Acción Ejecutiva

Sigue la espera del fallo del Supremo sobre la Acción Ejecutiva migratoria

Crece el nerviosismo en la comunidad inmigrante de EEUU por conocer el dictamen de DACA y DAPA que deciden el futuro inmediato de 5 millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.
15 Jun 2016 – 2:18 PM EDT

La Corte Suprema de Justicia cerró el jueves la cuarta ventana y prorrogó la espera del fallo sobre la Acción Migratoria del presidente Barack Obama.

Los 8 magistrados del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos (el 9º juez, Antonin Sacalia, falleció el 13 de febrero en Texas a causa de un infarto y el Senado no ha ratificado a su sucesor) aceptaron en enero revisar la Acción Ejecutiva tras un recurso interpuesto por el Departamento de Justicia.

“Si la Suprema Corte falla a favor de DAPA y DACA ampliado, nuestra comunidad está preparada para proteger esta Acción Ejecutiva con nuestro voto”, dijo a Univision Noticias Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU, por su sigla en inglés).

Entre otros beneficios, la Acción Ejecutiva incluye dos programas clave que fueron frenados temporalmente por una corte de Texas el 16 de febrero del año pasado:

  • DAPA: ampara de la deportación a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes; y,
  • DACA Ampliado: extiende la cobertura de la Acción Diferida de 2012 para los dreamers.

La Acción Ejecutiva fue demandada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) bajo el argumento que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos y que la medida viola la Constitución.
El juez Andre S. Hanen, que preside la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que detuvo la implementación de ambos programas mientras continúa revisando la demanda en su totalidad. En noviembre la Corte de Apelaciones del 5to Circuito ratificó el freno y el Departamento de Justicia acudió a la Corte Suprema para resolver la disputa legal.


“Plan” B en la mirilla

Con o sin fallo a favor, el SEIU no pierde de vista el denominado “Plan B” de la Acción Ejecutiva, que consiste en llevar al mayor número de electores hispanos a las urnas el 8 de noviembre, cuando los estadounidenses elijan al sucesor de Obama y un nuevo Congreso.

“Votaremos, nos manifestaremos y vamos a rendir cuentas con aquellos políticos que se interpusieron en nuestro camino y el de nuestras familias con sus planes antiinmigrantes, antilatinas y antifamilia”, dijo Sáenz. “Sera una victoria grandiosa (si el dictamen es a favor) pero sabemos que DAPA y DACA ampliado es temporal. Nuestra batalla no termina ahí. Si ganamos, tenemos que asegurar que los programas sean implementados, protegidos legalmente y políticamente”.

La comunidad inmigrante confía en que la Corte Suprema dictamine que la Acción Ejecutiva no viola la Constitución y será implementada antes de las elecciones de noviembre.

La Corte dejó en claro en enero, cuando aceptó revisar la medida por petición del gobierno, que quiere responder a cuatro preguntas legales clave, tres de ellas ya planteadas en la Corte Texas:

  1. ¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
  2. ¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
  3. ¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
  4. ¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014? La Corte Suprema de Justicia abre este lunes la tercera ventana en la que podría dar a conocer su veredicto final sobre la revisión de la Acción Ejecutiva migratoria que ampara 5 millones de deportaciones.

Reforma migratoria

La batalla que libra la comunidad inmigrante y los sindicatos, entre ellos la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y el SEIU, es la aprobación en el congreso de una reforma migratoria para dar solución permanente al problema de los 11.3 millones de indocumentados.

“Y con un camino a la ciudadanía”, dijo Sáenz, en referencia al plan S. 744 aprobado por el Senado el 27 de junio de 2013 y que fue frenado por la Cámara de Representantes (controlada por los republicanos).

La Casa Blanca han reiterado que si el Congreso reanuda el debate y aprueba una reforma migratoria amplia, la Acción Ejecutiva será retirada. Y asegura que el presidente actuó dentro de sus facultades constitucionales para detener temporalmente las deportaciones de algunos indocumentados.

