Solo hay polvo y protestas donde hace dos años comenzó a construirse el Canal de Nicaragua
MANAGUA, Nicaragua.- Wang Jing estaba tan sonriente el 22 de diciembre de 2014 que sus ojos delgados y alargados como ranura de alcancía apenas se distinguían por encima de sus regordetas mejillas. El empresario chino, beneficiado con la concesión del Canal Interoceánico de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega, dijo con presunción aquel día, hace casi dos años, que estaba inaugurando la construcción de “una de las obras más importantes en la historia de la humanidad”.
Las filas de simpatizantes del Frente Sandinista ondeaban banderas de su partido y de Nicaragua. Tronaban en aplausos cada vez que una mujer traducía al español las palabras del empresario. Habían llegado hasta las radiantes costas de Brito, en el sur del país, a ver en persona a Wang Jing, el propietario de la concesionaria HKND-Group, la compañía que prometió hacer realidad el proyecto que por siglos ha ilusionado a los nicaragüenses con el progreso.
Ese mismo día, al otro lado del país, en la comunidad de El Tule, Río San Juan, centenares de campesinos obstaculizaban la carretera que conecta esa localidad con la capital Managua. No se moverían de la vía hasta que el gobierno de Ortega cumpliera con su pedido: derogar la ley 840 que entregó la concesión canalera a Wang Jing sin licitación alguna. La protesta campesina agriaba los planes oficiales de recibir al empresario chino con confeti y pompas para promocionar ante la población esta obra valorada en 70,000 millones de dólares.
Los campesinos recordaban lo que hasta la fecha ha sido el “talón de Aquiles” del Canal: la falta de estudios ambientales, económicos, y sociales que sustenten su edificación. Además, estos productores del centro de Nicaragua se oponen a las expropiaciones que acarrearía el proyecto. Para este primero de diciembre los líderes campesinos han programado una marcha nacional en Managua que coincidirá con la llegada de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a Nicaragua para dialogar con el gobierno de Ortega la situación política y electoral.
En Brito, el lugar donde Wang Jing pronunció su discurso con el ánimo de un padrino presumido que trae un regalo en la víspera de Navidad, dos años más tarde solo hay una trocha polvorienta. Se notan algunos mojones en el suelo con caligrafía china y muestras del lecho de roca de la zona, según constató Univisión Noticias.
Lo que para el comandante Ortega era una gran promesa a la que le sacaba rédito político hace unos años, hoy es una ilusión que se difumina. Wang Jing jamás ha presentado a los supuestos inversores del Canal, su fortuna se desplomó en la bolsa de valores de Shanghái, y la protesta campesina se mantiene vigorosa en toda la ruta canalera.
La líder de esos productores es Francisca Ramírez, originaria de la Colonia La Fonseca, en Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua. De completarse la obra, su colonia desaparecería para dar lugar a este paso interoceánico, cuya longitud está proyectada en 278 kilómetros: 105 de ellos atravesarían el Gran Lago Cocibolca, una de las reservas de agua potable más importantes de Centroamérica. Hasta ahora, ni Ortega ni el empresario chino han logrado explicar cómo protegerán el lago.
Hasta cientos de miles de desplazados
Estimaciones de organismos independientes calculan que podría haber entre 40,000 y 130,000 desplazados a causa del Canal. El último informe al respecto fue presentado hace unas semanas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en Managua. Mientras, el gobierno y HKND-Group han expresado que serían solo 7,000 familias afectadas, que suman menos de 30,000 personas.
Este desplazamiento es lo que ha enardecido al movimiento campesino, autodenominado “Consejo Nacional en Defensa del Lago, Tierra y Soberanía”, que en los útimos dos ha realizado más de 81 marchas de protestas en todo el país.
Según estos campesinos, la concesión otorgada a Wang Jing le da al empresario más beneficios que obligaciones. Por ejemplo, las reservas del Banco Central de Nicaragua estarían dispuestas a compensar al empresario si sus planes fracasan. La ley 840 crea un régimen especial que convierte a toda la zona canalera en un enclave donde las leyes de Nicaragua no aplican y las autoridades estarían subordinadas al concesionario.
La expropiaciones también son una gran preocupación. Mónica López Baltodano, oficial para Cambio Climático de la ong Centro Alexander von Humboldt, explicó que el empresario chino puede expropiar cualquier bien inmueble que considere necesario para la construcción del Canal, según el artículo 12 de la Ley 840. No importa que las propiedades estén fuera de la ruta canalera. Ningún afectado puede reclamar la decisión de Wang Jing y las tierras serán pagadas a precio de catastro, no de mercado; es decir, un monto sumamente inferior.
En eso coincide el estudio de la FIDH, titulado “Concesión del Canal Interoceánico en Nicaragua: Grave impacto en los derechos humanos” que considera que ese punto “representa un pago irrisorio respecto al valor real de las tierras y hará imposible el restablecimiento de las condiciones económicas de los afectados”.
Distintos representantes de HKND-Group y del gobierno de Ortega han tratado de rebajar la tensión de las protestas asegurando que las negociaciones “serán directamente” con los expropiados. “A los afectados se les pagará un precio justo, y quedarán en mejores condiciones económicas de la que están”, afirmó Telémaco Talavera, portavoz del proyecto canalero.
Sin embargo, la líder campesina Francisca Ramírez sostiene que no hay garantías para “creer esas palabras, porque la ley 840 es clara”.
Protesta y represión sostenida
La protesta sostenida de los campesinos ha causado acciones represivas por parte del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional y la militarización de las comunidades en rebelión, apuntó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), coautora del estudio de la FIDH.
“Esta militarización se ha hecho inclusive utilizando centros escolares como base de dichas fuerzas”, afirmó Núñez, quien recogió 131 testimonios de campesinos de 58 comunidades, que serán afectadas por la ruta canalera. “Incluso han utilizado supuestas brigadas médicas para ingresar a los territorios con un número desproporcionado de militares, generando temor e indignación de los comunitarios, que ven esas brigadas como instrumentos del gobierno para la obtención de información y de firmas de apoyo al gobierno”, explicó.
A Francisca Ramírez se le descompone el rostro cuando denuncia “la persecución que vive”. Su casa ha sido allanada sin orden judicial y ella ha sido detenida en varias ocasiones. “Hay una persecución diaria contra los campesinos. Ya perdimos el derecho a ser campesinos, perdimos el derecho a la salud, porque cuando vamos al Centro de Salud hay como treinta antimotines”, narró Ramírez.
La Policía Nacional y el gobierno del presidente Ortega guardan silencio sobre estas denuncias.
“Estamos frente a un robo gigantesco de nuestras tierras, una oleada de expropiación”, advirtió Ramírez, la productora de frijoles y queso que en las decenas de marchas ha portado unas pancartas que dicen: “¡Ortega vendepatria!”, “Aquí no queremos chinos”.
