedia, mostrándo una foto de muy mala calidad, tomada con un teléfono de gama baja, en la que sus hijos posan con el habitual semblante tímido del campesino. Él, pantalón negro, camisa roja y gorra. Ella, pantalón verde, camisa celeste a rayas, y el pelo recogido.

“Ellos no son delincuentes”, afirma la madre. Con ese retrato entre manos cuenta una historia distinta a la versión del Ejército.

“Nos perseguían y hostigaban”

Elea Valle y su esposo eran mozos de fincas. Los últimos dos años y medio de la vida familiar estuvo asediada por las fuerzas armadas. El padre Francisco Pérez Dávila no era rearmado al principio. “Pero el Ejército no entiende, con que ande un familiar (armado) te dan persecución y hostigan”, relata la campesina a Univisión Noticias.

Las tropas comenzaron a frecuentar a la familia para tratar de sacar información sobre el grupo del “comandante Colocho”. Fueron meses de cambiar de finca para evadir las pesquisas militares y las amenazas. Hasta que Francisco Pérez Dávila decidió huir a la montaña al ser “sospechoso”.

Ese día le dijo a Elea Valle: “Me voy a ir, vieja. No porque me interese andar allí, sino por capear mi vida. De todas formas me van a perseguir y me pueden matar”.
Tiempo después, Francisco Pérez Dávila asumió formalmente las armas contra el gobierno de Ortega. Estuvo dos años en la clandestinidad y en ese periodo no vio a su familia.

Una semana después de las elecciones municipales de 2017, Pérez Dávila llamó a su esposa. Quería ver a sus hijos. Le porfió a su esposa que estaba en un lugar seguro, le pidió que los mandara con él y prometió enviarle dinero de vuelta para el próximo escolar, que arranca en febrero.

Yojeisel y el pequeño Francisco caminaron hasta el punto acordado a través de los mismos caminos que su madre recorrería más tarde para verlos sin vida.

“Se regocijaron con su papá. Como se hizo tarde, decidieron quedarse a dormir con él”, reconstruye Elea Valle. Padre, hijos y los otros rearmados se pasaron la noche junto a un caño del río El 22.


“A la mañana siguiente el Ejército los asesinó. A ella me la violaron, la colgaron y le apuñalaron el vientre. Al niño me lo pasconearon; lo apuñalaron en sus costados y le metieron dos balazos en el pecho”, revive de forma traumática la madre.

La saña de estos asesinatos ha levantado una ola de indignación en Nicaragua, que exige cuentas al Ejército: desde ganaderos, defensores de derechos humanos, intelectuales y los obispos de la Conferencia Episcopal. Pero la institución armada calla. El presidente Daniel Ortega presidió la noche del 11 de diciembre una graduación de cadetes militares y no mencionó el asesinato de los hermanos.

Elea Valle denuncia que sus hijos fueron enterrados por el Ejército en una fosa común, “bajo cinco cuartas de tierra como animales”, mientras el jefe del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, Marvin Paniagua, lo negó a través de los medios nacionales.

Valle exije, hasta ahora sin éxito, que los cadáveres le sean entregados, pero el rastro de su paradero se difumina a medida que transcurren los días.
“Don Daniel Ortega es asesino porque manda a matar la gente de la montaña. Yo quiero a mis niños de vuelta”, clama Elea Valle.

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