Junto con la Acción Ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) publicó un memorando que incluye las prioridades de deportación:

  • Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
  • Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
  • Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
  • Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

Quién gana, quién pierde

Los posibles escenarios van desde un dictamen a favor de los 26 estados, que significaría la “muerte” inmediata de la Acción Ejecutiva, hasta un fallo a favor de Obama pasando por un empate 4 a 4 que obliga a regresar al dictamen de la corte inmediata inferior, es decir a la decisión del juez Hamen en Texas. Pero la pregunta que muchos se hacen es quién gana y quién pierde es esta disputa legal.

“Todos ganamos con un fallo a favor de estos programas migratorios: nuestra economía, nuestras comunidades, y claro, nuestra familia inmigrante y su familia estadounidense”, apunta Sáenz. “Los perdedores serán aquellos políticos que se manifestaron en contra de nuestra comunidad porque los votantes latinos e inmigrantes nunca olvidarán los insultos, el racismo y los ataques por parte de políticos republicanos como Trump”, agregó.

El pasado 26 de mayo el virtual nominado a la candidatura presidencial republicana dijo que en sus primeros 100 días como presidente deshará las acciones ejecutivas fronterizas emitidas por Obama, en alusión a los programas DACA Y DAPA.

"Voy a desarmar varias órdenes ejecutivas que tienen que ver con la frontera donde hay gente entrando que no debería estar aquí", dijo.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su sigla en inglés), anticipan que la comunidad latina responderá con votos las posturas antiinmigrantes del magnate, quien cuando anunció su campaña en junio del año pasado dijo de los mexicanos que eran “asesinos”, “violadores” y “narcotraficantes”.

“Vamos a rendir cuentas en las urnas este noviembre pero también en futuras elecciones al nivel local y estatal, porque nos vamos a asegurar que cada votante latino e inmigrante elijan a candidatos que defendieron a nuestra comunidad inmigrante y rechacen a los candidatos que se interponen en nuestro camino”, dijo Sáenz.


“Grito en el cielo”

El escenario inmediato en caso de un fallo favorable a Obama va más “allá de los indocumentados”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

“Si la Corte Suprema determina que la Acción Ejecutiva de Obama es legal, esto impactará a 5 millones de personas que han esperado por años una manera de poder legalizarse”, indica. “Desde que tuvimos el programa de Amnistía de 1986 (durante la Administración Reagan), nunca hemos tenido una reforma migratoria para que millones de personas salgan de la sombra y se incorporen legalmente a la fuerza laboral. Tampoco de manera temporal”.

“Si hay una fallo este jueves a favor de Obama, es seguro que el virtual candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump lo utilizará para su plataforma política y pondrá el grito en el cielo, y argumentará que la Corte Suprema se ha convertido en activista de los migrantes indocumentados”, analizó Velásquez.

Agregó que “una decisión a favor de la Acción Ejecutiva también iría en contra los panes de Trump de construir un muro en la frontera”.

“Ya hemos escuchado las criticas que ha hecho del juez Gonzalo Curiel, que lo odia porque, según él dijo, es latino y sabe que quiere cerrar la frontera con el muro. ¿Qué criticas lanzaría en contra de los magistrados de la Corte Suprema si falla a favor de la Acción Ejecutiva?”, se preguntó.

Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington, responde parte de la interrogante planteada por Velásquez: “No soy quién para decir quién gana y quién pierde entre los políticos, pero sí te puedo avisar que después del dictamen (a favor o en contra) va a seguir la incertidumbre para millones de indocumentados hasta después de la elección. Porque si Trump gana los comicios y se convierte en presidente, pierde cualquier esperanza de un camino a la estabilidad respecto a la inmigración”.

Sáenz apuntó que los ciudadanos registrados para vitar en noviembre “son gran parte de la solución” al problema de los indocumentados. “Deben alzar la voz para una reforma migratoria, votar por líderes que luchen por una reforma migratoria y crecer como un movimiento, unidos con todas comunidades que quieren fortalecer nuestro país con justicia económica, ambiental y racial”.

Tanto la Casa Blanca como el Comité Nacional Republicano (RNC, por su sigla en inglés) han dicho que no emitirán declaraciones hasta no conocer el fallo de la Corte Suprema sobre la Acción Ejecutiva.

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